22/5/10

Atenco: cuatro años de impunidad

Miguel Concha / La Jornada 22/05/2010

El 3 y el 4 de mayo de 2006 fuimos testigos de la brutalidad del gobierno en contra de la protesta social y los habitantes de San Salvador Atenco, una comunidad aguerrida y organizada, dedicada principalmente a la agricultura y el comercio. En 2001 el gobierno de Vicente Fox anunció con bombo y platillo la expropiación de cerca de 5 mil hectáreas de la zona para construir un nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Esta decisión fue tomada sin respetar el derecho a la consulta, incluido en el derecho a la información, de los habitantes de Atenco, quienes de inmediato expresaron su inconformidad. La resistencia tomó el nombre de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, liderado por Ignacio del Valle, entre otras personas, quienes lograron en 2002 la cancelación de esa iniciativa y la anulación del decreto de expropiación. Para los gobiernos del estado de México y el federal nunca resultó fácil olvidar este hecho. El año 2006, en el contexto de un programa de reubicación de comerciantes en Texcoco, elementos municipales y estatales impidieron en diversas ocasiones a floristas y otros comerciantes vender sus productos donde originalmente lo hacían. Ante esto, el 3 de mayo trataron de impedir el desalojo con el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Lo que sucedió los dos días posteriores es de sobra conocido. Policías municipales, estatales y federales reprimieron el movimiento haciendo uso excesivo de la fuerza, y sin respeto alguno a los derechos de las personas. El despliegue policiaco fue de cerca de 4 mil efectivos, número desproporcionado frente la cantidad de personas contra las que se dirigían, y tuvo como saldo dos personas muertas, 207 detenidas arbitrariamente –145 de ellas, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dentro de domicilios–, y 26 mujeres abusadas sexualmente. La respuesta del Estado fue violatoria de los derechos humanos, de esto no quepa ninguna duda. Las personas detenidas fueron privadas de su libertad sin que se cumplieran las normas mínimas del procedimiento ni se respetaran los principios de necesidad y proporcionalidad a los que están obligados los agentes estatales. Muchas de ellas fueron aprehendidas por el simple motivo de encontrarse en el lugar de los hechos; las policías allanaron los hogares sin contar con órdenes de cateo ni de aprehensión, y en el trayecto a los centros de detención, donde los jueces avalaban y maquillaban de legales todos esos delitos y violaciones graves a los derechos humanos, continuaron maltratando a la gente. Esto ha sido ampliamente documentado por organizaciones e instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro Pro, la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y ha sido objeto de recomendaciones en diversos espacios de Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La criminalización de la protesta social ha sido, pues, evidente, y a pesar de que la mayor parte de las víctimas de estas violaciones han recuperado su libertad, todavía 12 de ellas siguen presas en los penales de Molino de las Flores y el Altiplano (cárcel de máxima seguridad), con sentencias que van desde 31 hasta 112 años de prisión. Se les acusa de secuestro equiparado, un tipo penal diseñado para reprimir los movimientos sociales, y que más bien equipara la presión social a los casos famosos de secuestro que se muestran en los medios de comunicación. Algo absurdo si se compara con las penas que tuvieron Rafael Caro Quintero, Benjamín Arellano Félix o el mismo Chapo Guzmán (quien por cierto salió caminado y por la puerta grande), de las cuales la máxima fue de 40 años. Hemos sido también testigos del uso faccioso de la justicia, por el que se castiga en forma desmesurada a quien defiende sus derechos, y se deja en total impunidad a quienes se ha comprobado que los han violado, llevando a juicio únicamente a mandos medios o inferiores, sentenciados con penas que resultan ridículas. Además de que no deberían existir delitos como el secuestro equiparado, las pruebas en contra de los 12 presos de Atenco no son suficientes para acreditar su responsabilidad.

La forma en la que sucedieron los hechos y las deficiencias al integrar las averiguaciones previas debieron ser suficientes para que se dictara su libertad. Se ha comprobado que hay declaraciones de policías exactamente iguales entre sí, con las mismas faltas de ortografía y errores de tipografía. Que hay sentencias basadas en lo que se supuso que dijeron las personas, y una serie enorme de irregularidades que no fueron consideradas por los jueces en el estado de México. Ello orilló a las defensas de los presos de Atenco a pedir a la SCJN que por el interés y la trascendencia del caso fuera ella quien resolviera los juicios de amparo en contra de las sentencias condenatorias. La Corte conoce el asunto, pues realizó una investigación de los hechos, que a manera de dictamen presentó en febrero de 2009. En él concluye que se violaron derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad sexual, la no discriminación, la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal y el debido proceso, entre otros. En aquella ocasión se reclamó a la Corte que no señalara como responsables a altos mandos. Ahora está en sus manos resolver todas las injusticias que se han cometido.

Romper el cerco


Este video analiza los sucesos ocurridos en San Salvador Atenco durante los primeros días de Mayo de 2006, y denuncia las violaciones de Derechos Humanos de la población civil por parte de las fuerzas policíacas del Estado de México. El documental desmonta, asimismo, el modo de operar de los medios de comunicación masiva, responsables de crear un ambiente de miedo y de tender un cerco informativo en torno a los hechos que tuvieron lugar en el poblado, en el marco de una situación especialmente delicada: el proceso de sucesión presidencial en México del 2006.

La Otra Campaña en Telesur
Recuperamos un vídeo entrevista de Blanche Petrich al Delegado Zero, que tuvo tras la masacre de Atenco donde se analiza La Otra Campaña, la situación en México y en el mundo y muchas cosas más

Apoyo a Copala en París

Los de Abajo

Gloria Muñoz Ramírez / La Jornada 22/05/2010

La situación en San Juan Copala no puede ser más grave. Dos nuevos asesinatos dentro del municipio autónomo oaxaqueño se suman a las recientes agresiones sin que hasta ahora nadie consiga detener la ola de violencia en contra del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI). De muchas partes llega la indignación y la rabia, mientras los representantes de Copala confirman que la caravana humanitaria nacional e internacional, prevista para el próximo 8 de junio, no se suspende ni se posterga.

En París, Francia, anuncian para el 8 de junio un acto de solidaridad con la caravana, en una jornada de acciones que tiene la finalidad de acompañar a las personas que integren la brigada que se propone romper el cerco paramilitar en Oaxaca, asumiendo los riesgos que esto implica y anteponiendo el derecho a la solidaridad con un pueblo en resistencia. Se espera la participación de más de 400 personas en la nueva salida y la realización de actividades simultáneas en diversas partes del mundo.

En menos de un mes los grupos paramilitares han asesinado a cuatro personas y secuestrado a cinco mujeres y seis niños, aunque estos después hayan sido liberados; además de que se confirma que en estos momentos 70 familias sobreviven en condiciones infrahumanas, con francotiradores a su alrededor, sin alimento, agua y luz.

El terror impera en la región mixteca. ¿Qué más tiene que pasar para poner fin a la ola de violencia solapada desde arriba? Los asesinatos del luchador y líder moral de la comunidad, fundador del municipio autónomo, Timoteo Alejandro Ramírez, y de su esposa Cleriberta, al igual que el de Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, lejos de resolverse parecen ser sólo el inicio de una nueva escalada.

David Venegas, de la organización VOCAL, explicó en un video enviado a Roma, Italia, unos días antes de los dos asesinatos más recientes, que se vive una crisis humanitaria en una comunidad que ocupa toda su energía en la supervivencia cuando, en condiciones normales y sin cerco de por medio, la estaría usando en la construcción de su proceso autonómico. Es justo la osadía de rebelarse y organizarse la que los tiene desde hace seis meses literalmente bajo las balas.

El gobierno de Ulises Ruiz consiguió algo no esperado ni deseado por él: que San Juan Copala ahora pertenezca a todos y que los ojos del mundo de la resistencia estén puestos en esta comunidad serrana.

Las Abejas: denuncian avance de 2 Ciudades Rurales Sustentables en Los Altos

En el comunicado del 22 de mayo, lxs compañerxs de Las Abejas denuncian la falta de respeto de los gobiernos que “se meten y hacen lo que quieren con nuestras tierras y con nuestros recursos. Esto es lo que está pasando con las Ciudades Rurales de Juan Sabines que después de gastarse muchos millones en anunciarlas en todo el mundo ya las empezó a hacer aquí, una en el municipio vecino de Santiago del Pinar y otra aquí mismo en el municipio de San Pedro Chenalho. ¿Y creen ustedes que alguna vez nos consultó a ver si estábamos de acuerdo? Pues ni siquiera nos ha informado oficialmente. No nos ha preguntado si queremos dejar nuestras casas y nuestras tierras para que nos de otras que ellos han decidido. No han dialogado con nosotros para ver qué es bueno para nuestro municipio. Pero eso sí, después de gastarse los millones del pueblo para hacerse publicidad en todo el mundo ahora Juan Sabines se está gastando más millones invitando a Tuxtla artistas como Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y Reyli Barba “para promover las ciudades rurales”.

El plan del gobierno lo vemos muy claro. Quieren controlar a nuestras organizaciones para quedarse con nuestras tierras y hacer negocio con las transnacionales. Por eso es la contrainsurgencia contra las organizaciones independientes. La misma política contrainsurgente que se está dando en San Juan Copala donde siguen los crímenes y la impunidad que protege a Ulises Ruiz” o en Campeche, “donde el sábado 15 de mayo fue detenido por elementos de la PGR el compañero Octavio Solís Cortés del Movimiento de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica en Candelaria”

Ciudades Rurales en Chiapas: Despojo gubernamental contra el campesinado. (Boletín de Ciepac. Diciembre de 2008). (Primera Parte) // (Segunda Parte)

La nueva fase del Plan Puebla Panamá en Chiapas. (Japhy Wilson. Mayo 2008)

Se busca desactivar caracoles e impulsar ciudades sustentables rurales: experta. (Hermann Bellinghausen. Marzo 2010)

Fuente: Chiapas Indymedia

Quinto aniversario de Radio Plantón

Desde el viernes pasado se realizan los festejos por el 5to aniversario de Radio Plantón, que concluyen el día de mañana, domingo 23 de mayo con el recalentado. Desde aquí enviamos un saludo solidario a los compañeros y las compañeras de Radio Plantón, que siguen tomando la palabra desde la Sección XXII de la CNTE en Oaxaca.

Fundación del Partido Popular intentó derribar a Evo

· El periodista e investigador aleman Ingo Niebel confirma los datos

Jean-Guy Allard / Rebelión 22/05/2010

La Fundación Iberoamérica Europa (FIE), una sucursal del falangista Partido Popular español de Marano Rajoy que fue dirigida por Ana Botella, la esposa del ex presidente del Gobierno José María Aznar, financió en 2007 a golpe de millones un fracasado golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales.

Lo confirma el periodista e investigador alemán Ingo Niebel en un artículo publicado en la página web de la revista alemana GEHEIM (www.geheim-magazin.de), especializada en temas de inteligencia y subversión.

Niebel señala que la fiscalía boliviana está investigando a la FIE porque tiene indicios de que por esta vía unos mercenarios recibían unos 250.000 euros (300.000 dólares) para realizar el golpe de Estado y un atentado contra el mandatario.

En su estancia en Madrid para la Cumbre de la Unión Europea con América Latina, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha acusado al Partido Popular (PP) español de haber organizado en 2007 un golpe de Estado en su país que "felizmente" fracasó. El jefe de Estado boliviano hizo estas declaraciones durante los Desayunos Informativos de la agencia española Europa Press –cercana a la extrema derecha peninsular- el 18 de mayo de 2010.

El dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) basó sus acusaciones en informaciones publicadas por medios de comunicación que señalaron que el PP organizó el golpe de Estado a través de “una fundación española”. La propia Europa Press sugirió en su propia nota de prensa que la institución en cuestión “podría ser” la Fundación Iberoamérica Europa (FIE).

La revista alemana Geheim subraya que en su página web la FIE indica que mantiene relaciones con la Cámara de Comercio e Industria CAINCO de Santa Cruz, un fuerte de la oligarquía boliviana y centro de la resistencia antisocialista en Bolivia.

El presidente de la FIE es el ex diputado del PP Pablo Izquierdo, quien mantiene estrechos contactos con el PP y con el ex jefe de Gobierno español José María Aznar (1994-2006); la esposa de este último, la política madrileña Ana Botella presidió la FIE entre 1994 y 1999, precisa Ingo Niebel.

“Otros militantes del PP ocupaban altos cargos en la FIE”, indica el experto al precisar cómo “entre 1999 y 2008 la fundación recibió subvenciones públicas por el valor de 4,3 millones de euros; de esta suma unos 990.000 euros fueron destinados para su labor en Bolivia.”.

La “Prima Donna” del PP madrileño y parlamentaria de la Comunidad de Madrid, politiquera ultraderechista que lidera las campañas de difamación contra Cuba en España al lado del agente de la CIA y terrorista prófugo cubano Carlos Alberto Montaner, tenía que aparecer en el complot: “En noviembre de 2008 la FIE recibió otro millón de euros, esta vez por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por otra política del PP, Esperanza Aguirre”.

Fondos para los desfavorecidos, dijo El País

En septiembre de 2009 el diario español El País –otro elemento de la cadena derechista- informó de que 750.000 euros de dicha suma iban a parar a "el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de los sectores más desfavorecidos de Bolivia".

Otros 150.000 euros estaban destinados para "el fortalecimiento de las instituciones del sector empresarial, de líderes sociales y jóvenes periodistas en Venezuela".

“En el Estado español la FIE se dedica a atender en sus tres centros a inmigrantes originarios de América Latina y de Rumania. Para esa labor recibió otros 1,6 millones de euros”.

En su articulo de Geheim, Niebel subraya “que hace un lustro la oficina anticorrupción OLAF de UE estaba investigando la fundación. Actualmente el tribunal excepcional español, la Audiencia Nacional, ha abierto diligencia contra altos cargos del PP por el supuesto delito de corrupción”.

En 2002 el PP apoyó al golpista venezolano Pedro Carmona Estanga antes, durante y después de su acción ilegal contra el presidente legítimo Hugo Chávez.

Ingo Niebel es autor de numerosos estudios sobre actividades de inteligencia y de subversión estadounidense y europea en América Latina.

La conspiración de 2007 precedió a otra, ocurrida en abril del año pasado, cuando un comando de mercenarios de Europa del Este intentó asesinar a Evo Morales.

Las circunstancias de la muerte en Estados Unidos del espía de origen húngaro Istvan Belovai, que orientaba a los conspiradores, siguen misteriosas.

El ex oficial húngaro de inteligencia que sirvió de enlace entre el húngaro croata Eduardo Rózsa Flores, el jefe del grupo paramilitar encargado del magnicidio, y la inteligencia estadounidense, falleció el 6 de noviembre en Denver, Estados Unidos, donde radicaba desde su salida apresurada de su país en 1990.

El fallecimiento ocurrió justo cuando en Bolivia se revisaba minuciosamente el contenido de una de las computadoras laptops de Rózsa Flores. En una carpeta de archivos llamada Bel - Norte, los peritos bolivianos encontraron varios correos electrónicos que Rózsa Flores intercambió con el agente Belovai.

Llama la atención que entre los cabecillas del Consejo Supremo que dirigió la conspiración se encontraba el influyente empresario de Santa Cruz, Branko Marinkovic, croata de origen, quien se fugó de Bolivia al ser denunciado por la Fiscalía y encontró refugio en territorio de Estados Unidos.

Tras la desarticulación del comando, el gerente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CAINCO, Alejandro Melgar Pereira, cómplice del complot, huyó de inmediato de Bolivia a Estados Unidos.

También se comprobó que Rózsa Flores estuvo en contacto con UnoAmérica, organización fascista de América Latina encabezada por Alejandro Peña que luego apareció al lado de los golpistas hondureños.

El régimen de Tegucigalpa ha mantenido por otro lado relaciones privilegiadas con la ultraderecha española –y con connotados miembros de la mafia cubanoestadounidense, conocidos por su colaboración con la CIA y sus lazos con el PP español, entre otros Armando Valladares,

El Gobierno español ayudará a la dictadura de Honduras a esconder sus crímenes políticos

Gonzalo Sánchez / Tercera Información 22/05/2010

Zapatero anunció la ayuda de su gobierno a la Comisión de la Verdad impulsada por el golpista Pepe Lobo.

Mediante una información sumamente condescendiente con el dictador de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, Radio Televisión Española (RTVE) difundió esta semana el apoyo que el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, dará a la dictadura para investigar "los abusos" cometidos tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya.

La Comisión de la Verdad impulsada por el régimen autoritario de Pepe Lobo sólo integra a los sectores que participaron en el golpe y actualmente sostienen a la dictadura surgida de aquél. Las organizaciones de los Derechos Humanos hondureñas y la resistencia han denunciado la falta de credibilidad de esta comisión ya que está formada por los mismos que cometen los crímenes que investiga.

Tanto el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) han hecho responsable a Pepe Lobo no sólo de los asesinatos políticos cometidos desde que asumió ilegalmente el poder, sino que también lo han responsabilizado de la impunidad que rodea estos crímenes.

Por ahora han sido 19 los asesinados por los paramilitares con estrechos vínculos con la dictadura y fuerzas de seguridad de la misma. Entre los asesinados se encuestran periodistas, amas de casa, campesinos, obreros y profesores. Todos ellos antigolpistas y la inmensa mayoría militantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

El último asesinato político ha trascendido hace apenas unos minutos cuando el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha difundido que Olayo Hernández Soto, indígena de 37 años, dirigente del FNRP, marido y padre de 5 niños ha sido asesinado. Según las informaciones del COPINH "el compañero Olayo Hernández Sorto fue asesinado el día martes 18 de mayo a eso de las 6.00 PM de 3 disparos de pistola calibre 3.80, uno le impactó en el pecho, el otro en la rodilla y el otro en la espalda.- El cadáver del compañero Olayo mostraba además una herida de arma blanca en la cabeza probablemente de machete.- El cadáver del compañero Olayo Sorto fue encontrado en Los quebrachitos, es de hacer notar que el compañero Olayo Sorto habia sido acusado de ser de la resistencia y de tener armas, ya que su oficio era reparador de armas, oficio del que tenia el respectivo permiso no obstante, en el juzgado de paz del municipio de Colomoncagua se le había impuesto una multa de mil lempiras".

Además de estos asesinatos, sólo durante el liderazgo de Lobo se han cometido cientos de violaciones contra los derechos humanos, se ha despedido a miles de trabajadores por simpatizar o militar con el FNRP, las amenazas y los exilios están a la orden del día junto con las detenciones ilegales, los secuestros y las torturas.

Ayer uno de los máximos dirigentes del FNRP, Carlos H. Reyes, fue amezanado de muerte mediante una llamada a su móvil.

El Gobierno de España, más interesado en un Tratado de Libre Comercio (TLC) que permita a las empresas privadas europeas gestionar el sector público de Honduras, está intentando lavar la imagen de la dictadura invitando directamente a Lobo a participar en citas internacionales, calificándolo de presidente, entablando relaciones con Honduras a todos los niveles, y ahora apoyando la Comisión de la Verdad para separar la imagen del presidente Lobo de la de los golpistas.

Pepe Lobo es el líder del ultraderechista Partido Nacionalista (PN) de Honduras y desde esa posición apoyó la trama golpista en su eje principal: el Parlamento. Desde ahí Lobo dirigió a los diputados de su partido para que votasen a favor de aceptar la renuncia y firma falsas de Zelaya y de todo cuanto propuso Micheletti.

Ganador de unas elecciones fraudulentas organizadas por los golpistas en las que la abstención rozó el 70%, la corrupción, el nepotismo, las privatizaciones de las necesidades básicas de los hondureños como el agua y la educación, las violaciones a los Derechos Humanos y el recorte de derechos laborales han marcado su gestión.

Por ahora la Comisión de la Verdad está más preocupada en averigüar si Zelaya es el culpable de la situación por pretender una reelección presidencial imposible: el día en que se hubiera establecido la hipotética Asamblea Nacional Constituyente él llevaría varios meses siendo ex presidente. El día de la elección de la constituyente era el mismo día en que se escogería un nuevo presidente, y Zelaya ni podía ni quería presentarse ya que la constitución hondureña actual se lo prohibía y su partido ya tenía otro candidato -Elvin Santos que también apoyó el golpe-.

Justo durante esta semana cuando Zapatero expresó que "el gobierno de Porfirio Lobo intenta restablecer la normalidad institucional", este mismo gobierno ha cesado esta misma semana a los jueces que se han atrevido a señalar las violaciones a los derechos humanos que comete la dictadura encabezada por Porfirio Lobo Sosa. Según informa el FNRP, "fueron despedidos de sus cargos los jueces Ramón Barrios, Luis Chevez, Guillermo López y la magistrada Tirza Flores, que forman parte del Asociación de Jueces por la Democracia y quienes se han manifestaron en contra del golpe de Estado militar que instauró un régimen de facto instalado desde el 28 de junio hasta la fecha."

La noticia de RTVE, medio comunicativo público pero gestionado por la misma empresa privada que se encarga del marketing electoral del PSOE (Mediapro), maquilla los crímenes cometidos por Pepe Lobo siguiendo la línea del gobierno de Zapatero.

En la noticia de la cadena se puede leer que Lobo "ha insistido, una vez más, en que el ex presidente -actualmente en Santo Domingo- puede "volver cuando quiera" a Honduras, aunque debe ser consciente de que "la inmunidad en nuestro país no existe" para nadie.

Queriendo presentar a Lobo como un "pacificador" entre Zelaya y quienes le dieron el golpe, una vez más intentando separar a Lobo de los golpistas, a RTVE se le olvida decir que bajo el amparo del actual dictador hondureño, los militares que dieron el golpe de Estado y han reprimido brutalmente a la población favorable a Zelaya han sido amnistiados.

Además Lobo se descubre como un golpista haciendo suyo uno de los argumentos más característicos de Micheletti, el "juicio a Zelaya". Lobo apunta que no existe inmunidad para nadie (que no sea golpista) con lo que da a entender que Zelaya al volver será detenido, juzgado y probablemente encarcelado. El crimen de Zelaya fue darle una oportunidad al pueblo para que se expresase.

El líder "socialista liberal" reside actualmente en la República Dominicana y pretende volver cuanto antes a Honduras para continuar su lucha por la democracia hondureña. A este respecto hace unas horas Andrés Pavón, presidente del CODEH ha denunciado que sectores oligárquicos de la dictadura han elaborado un plan para asesinar a Zelaya apenas regrese a Honduras.

Fuente: Tercera Información

Sí, Facebook vende la información personal de sus usuarios


Una sumarísima investigación de The Wall Street Journal determina que las principales redes sociales han compartido información sobre comportamiento y gustos de los usuarios con los anunciantes.

Uno de los mayores temores de los usuarios de redes sociales, especialmente teniendo en cuenta la elevada información que publican y el elevado grado de privacidad que desearían, es que las compañías detrás de las plataformas comercien con esos datos.

Que las empresas sepan el nombre, los gustos, el mail y en qué hace click el usuario es algo que los internautas no quieren que ocurra pero que una sumarísima investigación de The Wall Street Journal ha demostrado que ya pasa.

Facebook, MySpace y otras redes sociales han estado comercializando esta información, según la información del diario. Según sus conclusiones, el anunciante estaba recibiendo información que permitía que los anunciantes pusiesen nombre y apellidos a su audiencia.

En el caso de Facebook, las investigaciones de The Wall Street Journal demostraron que la compañía iba incluso más allá que sus competidoras: el anunciante no sólo sabía quien hacía click en qué anuncio sino también qué pagina estaba viendo en el momento del click.

LiveJournal, Hi5, Xanga, Digg y Twitter también se han visto salpicadas por las conclusiones de la investigación.Por lo que respecta a los compradores, dos grandes nombres de la industria: DoubleClick de Google y Right Media de Yahoo!

Tras las primeras preguntas del económico, tanto Facebook como MySpace hicieron cambios en el código de sus páginas.

http://www.siliconnews.es/es/news/2010/05/21/si-facebook-vende-informacion-personal



Información relacionada:
Facebook=CIA+McDonalds
Facebook ¿es de la CIA? (Las 25 noticias más censuradas en los medios de comunicación)


Noticia relacionada:
He cometido "montón de errores", admite fundador de Facebook

AFP / La Jornada 23/05/2010

· Mi esperanza es que nuestro servicio será mejor y que las personas comprenderán que tenemos buenas intenciones, dijo Mark Zuckerberg, sobre las deficiencias de confidencialidad.

Nueva York.
El fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, admitió este domingo haber cometido "un montón de errores", en momentos en que su sitio en Internet se prepara para modificar las opciones de confidencialidad de sus usuarios.

"Sé que hemos cometido un montón de errores, pero mi esperanza después de todo esto es que nuestro servicio será mejor y que las personas comprenderán que tenemos buenas intenciones y que reaccionamos ante las manifestaciones de la gente para la que trabajamos", escribió Zuckerberg, de 26 años, en un correo electrónico dirigido a un influyente bloguero de Silicon Valley, Robert Scoble, que dijo haberlo publicado previa aprobación.

Facebook anunció el sábado pasado cambios que propondrán nuevas opciones de confidencialidad "más simples y fáciles de utilizar".

Boletín de la CCIODH. Alerta ante la grave escalada de violencia en la región Triqui.


Alerta ante la grave escalada de violencia en la región Triqui.

Los gobiernos federal y estatal responsables del cerco al que se ve sometido San Juan Copala por paramilitares de la UBISORT.

La escalada de la violencia y la impunidad reinante en la zona triqui de Oaxaca, evidenciada hasta el extremo con el cerco paramilitar que sufre el municipio autónomo de San Juan Copala ha desembocado en dos nuevos homicidios.

El cerco paramilitar, que la organización Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) -vinculada al PRI- mantiene desde el mes de noviembre al Múnicipio Autónomo de San Juan Copala, impide su normal abastecimiento y la libre circulación de las personas como fue el caso de la retención y el secuestro de mujeres y niños que el pasado 15 de mayo habían salido para comprar alimentos.

El pasado 20 de mayo se produjeron los homicidios de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro Aguilar, ambos por disparos de bala en la cabeza tras ser atacados en su propia casa, en la comunidad triqui de Yosoyuxi. Ramírez era dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui – Independiente (MULT-I) y líder moral del municipio autónomo. Las autoridades autónomas, responsabilizan al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y al gobierno de Oaxaca de estos dos homicidios.

A estos últimos homicidios, le precede un mes antes la emboscada realizada contra la caravana humanitaria de observación y solidaridad con el municipio autónomo, en la que también resultaron muertos Beatriz Alberta Cariño Trujillo, activista y defensora de Derechos Humanos y Jyry Antero Jaakkola, ciudadano finlandés que formaba parte de la caravana, varias personas más fueron heridas y otras cuatro tuvieron que permanecer escondidas durante dos días.

La responsabilidad del ataque a la caravana se ha atribuido finalmente a la organización UBISORT, después que el dirigente Rufino Juárez Hernández anunciara días antes que impedirían a toda costa el paso de la misma. Esta amenaza pública en relación a este ataque evidencia la responsabilidad del gobierno de Oaxaca y ponen totalmente en cuestión las declaraciones del mismo en el sentido que desconocían la realización de la caravana. A esto se añade, y es totalmente inaceptable, que ante la gravedad de los delitos ocurridos, la única investigación que anunciara el gobernador Ulises Ruíz fuera respecto a la calidad migratoria de las personas extranjeras que participaron en la caravana.

Como respuesta a estos hechos y a la situación de sitio del municipio de San Juan Copala, la convocatoria de una nueva caravana por parte de sus autoridades, el próximo 8 de junio, es legítima y debería poder realizarse con normalidad para garantizar el suministro de alimentos, medicinas y educación a la comunidad sitiada, así como para apoyar el derecho de autogobierno por parte del pueblo triqui de Copala, constituído en municipio autónomo desde enero del año 2007.

Las graves amenazas lanzadas por miembros de la UBISORT contra la nueva caravana del 8 de junio, declarando que “están exponiendo sus vidas” obliga a los gobiernos estatal y federal a garantizar la integridad física de los integrantes de la misma. De lo contrario quedará manifiesta su responsabilidad en las posibles agresiones y ataques que puedan darse.

La sociedad civil nacional e internacional ha expresado su indignación denunciando las agresiones y exigiendo justicia contra los responsables del asedio, del ataque a la caravana y de los últimos homicidios.

Por su parte, la Unión Europea (UE) envió al gobierno mexicano una protesta ante la emboscada a la caravana. Diferentes relatores de Naciones Unidas han manifestado su repudio ante lo que consideran ejecuciones extrajudiciales, y graves atentados contra la libertad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

Más allá de declaraciones públicas, el Parlamento Europeo está obligado a hacer cumplir la aplicación de la Cláusula Democrática que supedita al respeto a los Derechos Humanos los acuerdos del Tratado Preferencial de Comercio que suscribió con México en diciembre de 1997, semanas antes de la masacre de Acteal.

A su vez, la presidenta de Finlandia demandó a Felipe Calderón una investigación rápida y concluyente sobre el asesinato del ciudadano finlandés, ante lo cual el Presidente le respondió públicamente que la justicia mexicana castigaría a los autores del asesinato.

Pese a las palabras del presidente Calderón, hasta el día de hoy la reacción gubernamental en México ha sido la total ausencia de voluntad para investigar los hechos y castigar estos crímenes con apego a la ley. La representante de México ante la UE, por su parte, calificó los hechos de “accidente”, argumentando conflictos intercomunitarios.

El conflicto en esta región es de largo recorrido, la CCIODH en sus dos últimas visitas, en 2006 -2007 y 2008, elaboró informes de denuncia sobre la situación en Oaxaca y en particular constató y documentó vulneraciones de los derechos humanos en la región triqui y concretamente en San Juan Copala.

Ante esta nueva escalada la CCIODH manifiesta que:

La escalada de la violencia en contra de las expresiones sociales legítimas de defensa de derechos colectivos puede aumentar en el contexto actual de elecciones y en términos de rentabilidad partidista.

Se confirma nuevamente, la repetición reiterada de un patrón de conducta por parte de las autoridades mexicanas en diferentes escenarios y situaciones: oficialmente “no hay paramilitares, las agresiones y los asesinatos obedecen a conflictos intracomunitarios y el estado sólo interviene para garantizar la paz y el orden social”. Sin embargo, estas afirmaciones oficiales se ven contrastadas por la realidad. Basta recordar como paradigmático el caso de, por lo menos, 26 muertes violentas en el año 2006 en el conflicto de Oaxaca que esta Comisión denunció, cuyos responsables materiales e intelectuales nunca han sido investigados ni mucho menos juzgados.

La impunidad manifiesta en este y tantos otros casos, hace que se permita y potencie la actividad paramilitar como forma de división, agresión y contención de las causas justas y legítimas de las organizaciones sociales y comunidades indígenas. Así lo hemos documentado y lamentablemente se ve ratificado en la situación actual, pues no hay indicios que demuestren lo contrario.

Existe una enorme desconfianza hacia la justicia mexicana y a las instituciones del estado como garantes de las libertades individuales y colectivas. Está en cuestión que las autoridades mexicanas investiguen estos homicidios conforme a derecho. En caso de que no haya garantías, se debe acudir a los mecanismos de justicia internacionales, en especial la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La solución duradera del conflicto pasa por un diálogo entre las organizaciones sin la intervención de los poderes públicos, y sin que esto excluya el juicio y castigo a los responsables de los graves delitos cometidos.

En esta situación de impunidad, la confianza sólo puede depositarse en la sociedad civil cuya movilización interpela y exige que se haga justicia. Es el caso de la caravana humanitaria de observación y solidaridad con el municipio autónomo, que ante la gravedad de los hechos y a pesar del riesgo que supone y poniendo en juego la propia vida de los participantes, se moviliza y denuncia la injusta situación que padecen los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala.

Ante los hechos señalados, la CCIODH manifiesta su preocupación y se compromete a seguir de cerca la evolución de los acontecimientos, y hace un llamado a la sociedad civil a estar vigilante para responder ante posibles nuevas agresiones, así como a sumar esfuerzos que permitan una solución justa y duradera al conflicto en la región triqui.


Barcelona, a 22 de mayo de 2010

Contacto en: Tel.: 34-93-442 21 01
Fax.: 34-93-3290858
e-mail: cciodh at pangea.org
Página web: http://cciodh.pangea.org

21/5/10

La rebelión estudiantil de Puerto Rico

Ángel Guerra Cabrera / La Jornada

La huelga general en la Universidad de Puerto Rico culmina su séptima semana y es ya el enfrentamiento más prolongado y agudo de un sector de la sociedad puertorriqueña con la impopular administración del gobernador Luis Fortuño. Este ha ofendido y menospreciado a una casa de estudios cuyos 11 planteles se esparcen por toda la geografía isleña, con fuertes lazos en la sociedad y la familia, enraizada en el imaginario colectivo como depositaria del acervo de la nación: la preservación y enriquecimiento de la cultura nacional y del ideal independentista; el debate democrático de ideas y el ejercicio del pensamiento crítico, el impulso a la investigación científica, y la defensa de la educación pública y gratuita, médula de la actual lucha estudiantil.

La huelga universitaria se inserta en la resistencia del pueblo puertorriqueño contra las draconianas medidas neoliberales de Fortuño, pero se destaca por la vibrante solidaridad nacional e internacional que ha concitado, en primer lugar porque defiende una causa noble y justa, pero también por su creatividad política, madurez, discurso renovador y novedosos métodos de comunicación dentro del movimiento estudiantil y de éste con la sociedad, entre los cuales Radio Huelga, que con mínimos recursos y mucho ingenio se ha implantado como vocera oficial de los huelguistas.

Las medidas de Fortuño han implicado privar al presupuesto de parte importante de los fondos destinados a la educación, la salud, la cultura y la asistencia social en lo que constituye una abdicación de la función del Estado como garante de estos servicios. Como consecuencia el gobernador ha echado a la calle a más de 15 mil empleados públicos y congelado los salarios del sector. Pero su proyecto estrella son las llamadas alianzas público-privadas, que no son más que una forma enmascarada de privatizar muchas actividades del Estado.

Cuando anunció las medidas, Fortuño dijo que la Universidad no estaba incluida pero meses más tarde se fue contra la casa de estudios aduciendo lo costoso que resultaba para el presupuesto el privilegio de estudiar, lo que provocó la indignación de los estudiantes. La realidad es que sucesivos gobiernos neoliberales han desfondado deliberadamente a la Universidad de Puerto Rico con el objetivo de privatizarla. La han privado de ingresos sobre los nuevos impuestos basándose en una ley mañosa y la han endeudado en cientos de millones de dólares a través de la construcción de obras fastuosas, que con frecuencia han terminado en manos privadas. Ya en 2005 los estudiantes se fueron a la huelga contra este estado de cosas y en el gobierno de Fortuño han denunciado la grave situación en que se está colocando a la casa de estudios y presentando propuestas para solucionarla sin que las autoridades de la institución se hayan dado por enteradas. Así estaban las cosas cuando el presidente de la universidad anuncia públicamente que habrá una reducción de 100 millones de dólares en el presupuesto para 2011, la eliminación de las exenciones de matrícula y un aumento de ésta. Fue la gota que colmó la copa y llevó a la convocatoria de un paro estudiantil de 48 horas por una asamblea general, que desembocó finalmente en la huelga general indefinida ante la cerrazón de las autoridades para escuchar las propuestas de los estudiantes.

Durante este proceso ha contrastado la voluntad negociadora de los alumnos con el ánimo represivo e intransigente del gobernador y las autoridades universitarias. La policía puso bajo sitio a varios recintos impidiendo la entrada de agua y alimentos a los estudiantes en resistencia. Esto hizo que a la gran simpatía por el movimiento se sumara la indignación y que la coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico, los principales sindicatos y organizaciones populares y la comunidad artística convocaran a un día de paro en solidaridad con los estudiantes que presenció a decenas de miles de personas manifestarse ante los muros de Río Piedras mientras un juez con decencia ordenaba a la policía facilitar el acceso de suministros.

Los estudiantes se niegan a levantar la huelga hasta lograr un compromiso de la otra parte que asegure la exención de matrícula y la no privatización de las instalaciones y seguramente continuarán recibiendo la creciente solidaridad de la intelectualidad isleña, latinoamericana y de todos los que abogan en el mundo por el derecho a la educación pública, gratuita y universal de calidad. Una lucha admirable.

La desaparición

Luis Javier Garrido / La Jornada 21/05/2010

La desaparición de Diego Fernández de Cevallos, personaje fundamental en la estructura del poder en México, constituye un crimen político por mucho que el gobierno calderonista y los medios oficialistas se hayan empeñado desde un principio en minimizarla y calificarla de delito del orden común.

1. El levantamiento del abogado panista Diego Fernández de Cevallos al llegar la noche del viernes 14 a su rancho La Cabaña, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, que ha hundido en el azoro y el miedo a la clase política mexicana, es el crimen político más importante cometido en el país desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial priísta en 1994, y de tener un trágico desenlace, como todo hace suponerlo, habrá trastocado por completo la mecánica del poder que se instauró en el final del siglo en función de la alternancia de 2000.

2. Todo atentado contra un hombre político es siempre por definición un crimen político, y lo es en particular cuando el objetivo alcanzado es, como en este caso, político. Fernández de Cevallos había sido desde 1988 hasta la fecha pieza clave en la mecánica del poder en México, al menos en dos ámbitos. Como el principal negociador del Partido Acción Nacional con Carlos Salinas de Gortari y la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, fue a partir de esa fecha un artífice de la alianza tricolor-blanquiazul que desde entonces ha gobernado México, convirtiéndose en un elemento fundamental en la resolución de los conflictos entre el PRI de Salinas y el gobierno panista de Calderón.

3. El perfil oscuro de Diego como hombre de todas las confianzas de Salinas y su cómplice desde las múltiples concertacesiones de los años 90 del siglo anterior hasta el fraude electoral de 2006 y la entrega del poder político a la ultraderecha, o como abogado de turbios y multimillonarios negocios en los que aprovechó su poder político y que lo hicieron aparecer como el prototipo del panista traficante de influencias, mucho más hábil que los calderonistas, suscitó las más variadas especulaciones tras su desaparición. Las hipótesis que se han vertido desde el sábado 15 han sido empero más un reflejo de los temores de la clase política que un análisis de la realidad, y así se ha hablado desde un vulgar secuestro para extorsionar a la familia, una venganza por motivos judiciales, un crimen pasional, un acto justiciero de un comando popular o incluso una autodesaparición hasta un crimen vinculado al narcotráfico, olvidándose en esta última presunción que en un país como México, donde el narco ha penetrado en las instancias financieras, políticas, judiciales y de seguridad del Estado, todo crimen tiene una vinculación con el problema. Curiosamente, casi nadie quiso abordar la más evidente de las hipótesis: la política, vinculada a la sorda lucha de las diversas facciones de la ultraderecha mexicana en el PAN en vistas a 2012.

4. Diego Fernández de Cevallos fue durante muchos años un enemigo abierto de Felipe Calderón y era en la actualidad su principal opositor dentro del PAN, aunque en noviembre de 2008, tras la muerte de Juan Camilo Mouriño, con el fin de no ahondar más las divergencias en el panismo y tratar de darle cierta cohesión a su gobierno, Calderón tuvo que aceptar la designación que hizo el salinismo de dos amigos de Diego: los abogados Fernando Gómez Mont en Gobernación y Arturo Chávez en la Procuraduría General de la República (PGR), lo que fortaleció el poder del barbón en el gabinete, que ya era significativo, sin que por ello menguaran las diferencias entre ambos, las que se fueron haciendo irreconciliables al acercarse la sucesión presidencial, pues mientras Calderón se fue empecinando, con el apoyo de grupos de interés de Estados Unidos y de España, en que en 2012 el presidente de la República volviese a ser un panista, Diego y sus amigos reivindicaron el derecho del PRI a imponer a su candidato.

5. La desaparición de Diego es por consiguiente un duro golpe político para Carlos Salinas de Gortari, para el sector negociador del PRI y para aquellos priístas que buscan sacar adelante con el consenso de un sector del panismo la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Beneficia, por el contrario, a Calderón y a sus amigos, al yunquismo calderonista y a las trasnacionales españolas y estadunidenses asociadas con este grupo, que aún esperan importantes contratos en materia de energía. No en balde este sector ya se está despachando con la cuchara grande en la nueva integración del Consejo Nacional del PAN que se definirá en unos días, y que es determinante para la selección del candidato presidencial blanquiazul el próximo año.

6. La desaparición de Diego se presenta en consecuencia como la expresión de la grave crisis por la que atraviesa la cúpula gobernante o, para decirlo con palabras más precisas, como un arreglo de cuentas dentro de la mafia en el poder en México, que con este hecho muestra a los mexicanos que no sólo ha llevado al país a un baño de sangre, sino que no halla otro medio que el de la violencia para resolver sus diferendos.

7. La orden del gobierno de limitar la información oficial sobre el caso y de pedir a los medios que lo minimizaran, que en el caso de Televisa llegó al grado de anunciar que no informaría en lo absoluto, se revirtió, como era de suponerse, contra el gobierno y no logró más que exacerbar el interés popular por el crimen y en crear un clima de mayor desasosiego social y de especulaciones. ¿Por qué en la comisión de un delito de secuestro a mano armada la PGR pretendió no estar investigando?

8. La reacción oficial ante lo acontecido ha terminado por crear la imagen de que el gobierno conoce bien lo que aconteció. La insistencia de Felipe Calderón durante su viaje en establecer a miles de kilómetros de los hechos, cuando no está más que informado de trasmano, pero haciéndose pasar por Philo Vance, que la desaparición de Diego “no fue un narcomensaje ni un secuestro”, tratando de exonerar al mismo tiempo a los cárteles y al crimen organizado, como lo reiteró ante los micrófonos de la CNN el miércoles 19, sólo deja abierta una explicación de la desaparición de Fernández de Cevallos: la de la ejecución.

9. El viaje de Calderón a España y a Estados Unidos estuvo en todo caso marcado siempre por la desaparición de Diego, la que a pesar del gobierno incidió en el clima de desconfianza que hay en el exterior sobre México. A casi nadie le importó aquí el homenaje que recibió Calderón en Madrid de Ibedrola y otras trasnacionales hispanas el día 17 por su ofrecimiento de seguirles dando contratos en materia de energía, a pesar de la prohibición constitucional, o los resultados de su patético viaje a Estados Unidos, donde fue recibido por la Radio Pública Nacional con la acusación de que favorece al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán y con la confirmación que hizo en la Casa Blanca el presidente Barack Obama de que sólo vigilará que la nueva ley Arizona no viole al aplicarse los derechos de los trabajadores, porque él no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para proponer una nueva legislación migratoria.

10. La desaparición –y posible ejecución– de Diego Fernández de Cevallos está abriendo en todo caso ya desde ahora reacomodos de los grandes intereses económicos y financieros que impactan a una clase política marcada por la corrupción y la violencia, y que no auguran nada bueno para el pueblo de México.

Información relacionada:

A Diego le quitaron su chip de localización, según pesquisas

Indigenas Cucapás detenidos el viernes 21 de mayo por el Ejercito

Saludos:

Primero que nada permítanme manifestar un caluroso saludo a tod@s y cada uno de ustedes. El motivo de este correo es para poner de manifiesto un hecho que sucedió el día Miércoles 19. Es por todos sabido el problema con el que se enfrentan nuestros herman@s Cucapá con la pesca. El día Miércoles 19 de Mayo a las 9am fueron detenidos dos pescadores indígenas Cucapá en la zona del Golfo de Santa Clara por prepotentes e inhumanos miembros del ejército mexicano, como es costumbre el uso de abuso de autoridad se hizo presente ante la detención de nuestros dos herman@s Cucapá sometiéndolos a las altas temperaturas tirados en el suelo en donde la arena es altamente salada y esto provoco quemaduras en algunas partes del cuerpo de cada detenido, el maltrato duro hasta la llegada de los miembros de la PROFEPA. Posteriormente los compañer@s fueron trasladados a San Felipe hasta y después llevados a Mexicali. La tortura sicológica durante todo el trayecto fue constante. Actualmente nuestros herman@s se encuentran en el CERESO-Mexicali. Hasta el día de hoy Viernes 21 de mayo del 2010 se encuentran en calidad de detenidos y a las 9am se llevara a cabo una audiencia, se estima que se les dictara entre 3 y 9 años de cárcel a cada uno de nuestros herman@s.

De lo anterior, demandamos la ola de represión que viene aconteciendo en toda la república, no permitiremos los constantes atropellos a los derechos humanos inalienables a ningún régimen, los compañer@s indígenas Cucapá tienen su derecho milenario a la pesca tomando en cuenta que es la fuente de ingresos más importante de las comunidades Cucapá, los compañer@s de ninguna manera están solos, estamos codo a codo con ellos, hoy más que nunca manifestar nuestra solidaridad en esta lucha

El día Viernes 21 de Mayo se establecerá un plantón con tiempo indefinido en las instalaciones del Centro Cívico de Mexicali en donde esperamos se estén sumando las muestras de apoyo y de solidaridad ante este hecho. Hacemos una invitación a todos aquell@s simpatizantes de esta lucha y no simpatizantes a sumarse de distintas maneras a este plantón. Debemos mandar un mensaje directo y sin escalas al gobierno represor, despótico e incompetente que si tocan a un@ tocan a tod@s.

Por último, los invito a recordar que Hegel mencionaba que las profundas necesidades constantemente se expresan a través de los accidentes. Este hecho pone nuevamente de manifiesto las condiciones tan agudas en las que se encuentra el ambiente en nuestro país, condiciones tan crispadas e intensamente polarizadas.


!!Exigimos la libertad a nuestros herman@s indígenas Cucapá!!

!!Exigimos respeto a la pesca de nuestros herman@s Cucapá!!

!!Basta de represión y autoritarismo! !

!!Si tocan a uno, tocan a todos!!

Gobierno de Colombia reprime indígenas del Cauca

La administración de Álvaro Uribe encarcela a uno de los líderes de la comunidad indígena nasa por el supuesto secuestro de un militar cometido en 2008; desde entonces, el gobierno colombiano busca culpar a los indígenas de aliarse con la guerrilla, señala la defensa. El pueblo originario que habita en el Cauca lucha por la preservación de sus tierras y el trabajo comunitario

Constanza Vieira / IPS

Bogotá, Colombia. Feliciano Valencia tiene rango de ministro para el pueblo indígena nasa, que habita el norte del departamento colombiano del Cauca. Fue detenido a fines de abril de 2010 y dejado en libertad condicional.

“Está visto que no se quiere respetar la Jurisdicción Especial Indígena”, consideró el abogado Jorge Triviño, asesor jurídico de los indígenas nasas. Valencia es consejero (ministro) de paz de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), en el suroeste del país, o, en lengua nasa, cxab wala kiwe (territorio del gran pueblo).

Él goza de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que otros líderes indígenas del Cauca, como Aída Quilcué y Daniel Piñacué.

Los tres son portavoces de la Minga (trabajo colectivo para el bien común) Social y Comunitaria, una movilización que lideran los indígenas para plantear exigencias al gobierno.

Pero se les acusa de “secuestro” y “lesiones personales”, al igual que a dos miembros de la Guardia Indígena, cuerpo de vigilancia comunitaria cuyos integrantes van armados sólo con bastones de mando orlados de cintas de colores.

Las acusaciones se refieren a la detención que la Guardia Indígena efectuó el 16 de octubre de 2008 al cabo del ejército Jairo Danilo Chaparral.

La Minga, realizada a mediados de abril en el norte del Cauca, tomó la Carretera Panamericana. El gobierno ordenó “despejar” esa vía y la policía antimotines disparó contra los comuneros.

El presidente derechista Álvaro Uribe acusó a la Minga de estar infiltrada por la guerrilla –que actúa en este país desde 1964– y el director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, señaló que en los enfrentamientos con sus hombres, los indígenas, estaban usando armas “no convencionales”.

Los jóvenes nasas, cámara en mano, grabaron los ataques de la policía antimotines. Esas filmaciones llegaron a la televisión internacional, que mostró a la fuerza pública disparando contra los manifestantes. Entonces, Uribe decidió trasladarse a territorio indígena a dialogar.

El saldo de esa refriega fue de tres indígenas muertos y 35 heridos. El cabo Chaparral, de ascendencia indígena y cuya madre habita en la zona, se infiltró en la Minga vestido de civil. En su mochila le encontraron un uniforme camuflado, varios celulares y manuales sobre manejo de armas y elaboración de explosivos.

El militar, según su madre, le contó que estos elementos debían ser “encontrados” por la policía, con el fin de implicar a la Minga con prácticas terroristas y con la guerrilla izquierdista.

El plan habría sido fraguado por la Dirección de Inteligencia del Batallón de Contraguerrilla número 15 “Libertadores”, donde el suboficial cumplía labores, según un comunicado enviado a IPS por más de una decena de organizaciones civiles, incluidas la ACIN y la propia Minga.

La Constitución de Colombia reconoce que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus usos y costumbres”.

Capturado el cabo Chaparral, el tribunal indígena que lo juzgó fue asistido por chamanes, de acuerdo con la tradición. El “remedio” (condena) para el militar consistió en nueve latigazos y el “refrescamiento”, bañar su cabeza y hombros con agua sagrada.

La comunidad se tranquilizó, pues percibió que se hizo justicia. Pero, incentivado por sus mandos, el cabo Chaparral abrió una demanda penal.

“¿Qué hay detrás? Sin duda, un ataque a la Jurisdicción Especial Indígena”, señaló el abogado Triviño, apoderado de ACIN. El problema, agregó, es que no ha sido expedida “la ley de coordinación entre las dos jurisdicciones”, la ordinaria y la indígena.

Aunque existen fallos de tutela de la Corte Constitucional, que “son orientadores, que nos han dado respiro, nos han favorecido, los jueces los interpretan a su acomodo”, señaló, y no suelen tener “formación en antropología jurídica”.

Instancias de menor rango que la Corte Constitucional, como el Consejo Superior de la Judicatura, definieron que la justicia indígena se aplica dependiendo del delito. También, que quien comete un delito dentro del territorio aborigen debe reconocerse a sí mismo como indígena.

El conflicto se relaciona “con el no respeto de las competencias, que ya fueron claramente delimitadas por la Corte Constitucional”, comentó a IPS Freddy Páez, del Colectivo Fuerza Común, integrado por profesionales, jóvenes y estudiantes, y vinculado a la Minga.

Páez, cuyo Colectivo también hace parte de la no gubernamental Alianza Ciudadana por la Democracia, en defensa de la Constitución de 1991 que reconoció la jurisdicción indígena, ve en la detención de Valencia “un problema político. Los pueblos indígenas vienen luchando hace mucho tiempo por sus derechos, en particular por la tierra de la cual están siendo despojados”, dijo.

De las confrontaciones con el Poder Ejecutivo, “el que salió derrotado fue el gobierno de Uribe, después de que hizo señalamientos abiertos de que la Minga estaba estrechamente vinculada con lo que ellos llaman ‘el grupo terrorista de la guerrilla’”, agregó.

“Lo que se pretendía hacer con la infiltración de este muchacho indígena vinculado al ejército era tratar de dejar una evidencia para vincular directamente a la movilización con el grupo guerrillero. La Minga interpreta que es una retaliación de parte del poder que está detrás de las instituciones, ante la amplia defensa que ha hecho del territorio”, expresó.

La Minga en cinco puntos

La Minga mantiene Los cinco puntos que motivaron su surgimiento en 2008:

  • No a las leyes del despojo.
  • No más guerra.
  • No a los tratados de libre comercio.
  • Cumplimiento de acuerdos y convenios suscritos hace años.
  • Creación de mecanismos de convivencia.
  1. Colombia: guardias blancas buscan desplazar indígenas
  2. Colombia: gobierno cuestionado por discriminación racial
  3. Colombia: justicia 21 años después
  4. Colombia: los awás en medio del fuego cruzado
  5. Bolivia: autonomías indígenas en camino

La historia detrás de Copala

LYDIETTE CARRION. PERIODISTA / Chiapas Indymedia

Las historias que llamo “del subsuelo” por lo general no sólo tienen diversas lecturas, sino distintos niveles de profundidad. En la mayoría de los casos (en particular las que se refieren a organizaciones sociales), tienen momentos emblemáticos que pasan desapercibidos en la información pública.

Este es el caso de la emboscada de San Juan Copala, población que el Movimiento Unificado por la Lucha Triqui Independiente declaró como municipio independiente, durante la efervescencia de las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Creo que el momento que se está perdiendo de vista es la alianza que el MULTI realizó por casi tres años, con la Ubisort.

Para entender Copala, explican algunos testigos privilegiados de los hechos, es necesario remontarse no sólo a la creación de la organización que ha sido acusada de paramilitar Ubisort (Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui), sino a la formación del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la posterior escisión del MULTI (Movimiento de Unificación y Lucha Independiente).

El MULTI es una escisión del MULT, la cual se dio dentro del fervor del movimiento magisterial y social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

LAS RAZONES DEL MULTI

De acuerdo con el MULTI, la escisión de presentó entre otras cosas, debido a la falta de disponibilidad de los líderes del MULT de democratizar los procesos de toma de decisiones. También porque el MULT, en 2004, decidió entrarle a la vía electoral.

De acuerdo con Miguel Ángel Granados Chapa, en ese momento se creó el Partido Unión Popular, que consiguió una importante presencia en la zona. Lo encabezó Héctor Sánchez (ex senador perredista) que se inconformó con la decisión de su partido de coaligarse con el PAN Acción Nacional y Convergencia para sostener la candidatura de Gabino Cué.

Sánchez presentó la suya propia, por el PUP, “que gozó del apoyo del gobierno de José Murat”. El partido de Héctor Sánchez fue la canica en la balanza que permitió a Ulises Ruiz llegar al poder, y que propició que Gabino Cué perdiera la gubernatura.

Héctor Sánchez también es tío de la Ruth, la joven que presuntamente delató a los líderes del ERPI, Jacobo y Gloria (ver: "Víctima, topo o lesbiana. Los pasos oscuros de Ruth").

Sin embargo, para varias personas cercanas al proceso de pacificación que actualmente viven el MULT y el MULTI, la gota que derramó el vaso y propició la escisión del MULTI fue un problema de índole familiar, mas que político.

LA ALIANZA FUNESTA

Como una organización nueva, enclavada en una de las regiones más difíciles de Oaxaca, el MULTI tomó la decisión de aliarse con la UBISORT, organización que desde su creación en 1994, ha sido de corte paramilitar.

A pesar de esta alianza, el MULTI tuvo la fortuna de salir a la luz en la coyuntura de las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, por lo que inmediatamente fue cobijada por las organizaciones más afines a la Otra Campaña. De hecho parte de la dinámica de medios, de discurso del MULTI son afines y complementarias del espíritu que tiene el zapatismo. Su forma de organización es más horizontal.

En cambio, el MULT no formó parte de la APPO, aunque sus miembros simpatizaban con el movimiento magisterial de 2006 y algunos participaron de forma más o menos individual.

La diferencia entre MULT y MULTI propició que el grueso de las organizaciones sociales apoyaran de forma contundente el caso del MULTI, mientras que el MULT fue incluso vilipendiado. Algunos miembros de la APPO lo veía como un brazo más de la política partidista.

Fue en este contexto, cuando en enero de 2007, los habitantes de San Juan Copala (tanto del MULTI como de la UBISORT) decidieron declarar su población como municipio autónomo. (Cabe recordar que San Juan Copala, formalmente, pertenecería al municipio de Juxtlahuaca.)

LOS AÑOS DE LA MATANZA

Los años que siguieron, fueron difíciles para el MULTI, pero también para el MULT.

Por ejemplo, el 5 de julio del año 2007 desaparecieron Virginia Ortiz Ramírez (de 20 años), profesora de educación primaria bilingüe, y su hermana Daniela Ortiz Ramírez (14 años) estudiante de secundaria.

Ellas eran originarias de la comunidad de el Rastrojo Cópala, Juxtlahuaca, y pertenecían al MULT.

Antonia Ramírez y Emelia Ortiz, madre y prima de Virginia y Daniela han declarado que en los problemas de hombres no se debe atacar a las mujeres; que son ellos quienes deben solucionar sus conflictos. “Pero la terrible realidad es que las mujeres somos percibidas, culturalmente, como un objeto muy valioso del contrario y es sobre nosotras donde recae la violencia estratégica y cotidianamente. Somos las mujeres el famoso ‘botín de guerra’”.

Diez meses después, el 7 de abril de 2008, fueron asesinadas Felícitas Martínez (21 años) y Teresa Bautista (24), quienes trabajaban en la estación de radio comunitaria, La voz que rompe el silencio, en San Juan Copala.

El caso de Felícitas y Teresa dio la vuelta al mundo. Pero en los medios no trascendió la desaparición de Virginia y Daniela.

LA PACIFICACIÓN

En 2008, Serapaz decidió entrar a colaborar en el proceso de pacificación de la zona triqui y en particular entre el MULT y el MULTI.

Para ello, el MULT exigió –y no estaba sujeto a negociación-- que el MULTI se deslindara de la UBISORT.

En septiembre, aproximadamente, de acuerdo a personas cercanas al proceso de pacificación, el MULTI rompió formalmente con la UBISORT.

De inmediato comenzaron las hostilidades en el municipio independiente de San Juan Copala, conformado tanto por miembros del MULTI como de la UBISORT.

En diciembre pasado las hostilidades se agravaron, y fue cuando varias organizaciones se pusieron como tarea “romper el cerco” que rodeaba a San Juan Copala.

Organizaciones cercanas a La Otra Campaña, como Vocal y Cactus, junto con organizaciones de derechos humanos, impulsaron la caravana que el pasado 27 de Abril, salió de la Ciudad de Huajuapan de León, en el Estado de Oaxaca, rumbo al Municipio Autónomo San Juan Copala .

La Ubisort "advirtió" que no permitiría que la caravana llegara a San Juan Copala. Esta organización no está compuesta por paramilitares de juguete. Tiran a matar. La caravana fue cobardemente emboscada

Información relacionada:
El MULT además de ser un partido politico complice de URO es !ADHERENTE A LA OTRA CAMPAÑA¡
Fuente: Chiapas Indymedia
Más:

Videorreportaje: “Copala, zona de guerra”

San Juan Copala, Oaxaca. Desde el 28 de noviembre de 2009, el centro político y ceremonial de la cultura triqui se encuentra en estado de sitio, sometido permanentemente a los disparos indiscriminados de los grupos paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priista, que encabeza Rufino Juárez, el alumno del actual secretario de Gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez. Desde entonces, 500 personas han sido desplazadas. Otras 30 han sido asesinadas y un número indeterminado, heridas. Todas han sido emboscadas.

Los paramilitares atacan noche y día, no permiten la salida ni la entrada a la población de personas, alimentos ni medicinas. Cortaron los cables de la luz eléctrica, las líneas del teléfono y rompieron los ductos del agua potable. No hay ley ni autoridad que valga más que las armas de la Ubisort y, aseguran los pobladores de San Juan Copala, las del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). El pecado de estos indígenas refugiados en sus casas: echar fuera a todos los partidos políticos e instaurar un municipio autónomo basado en su cultura y tradición.





Fuente: Contralínea