12/6/10

Contra los pueblos indígenas, la verdadera guerra del gobierno mexicano

Tzotzil. Zinacantán,Chiapas. 1950 Fotos: Walter Reuter

Un reporte especial

Hace ya más de doce años que los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena denunciaron que existía una guerra de exterminio
contra los pueblos de México. Los gobiernos de Ernesto Zedillo,
Vicente Fox y Felipe Calderón, y sus vocingleras (cuando les conviene)
cajas de resonancia lo negaron una y otra vez.
No podía ser de otro modo: el régimen priísta-panista resulta responsable directo de dicha guerra, que sí lo es en el sentido más estricto y literal
que el atribuido por el calderonismo a su “guerra” contra el crimen organizado. El poder político y económico disputa a los pueblos originarios sus territorios, sus culturas, su derecho a la vida, y les niega la autonomía, la autodeterminación, los derechos culturales y políticos. Ante la abundancia de hechos graves registrados en la primavera de este año, el equipo editorial
de Ojarasca elaboró el presente reporte, que simplemente registra los hechos más relevantes de esta ofensiva contra los pueblos en las recientes semanas. Seguramente nos quedamos cortos.

Los paramilitares no existen (1): Oaxaca
Sobran elementos en Oaxaca para confirmar la existencia de grupos paramilitares en franca guerra contra comunidades triquis y mixtecas. Sus acciones criminales, sobre todo en la sierra Mixteca, se han recrudecido en meses recientes, bajo una consistente protección del gobierno estatal de Ulises Ruiz Ortiz. Ataques de grupos armados siempre con armas de uso exclusivo del Ejército, y en ocasiones uniformados de negro, sólo en mayo afectaron a comunidades enteras en Chalcatongo de Hidalgo y Zimatlán, además del mucho mejor conocido caso del municipio autónomo San Juan Copala, sitiado desde hace medio año por un grupo armado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El gobierno priísta de Oaxaca nunca ha aceptado la existencia de grupos paramilitares, del mismo modo que ocurre en Chiapas desde 1995. Así es la flagrante actuación de miembros de Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) como grupo “civil” armado, entrenado y organizado, que mantiene sitiado San Juan Copala a tiros, con la impávida anuencia gubernamental. El candidato priísta a gobernador, Eviel Pérez Magaña, rubricó la versión de Ruiz y dijo que es un conflicto que lleva 150 años, y nada de que hay paramilitares.
Además de varios asesinatos recientes, en menos de un mes murieron emboscados por Ubisort la activista Betty Cariño y el observador de paz Jyri Jaakkola (27 de abril), y luego fue ejecutado el líder del multi y parte el gobierno municipal autónomo bajo sitio de San Juan Copala, Timoteo Ramírez, junto con su esposa Cleriberta Castro. Esto llamó la atención nacional e internacional, y una segunda caravana de paz intentó romper el cerco el 8 de junio. Pero no ha sido el único caso. El 5 de mayo, según el reportero Roger Valle, “más de 50 integrantes del grupo paramilitar que comanda Freddy Eucario Morales Arias bajaron de la comunidad de Los Reyes, sitiando La Paz y Reforma Chalcatongo”. El grupo colocó barricadas en los caminos, “dejando incomunicado a los pobladores, y ha amenazado con matar a los que pretendan salir”, declaró Isidro Jiménez, presidente de bienes comunales de Chalcatongo de Hidalgo.
“Los paramilitares, con armas de alto poder, bajaron de su comunidad realizando disparos al aire, tratando de sembrar el terror en La Paz y Reforma, lo que originó que los pobladores se encerraran en sus casas para evitar ser asesinados.”
Los paramilitares, dijo Jiménez, “exigen la liberación de su líder preso Morales Arias, así como de Aurelia García García, detenida en días pasados acusada de asesinar a Epifanía Ruiz Ruiz en 1996, y que en caso de no dárseles la libertad, se estaría asesinando a los pobladores”.
Fructuoso Román Mendoza Cortés, agente de policía rural de La Paz, mencionó que “que los pobladores temen ser asesinados durante la noche”. Por su parte Rufino Benítez Sánchez, del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, expuso: “En el paraje Los Reyes se encuentra refugiado el grupo paramilitar. Las autoridades locales, estatales y nacionales han sido informadas de estos sucesos mediante denuncias formales y peticiones”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a 177 personas de Santo Domingo Ixcatlán (municipio vecino) “en grave situación de peligro por la amenaza que representa el grupo paramilitar que opera en dicha zona de la Mixteca Alta”. Esto evidencia “que en Oaxaca existen grupos paramilitares que cuentan con la protección del Estado, ya que actúan de manera reiterada y cada vez más violenta, en total impunidad, sin que la procuración de justicia sea eficaz e imparcial”.
Cabe mencionar que Chalcatongo, tierra natal de Ulises Ruiz, es un municipio mixteco que lo repudió oficialmente en 2006. También que el cacique de Santo Domingo Ixcatlán, ex-edil y cabecilla paramilitar, Morales Arias, es parte del grupo de protegidos del gobernador y los sucesivos secretarios de Gobierno. Como funcionarios, alcaldes o legisladores, han asolado distintas regiones y municipios de Oaxaca. Chalcatongo y Santo Domingo son sólo un par de casos. Hay otros.
El 29 de mayo los reporteros regionales Ricardo García y Roger Valle informaron que hombres encapuchados y con armas de alto poder dispararon contra los pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, también en la Mixteca, “generando terror”. La gente buscó refugio “para no ser el blanco de los disparos que dejaron heridos y varias casas quemadas”.
Nicanor Jiménez Garcí­a, suplente del agente municipal de Zimatlán dijo que más de 150 personas “fuertemente armadas y vestidas de negro” atacaron a la población: “Los disparos provienen de los cerros que rodean a la comunidad”. Aquí también la población se vio obligada a buscar refugio para no ser blanco de los paramilitares apostados en los cerros”. En las escuelas se suspendieron las clases.
Los más de 150 paramilitares que han rodeado Zimatlán pertenecen a la comunidad San Sebastián Nopalera. El gobierno estatal, al tanto de la situación, “no da respuesta al problema, lo que pone más tensión, y los pobladores temen que durante la noche los paramilitares bajen de los cerros e inicien ejecuciones”.
Una explicación posible de este recrudecimiento está en el actual proceso electoral, que para estos políticos profesionales significa el Aleph: ganar, ganar, ganar elecciones cueste lo que cueste. El verdadero trasfondo de este ensañamiento con los pueblos es la intención del poder de arrebatar sus tierras a los indígenas. En ellas existen recursos minerales y forestales, tierras de cultivo, o habrán de transformarse en autopistas. En Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán, los paramilitares atacan donde hay agua, potenciales polos turísticos, o también potenciales rutas para el narco y los polleros.

Una temporada de abusos
Según el informe en 2010 de Aministía Internacional (AI) El estado de los derechos humanos en el mundo, “en México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por miembros del Ejército en tareas policiales y por policías federales, estatales y municipales”.
Amnistía Internacional añade: “Familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares fueron amenazados, y las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de éstos”. Además, continuaron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo 35 desaparecidas el año pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas de abusos sexuales y secuestro. “Bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes, mataron a algunos y violaron a mujeres. Doce periodistas fueron asesinados, y algunos activistas resultaron víctimas de acoso, homicidio y cargos penales falsos”.

Sierra Huichola:
despojo y destrucción del bosque
Un ejemplo de cómo se desfonda la institucionalidad es el programa de “Focos rojos” de la Secretaría de la Reforma Agraria, que estableció mecanismos de retribución (o “indemnización” injustificada) a quienes por años invadieron tierras con lujo de violencia. Ya habían perdido los litigios en tribunales agrarios. En la Sierra Huichola, por citar un caso, se instauró el sinsentido jurídico de arreglar por fuera de la ley lo que los tribunales agrarios debían resolver (o ya habían resuelto). Ello restó autoridad a los tribunales y afianzó a caciques (“poderes fácticos”), que recibieron una inyección en efectivo para operar, sin que ningún tribunal pueda impedirlo.
Los principales afectados son los huicholes y sus asambleas. Ahora deben demostrar nuevamente que son las legítimos dueños del territorio invadido. En los polígonos que “sobran” cuando las brigadas institucionales hacen mediciones, literalmente “inventan tierra donde no hay” o permiten “indemnizar” a invasores que sólo rentaban, y que las comunidades ya habían corrido. Las asambleas se enfrentan a caciques, incrustados en las propias comunidades, que promueven la venta del bosque antiguo, sagrado para los wixaritari: Maye Niuhue, el corazón de la Sierra. Según Semarnat, existen allí 22 especies en peligro de extinción. Hasta 2000, la comunidad de San Sebastián (Jalisco) resistió la tala y frenó al invasor Francisco Quintanilla y su empresa Triplay y Maderas del Norte. Ahora, el comisariado de bienes comunales accedió a la tala de Maye Niuhue, a los precios ridículos (475 pesos el metro cúbico de madera en pie) que paga el empresario duranguense Enrique Adame, quien en la más reciente asamblea propuso de nuevo que los wixaritari hicieran tratos con Francisco Quintanilla.
Y mientras se malbarata el bosque sagrado en San Sebastián, sin que los comuneros tengan vías legales para evitarlo, en Bancos de San Hipólito (Durango), el Ejército federal irrumpió el 2 de junio en los campamentos de limpieza ambiental de la comunidad, instalados para aprovechar, con permiso de Semarnat, un millar de árboles caídos por las tormentas y nevadas de meses anteriores. Las tropas federales decomisaron ¡tres rifles .22!
De igual manera, el 29 de mayo habían sido “desarmados” en Jalisco cazadores wixaritari de San José Hayukarita, en la comunidad de San Andrés Cohamiata, y de Ciruelillo, en Santa Catarina Cuexcomatlán. Lo mismo ocurrió en Ciénega de los Osos, dentro del territorio tepehuano de Santa María Ocotán, (Durango). En todos los casos, esto representa un hostigamiento a los trabajos ceremoniales indígenas.

Los paramilitares no existen (2): Ostula
En Santa María Ostula, en la costa nahua de Michoacán, la situación es descrita así por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos: Las comunidades enfrentan “una serie de ataques por parte de grupos paramilitares, en represalia ante la recuperación el 29 de junio de 2009 de mas de mil hectáreas invadidas hace 40 años por supuestos pequeños propietarios de La Placita”. Ese mismo día, 200 comuneros desarmados fueron atacados por paramilitares con rifles AK 47.
El pasado 23 de febrero, Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles fueron desaparecidos por un comando armado mientras se encontraban en un restaurante del municipio de Aquila. El 20 de abril, un comando paramilitar fuertemente armado de aproximadamente 20 personas sitió la casa del presidente del comisariado de Bienes Comunales, Francisco de Asís Manuel, a quien secuestró y llevó “con rumbo desconocido”.
El 7 de mayo, unos 150 encapuchados, portando armas de alto poder, incursionaron en la cabecera comunal de Ostula, y la encargatura de El Faro en la comunidad de Coire, “con el objetivo de sembrar el terror en la población y tratar de secuestrar a un comunero, transitado después por la carretera federal con absoluta impunidad”.
La Red también subraya la impunidad con que operan estos grupos en la zona, donde hay una fuerte presencia del Ejército federal, la Armada y el grupo antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, “por lo que resultan alarmantes la situación y la omisión de las autoridades”.
Desde junio de 2009 han sido violentamente asesinados ocho comuneros nahuas de Ostula, Coire y Pómaro “sin que los crímenes hayan sido investigados por alguna autoridad gubernamental, a pesar de que la comunidad ha denunciado en varias ocasiones la presencia de poderosos cárteles de droga, que gozan de una completa impunidad y que se han puesto al servicio de los supuestos pequeños propietarios para atacar a la población indígena”.
Desde meses atrás, el Congreso Nacional Indígena (CNI) ha venido denunciando lo que ocurre en Ostula y sus comunidades hermanas.
En medio de una conflictiva agraria causada por el propio gobierno, la Red señala que esta situación se da “en medio de una fuerte presión para imponer ambiciosos proyectos trasnacionales que no han sido consultados con las comunidades nahuas, como el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán, la nueva carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y proyectos mineros”.

Minería brutal: el proyecto de los depredadores
Las corporaciones echan mano de la manga ancha de la jurisdicción nacional como ventaja comparativa para la inversión extranjera. Por eso les funciona “liberar zonas consideradas estratégicas para desarrollar sus megaproyectos, desplazando a las poblaciones indígenas, campesinas”, muchas, comunidades en resistencia, de acuerdo al informe del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Integración para el despojo: el proyecto Mesoamérica, o la nueva escalada de apropiación del territorio (3 de junio).
“El reordenamiento territorial consiste en despejar regiones de alto interés para las transnacionales y los proyectos de gobierno, desplazando a las poblaciones por medio de la migración forzada o concentrándola en núcleos urbanos, como el programa gubernamental Ciudades Rurales Sustentables en Chiapas. De este modo, regiones con alta concentración de recursos quedarán disponibles para las empresas en alianza con los gobiernos.
“La consigna parece ser ‘limpiar el terreno’, arrasar el modo de vida campesino-indígena para dar lugar al ‘desarrollo’”. El informe apunta “dos maneras de aplicar esta lógica de reordenamiento territorial para el despliegue del capital”. Una coercitiva, por medio del desalojo, la militarización o paramilitarización de las comunidades. “Otra, más silenciosa, propiciando condiciones para el desplazamiento forzado de la población” por la migración o “reacomodo en centros urbanos”.
Así, “la privatización y venta de tierras comunales y la instauración de megaproyectos abonan el abandono del campo”. Para miles de personas, su modo de vida campesina “no encuentra cabida frente al saqueo del territorio”. Lo que subyace es un “cambio de uso de suelo”. La milpa y la comunidad se hacen a un lado y dan paso a proyectos ecoturísticos, carreteras, represas, monocultivos, agrocombustibles y mineras, siempre bajo el disfraz del desarrollo y el combate a la pobreza”, concluye CIEPAC.

Nadie más rampante que las mineras. Paramilitarización, desplazamiento, emboscadas y terror acompañan a muchos de los proyectos mineros, que —según el investigador Andrés Barreda— “pasaron de la perforación de túneles a la minería a cielo abierto, que entraña un despanzurramiento de la región en pos de mucho menores cantidades de mineral, a cualquier costo social y ambiental”.
Un caso ejemplar es la Minera San Xavier, en San Luis Potosí. Aunque el tribunal federal de justicia fiscal falló contra sus operaciones, sigue funcionando. Juan Carlos Ruiz Guadalajara explica (nota de Angélica Enciso, La Jornada, 28 de abril): “Ahora la compañía canadiense labora sin permiso ambiental y argumenta que lo hace al amparo de la norma oficial mexicana 155 de la Secretaría de Medio Ambiente, la cual determina los requisitos para los sistemas de lixiviación de minerales. La minera, en una zona semidesértica, utiliza diariamente 32 millones de litros de agua, mezclados con 16 toneladas de cianuro, líquido que no podrá ser reutilizado”.
La empresa declara que existe medio gramo de oro por cada tonelada de corteza terrestre. “Con ese método de explotación a tajo abierto, cuesta 180 dólares una onza de oro, la cual, posteriormente, vende en mil 200 dólares. Por cada 28 gramos de oro, se destruyen 56 toneladas de montaña”.
Ya en mayo de 2007, La minería canadiense en México: violencia hecha en Canadá, documento del autor colectivo Mandeep Dhillon, afirmaba: “El debilitamiento de los derechos laborales y el amordazamiento de los movimientos sociales son requisitos para que prosperen los proyectos mineros en México. Los informes de la industria minera no dejan lugar a dudas. La ‘estabilidad política’ que mencionan los informes de las empresas canadienses y del gobierno no es la estabilidad social sino el control de los movimientos con mano dura, de la militarización del campo y el desplazamiento de las comunidades locales” tal como se dan actualmente en México. Esto permite “la implementación y protección de las inversiones corporativas. Oaxaca cuenta con abundantes recursos naturales que han estado en la mira de las empresas extranjeras durante años”.
Continuum Resources, de Vancouver, tiene 10 proyectos en Oaxaca, en más de 70 mil hectáreas, y “consolida su dominio en terrenos aun mayores”. En septiembre de 2006, la empresa Chesapeake Gold Corp. anunció haber cedido en Oaxaca casi la totalidad de dos proyectos a Pinnacle Mines. “La Horseshoe Gold Mining, adquirió 60 por ciento de las acciones de Almaden’s Fuego, en Oaxaca. La Linear Gold Corp de Halifax también es dueña de un proyecto minero en marcha”.
El intento de doblegar al municipio autónomo triqui de San Juan Copala aplica el mismo esquema de paramilitarización-desplazamiento de las compañías mineras. Irónicamente, Betty Cariño, caída en el ataque a la caravana de solidaridad que se dirigía a Copala en abril, era una activista contra la minería.

Desalojos “ecológicos” contra la autonomía comunitaria
El 26 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentó un informe sobre las situación de las garantías de los pueblos de Chiapas en el último año. Sus hallazgos son aplicables a todos los procesos de autodeterminación y autonomía que se desarrollan actualmente en México, “demuestran que la autonomía es un camino que se construye, reinterpreta y resignifica en el arraigo y el desarrollo de las culturas propias; se edifica sobre la reflexión y el ejercicio de los derechos colectivos, siendo la creación de un mundo al servicio de la vida uno de sus fundamentos, en contraposición a la lógica capitalista y de desarrollo, basada en la sobreexplotación de pueblos y recursos naturales”.
Planes como el Proyecto Mesoamérica, que promete infraestructura, inversión turística y empleo con apoyo militar, “constituyen la continuidad de una política de despojo, esclavitud y exclusión que no valora la vida humana ni la naturaleza”. El gobierno, considera el Frayba, pretende despojar de la tierra a los pueblos, “lo cual supone la venta de la gran diversidad biológica y cultural, en beneficio de inversionistas internacionales y nacionales”.
La Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria “fomentan conflictos” en diferentes regiones. Por ejemplo, “otorgando tierras recuperadas por los zapatistas a peticionarios afines al proyecto de privatización, valiéndose de grupos como la Organización Para la Defensa y los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)”.
En Chiapas (como en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, entre otros), “los gobiernos federal, estatales y municipales utilizan la procuración de justicia y los medios de comunicación para criminalizar las resistencias a su propósito de control y explotación de los recursos naturales”. La represión contra los pueblos que históricamente poseen la tierra “ha aumentado”.
La estrategia de despojo pretende imponer “la política económica neoliberal, para lo cual se fomentan conflictos al interior de las comunidades”. Sin embargo, los pueblos indígenas se organizan, movilizan y ejercen su derecho al territorio”.
Ante las luchas a nivel nacional contra el calentamiento global y por la protección ambiental, los gobiernos estatales promueven presuntas alternativas “ecológicas y sociales”, como agrocombustibles y maíz transgénico. Apoyan el monocultivo argumentando que es “una oportunidad para el desarrollo de las comunidades más pobres”.
El cultivo de maíz transgénico se inserta en una estrategia de control sobre la soberanía alimentaria. El objetivo consiste en que los pueblos dependan de las transnacionales para su sobrevivencia y se inserten en la lógica consumista. Esto representa un peligro para el medio ambiente y los derechos fundamentales.
El gobierno mexicano continúa practicando el “desplazamiento interno”, confirma el Frayba. El 21 y 22 de enero fueron desalojadas de Montes Azules las comunidades El Suspiro y Laguna San Pedro, ésta última de bases zapatistas pertenecientes al caracol de La Garrucha. Y el 2 de mayo, la junta de buen gobierno de La Realidad denunció la intención oficial de nuevos desalojos que afectarían, entre otros, a bases del EZLN que ejercen su derecho a habitar la selva racional y legítimamente.
Ante las demandas de autonomía de la población indígena, “el Estado se limita a ofrecer subvenciones paternalistas, mediante programas que crean dependencia para el control político y contrainsurgente”. La libre determinación “implica que los pueblos asuman el control de su territorio y la procuración de justicia, y ejerzan formas de autogobierno para definir su propio modelo de desarrollo económico y el uso de los recursos de sus territorios”.
A miles de kilómetros, en el extremo norte del país, el 19 de mayo, las fuerzas armadas detuvieron en el mar de California a los pescadores cucapá Emilio Hurtado Valenzuela y Juan Antonio Guerra Hurtado, por llevar en su panga una totoaba de 12 kilos. El ministerio público los consignó por, presuntamente, pescar en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California-Delta del Río Colorado, donde los cucapá han vivido y trabajado durante siglos.
El juez José Ávalos Cota dictó auto de formal prisión a los indígenas, sin derecho a fianza, “como si fueran criminales”, como lo expresaron sus hermanos cucapá. Ahora podrían alcanzar penas de hasta nueve años por pescar en sus costas ancestrales.
Del mismo modo, los peregrinos wixaritari enfrentan amenazas equivalentes en Virikuta (Desierto de Coronado, en San Luis Potosí), territorio sagrado que durante siglos han sabido cuidar mucho mejor que las voraces autoridades “legales”, corroídas hoy por la corrupción.

Los paramilitares no existen (3): Chiapas

En Chiapas, los paramilitares “no existen” desde 1995. Ni siquiera fueron reconocidos por el gobierno tras la masacre de Acteal en 1997. Mucho menos en la ola criminal desatada por Paz y Justicia en la zona chol. La actuación de esos u otros grupos contrainsurgentes contra las bases de apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus municipios autónomos se ha sucedido desde entonces.
Alrededor de 2000, diversas ramificaciones de la Opddic —agrupación priísta, como todos los grupos contrainsurgentes armados en México—, han protagonizado agresiones contra comunidades de los municipios autónomos San Manuel, Comandanta Ramona y Ricardo Flores Magón, cuando menos.
El pasado 10 de mayo, la junta de buen gobierno del caracol de La Garrucha denunció la desaparición de nueve indígenas, bases de apoyo del ezln, y de cinco más, “detenidos” en el ejido Peña Limonar por miembros de un grupo armado, de corte paramilitar, responsable de dos asesinatos en la comunidad de Amaytik en 2002. En marzo, estos “asesinos” habían ocupado por la fuerza tierras de Amaytik, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón.
La junta El Camino del Futuro destacó que las bases zapatistas “son perseguidas por la seguridad pública y los paramilitares, cerrando todos los pasos y entradas en los caminos para vigilar qué hacen y a dónde van los compañeros, y los asesinos tranquilamente paseando”.
Las mujeres, “en sus entradas y salidas de la comunidad”, se encuentran amenazadas por los paramilitares, que además “quieren desalojar” el poblado. El grupo paramilitar ha sido vinculado por la propia junta a la Opddic.
De esta manera, las mismas autoridades gubernamentales que han solapado a los asesinos durante ocho años, detuvieron sin motivo a cinco campesinos zapatistas, y los entregaron a la policía, que los condujo a la cárcel para “ser procesados”. Fueron liberados el 12 de mayo, pero la amenaza paramilitar en Amaytik y otras comunidades zapatistas y de la Otra Campaña en Chiapas sigue en pie.
En un episodio más, el 12 de marzo Opddic amenazó con atacar la comunidad zapatista Casa Blanca, o Santo Domingo, perteneciente al caracol Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, en La Garrucha. Y en Bolón Ajaw, municipio autónomo Comandanta Ramona, el 9 de febrero hubo un ataque armado de ejidatarios de Agua Azul, identificados desde hace años como “opdiqueros”, y que a fines de enero habían invadido tierras de la comunidad autónoma sobre las cuales no pueden invocar ningún derecho, pues son tierras recuperadas por los zapatistas.
Sin embargo, y como siempre, los paramilitares “no existen” en los territorios chiapanecos intensamente militarizados desde el gobierno de Ernesto Zedillo, no tanto para combatir militarmente a los zapatistas (no hasta ahora) como para implementar una amplia estrategia contrainsurgente que ha incluido sistemáticamente grupos civiles armados. Paramilitares, o bien bandas criminales, “leales” al Ejército, las policías y el gobierno estatal.

Coda: El cerco de Copala, una vergüenza nacional
El desenlace, si se le puede llamar así, de la segunda caravana de solidaridad que se dirigía a San Juan Copala el 8 de junio, confirma que el gobierno de Ulises Ruiz puede hacer, o permitir que se haga cualquier cosa en Oaxaca sin que pase nada. El territorio triqui es el escenario donde el Estado mexicano libra hoy mismo una batalla más de su guerra contra los pueblos.
Conformaban el frustrado cortejo centenares de personas, en 20 autobuses. Indymedia registró entre los participantes a miembros del municipio autónomo triqui sitiado, la Otra Campaña, diputados del PRD y PT e integrantes del movimiento indígena nacional. De AMAP, MAIZ, Ucizoni, FIOB, SME, FNIC, RMALC; de la iglesia católica; grupos de derechos humanos y ambientalistas del DF, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz. Decenas de comunicadores de medios alternativos y comerciales. Observadores de varios países europeos.
La policía estatal, que presuntamente los venía protegiendo, les impidió llegar a su destino, argumentando que no podía comprometerse a defenderlos, no había condiciones.
En la cercanía de San Juan Copala, Ubisort bloqueaba el paso con grandes rocas trasladas por maquinaria pesada. Una concentración de indígenas priístas, encabezada por su líder Rufino Juárez y decenas de hombres armados, esperaba a la caravana para impedirle el tránsito.
A la entrada del paraje Agua Fría, la procuradora general de Justicia del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, comunicó a los caravaneros que la “condición” que puso Rufino Juárez, dirigente de Ubisort, para dejarlos pasar “es que también dialoguen con ellos” (El Universal, 9 de junio).
Defensores de derechos humanos señalaron de que no se podía dialogar con una persona que está señalada en una averiguación previa como responsable de la emboscada, “y no hay siquiera una orden de presentación”. La procuradora se zafó replicando que existen órdenes de aprehensión para militantes de las tres organizaciones de la zona triqui (MULT, Ubisort, MULTI), pero no se ejecutan porque “no queremos vernos como un Estado represivo y creemos que la ayuda de ustedes puede coadyuvar al diálogo”.
La caravana humanitaria dio marcha atrás, según informó el propio secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.
Y que en el paraje La Pavimentada, última desviación hacia San Juan Copala, se escucharon disparos de arma de fuego.
Convertido además en botín electoral de los partidos, el municipio autónomo de San Juan Copala lleva meses secuestrado a punta de cañón, ante los ojos del mundo. ¿Alguien dijo paramilitares?

Ojarasca

Antonio Turok: los disparos de una Reflex en la línea de fuego

Yanet Aguilar Sosa / El Universal 12/06/2010

yanet.aguilar@eluniversal.com.mx

Antonio Turok · Año Nuevo en San Cristobal de las Casas.

Siempre librándola en el frente de batalla como aquel 1 de enero de 1994, cuando un miliciano del EZLN le apuntaba con el rifle al tiempo que él, Antonio Turok, le apuntaba con la cámara... de los dos, sólo el fotógrafo disparó. O las múltiples ocasiones en las que sin chaleco antibalas ni casco, sólo armado con su cámara Reflex de rollo, se mantuvo en la línea de fuego entre la policía y la APPO.

Antonio Turok, el fotógrafo mexicano y documentalista social da cuenta de su paso por la fotografía de guerra en la exposición Antonio Turok. La línea de fuego, integrada por 30 piezas que exhibe el Centro de la Imagen “en la que hago una reflexión sobre la guerra que hoy en día parece estar más de moda que cualquier otra cosa”.

Sin ser una retrospectiva pues “todavía tengo curiosidades por caminar”, la exposición plantea otra manera de observar. “Es una visión más mesurada, más filosófica y poética. Cuando uno hace periodismo, la intención es informar, en este caso mi intención es que el espectador se formule una serie de preguntas, que use su inteligencia visual: no qué ves, sino que piensas y qué sientes”.

Mirada más reflexiva y filosófica

Desde esa perspectiva más profunda, Antonio Turok propone una visión desde el tercer ojo que está entre los dos ojos que observan. Su afán es encontrar ese punto en el que los objetos se suspenden, quiere tensar las imágenes para cimbrar al espectador, para confrontarlo con la condición humana, pero está vez más a través del paisaje, como no lo hizo antes.

Turok dice que rara vez puso interés en el paisaje “pero en este caso hago una referencia a partir de tres de mis primeras obras impresas en plata sobre gelatina, tomadas en 72 y 74, que es un poco mi origen como fotógrafo. Cuando las encontré en mi archivo me pregunté: ¿qué pensaba como adolescente al enfrentarme a esas imágenes?”

Esas imágenes marcan el inicio de una historia sinfín que concluye con una gran obra tomada entre 2009 y 2010 para la que Turok utilizó una cámara panorámica desde la que armó sus discursos y diálogos.

El documentalista social quiere dejar constancia de lo que le ha tocado vivir y capturar, como los registros que incluye esta exposición: la guerrilla en Centroamérica en los años 80, imágenes de Chiapas durante el levantamiento zapatista, el 11 de septiembre en Nueva York, el nacimiento de la APPO en Oaxaca, así como las migraciones centroamericanas, la raza mexicana en la frontera y los barrios de Texas, Los Ángeles y Chicago, .

“Si algo quiero en estas imágenes es que cuando crezca mi hija diga: ‘por lo menos mi papá intentó documentar y narrar estos desastres’; yo quiero que nos se nos olvide la memoria histórica, esos son mis frentes de batalla ahora que veo con otros ojos”.

Antonio Turok acepta que siempre ha buscado situarse en la línea de fuego porque la vida se rige por el deseo de sobrevivir. “A lo mejor es mi naturaleza de curioso, de metiche, de estar observando. Una de las enseñanzas es que le he perdido miedo a las cosas y quisiera que los seres humanos tuviéramos menos miedo de hacer frente a nuestros instintos. En el frente de batalla no digo este es el bueno y este el malo, lo que observo es la condición humana”, dice el fotógrafo.

Más información:

Antonio Turok

http://www.antonioturokphoto.com

11/6/10

Se suma familia Pasta de Conchos a campamento del SME en el DF

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 10 jun 10 (CIMAC).- La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) anunció que a partir de hoy permanecerá en el campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en el zócalo capitalino, hasta que la Secretaría de Gobernación (SG) se abran dos mesas de negociación, que atiendan y solucionen los conflictos mineros del país.

Lo anterior, lo informó Andrés Garay, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien leyó, en conferencia de presa, el posicionamiento de la OFPC, integrada por viudas y familiares de los 63 mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006, en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, cuyos restos permanecen en los socavones desde el siniestro.

La SG tendrá hasta el próximo 13 de junio para responder a la OFPC si acepta o no la propuesta de las familias de los mineros caídos, la inmediatez del plazo se debe a la “rapidez” con que las autoridades estatales y federales desalojaron a los trabajadores y sus familias de la mina de Cananea, Sonora, y de Pasta de Conchos, el domingo pasado, señaló Garay.

La OFPC refirió que ante la violencia ejercida por parte del gobierno federal y estatal, en el caso de Coahuila, las autoridades mexicanas deberán responder de manera inmediata para frenar la violación del derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de los mineros y sus familiares.

Solicitan que se establezca una mesa técnica en la que ingenieros de la OFPC definan públicamente la viabilidad del rescate de los restos de los 63 trabajadores del carbón. Asimismo se deberán plantear acciones a fin de resarcir el daño ocasionado a las viudas y familias de los mineros por la “ilegalidad” de las pensiones que les otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al tiempo, deberá llevarse a cabo la mesa intersecretarial que tiene el propósito de resolver la problemática de la minería del carbón en el país, de igual modo, ésta tendrá que ser pública, refirió la OFPC en su posicionamiento.

En la mesa anterior se darán cita, además de representantes de la OFPC, los titulares de las secretarías de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así como, los representantes de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Dirección General de Minas y del IMSS.

Cabe mencionar, que el pasado 28 de mayo, integrantes de la OFPC fueron citados por la SG para instalar una mesa de trabajo, que esa dependencia ofreció el 19 de febrero de 2010, pero a la fecha no se ha concretado la negociación.

ACCIONES INMEDIATAS

Frente al desalojo de los trabajadores y sus familias en Cananea y Pasta de Conchos, la OFPC exigió a la SG la liberación de cinco mineros, arrestados el domingo pasado a las 9 de la mañana acusados de incendiar un edificio de la empresa de Grupo México, el cual ardió en llamas una hora y media después de que los trabajadores del cobre fueron encarcelados, según informó Rosa Guayante, lideresa del Frente Femenil Cananense.

Además, piden que el personal de Industrial Minera México (IMM), propiedad de Grupo México (GM), sea desalojado de Pasta de Conchos, para que las viudas y familias continúen con el resguardo del yacimiento, que iniciaron en junio de 2008.

De igual modo, solicitan que IMM salga de la mina de Cananea y también quede resguardada por los cananenses. En ambos casos, sería hasta que en la mesa intersecretarial se acuerden “las medidas pertinentes para no violentar más los derechos humanos de los trabajadores y sus familias”.

CONFLICTO MINERO EN LA OIT

En tanto, ayer en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), Manuel Fuentes Muñiz, representante legal de la OFPC denunció ante este organismo las acciones que llevó a cabo la policía coahuilense, la federal, protegiendo los intereses económicos de Grupo México, informó en la conferencia Cristina Auerbach, integrante de Familia Pasta de Conchos.

Al respecto, Raúl Vera, obispo de Saltillo, Coahuila, refirió que si la justicia para los mineros y sus familias no es propiciada por las autoridades del país, serán los organismos internacionales los que tendrán que intervenir para que el Estado mexicano resarza el daño, sancione a los culpables, y garantice la no repetición.

Prueba de ello, dijo, es el informe que presentó la OIT en 2009, en el que responsabiliza al gobierno de México por la muerte de los 65 mineros en Pasta de Conchos, debido a que permitió que GM operara en condiciones inseguras para los trabajadores de la zona carbonífera.

Al término de la conferencia, Martín Esparza Flores, secretario general del SME, dio la bienvenida a las viudas y familiares de los mineros del carbón, al campamento electricista, y condenó la entrada de la policía a las minas.

Por este hecho, Esparza Flores anunció que el SME se unirá a las caravanas de trabajadoras y trabajadores que en breve saldrán rumbo a Cananea para respaldar el movimiento de los mineros cananenses.

A 11 años. Desaparición forzada de José Hidalgo en impunidad

A solicitud de los firmantes compartimos la siguiente denuncia pública con relación a los once años de impunidad por la desaparición forzada de José Hidalgo ocurrida en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Como autor material fue señalado un oficial del Ejército Mexicanos que hoy goza de impunidad.

Saludos cordiales,
Área de Sistematización e Incidencia / Denuncia Pública Frayba

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 10 de junio de 2010

EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN DEL CUERPO DE JOSÉ HIDALGO
11 AÑOS DE IMPUNIDAD

* Oficial del Ejército Mexicano responsable de desaparición forzada

A 11 años de la desaparición forzada y ejecución de José Hidalgo Pérez, el caso continúa en la impunidad, lo que refuerza su interpretación dentro de la versión urbana de la ?Guerra de Baja Intensidad?, como estrategia gubernamental para intimidar a la sociedad civil participativa y retardar los cambios sociales, después del levantamiento zapatista de 1994. A partir de que el militar, responsable directo, señalado como autor material de la desaparición de nuestro ser querido obtuvo su libertad en el año 2001, no hay ningún detenido y el Ministerio Público no ha continuado con las investigaciones, a pesar de que en el propio expediente y desde la línea de investigación oficial quedan por citar a declarar al menos a otro oficial del Ejército Mexicano y algunas autoridades civiles de ese entonces, implicadas en este descomunal crimen (Toca Penal, págs. 64, 66, 70, 76) que conmovió a la sociedad local.

Como es del conocimiento público, el 10 de junio de 1999, fecha simbólica de la represión practicada por el sistema político mexicano - masacre estudiantil 1971 e incursión militar en El Bosque y Chavajeval- 1998, entre otras, el Teniente de Infantería Juan López Vázquez, experto en inteligencia castrense y en labores de contrainsurgencia, militar supuestamente retirado, sacó a José Hidalgo Pérez de su negocio mediante engaños, y ésta fue la última vez que se le vio con vida, ya que 14 días después, la entonces Procuraduría Estatal del gobierno de Roberto Albores presentó solamente un cráneo y dos huesos largos totalmente descarnados, mismos que fueron reconocidos por expertos de la UNAM y ratificados por la PGR como correspondientes al desaparecido (AL40/90), en un caso de esqueletización artificial, practicada por profesionales, con fines de amedrentar y aterrorizar a los seres queridos de la víctima y a la población.

Debido a la presión social, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y ejecutó la detención del militar, principal implicado como actor material, pero debido al contubernio entre autoridades, dejó a partir de entonces las investigaciones en manos de la Procuraduría Estatal, la que preparó las condiciones para consumar un mecanismo típico de impunidad, que consistió en aportar pruebas insuficientes y mal sustanciadas que dieron como resultado, primero un dictamen condenatorio a 30 años de prisión para el militar Juan López Vásquez (Exp. 247/999), para que en menos de un año fuera decretada su liberación absoluta (Toca 739-C/200), con lo que se perdió un eslabón importante de la indagatoria.

Las autoridades nunca atendieron la línea de investigación de fondo político ni agregaron las quejas anteriores por amenazas de muerte a la familia Hidalgo Pérez, como aquella grabada en la contestadora telefónica de las oficinas de la Coordinadora de Organismos NO Gubernamentales por la Paz (CONPAZ) el 7 noviembre de 1996, donde anuncian que serían castigados por el gobierno donde más les duele. Esta amenaza pudo ser cumplida cuando prevalecía un ambiente de provocación durante el período del Ex Gobernador Roberto Albores.

El señalamiento especial a la familia Hidalgo Pérez, con su secuela de hostigamientos y agresiones antes, durante y después de la desaparición de su ser querido, se debe a que desde los primeros días de 1994 varios de sus miembros se incorporaron a las iniciativas ciudadanas para exigir una solución pacífica y política al movimiento zapatista y a la promoción de la participación social. Estuvieron en la formación de los movimientos ?Ciudadanos Sancristobalenses por la Paz? (CIUSPAZ), ?Barrios y Colonias de San Cristóbal? (BACOSAN) y el ?Comité Ciudadano para la Defensa Popular? (COCIDEP) que, junto con otros, contribuyeron a marcar un tiempo nuevo en la construcción de ciudadanía.

Por todo lo anterior, al no existir ninguna otra explicación fundada razonablemente para que se diera la desaparición de su familiar, y sobre todo, por las circunstancias en las que se dieron los hechos y por el hostigamiento y amenazas de que han sido objeto, ASUMIMOS QUE LA DESAPARICIÓN, EJECUCIÓN, ESQUELETIZACIÓN Y OCULTAMIENTO DEL CUERPO DE JOSÉ HIDALGO ES UNA ADVERTENCIA A TODOS LOS CIUDADANOS QUE NOS ENCONTRAMOS PARTICIPANDO EN EL MOVIMIENTO POR UNA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD.

Por consiguiente, 11 años de impunidad en el presente caso, constituye un grave incumplimiento de las autoridades en su responsabilidad de procurar e impartir justicia, como un signo preocupante de la incapacidad o la falta de voluntad de los gobernantes para caminar hacia la búsqueda de la convivencia pacífica a través de la institucionalidad en el Estado de Chiapas. La falta de resultados lleva el grave mensaje de impunidad y de peligro de que hechos como este se repitan, sobretodo en los actuales momentos en que vuelven las tensiones en la región.

Por ello, continuamos exigiendo:

1.- Que la fiscalía del Estado, a cargo del Lic. Racial López Salazar, reactive la indagatoria del asesinato de José Hidalgo Pérez, para que dé a conocer la verdad de los hechos y que sean castigados los autores intelectuales y materiales de este descomunal crimen;

2.- Que sea entregado a sus familiares el cuerpo completo de José Hidalgo Pérez, para darle cristiana sepultura, de acuerdo a la tradición de nuestro pueblo.

ATENTAMENTE

Familiares y amigos de José Hidalgo

Presentación del Informe 12 presos por la defensa de la tierra

Ante el inminente dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Atenco invitamos a la

Presentación del Informe
12 presos por la defensa de la tierra
ES TIEMPO DE SU LIBERTAD


Lunes 14 de junio. 12 hrs.
Centro Universitario Cultural (CUC) Sala 22. Odontología 35 Copilco. A las afueras de Ciudad Universitaria.


Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Abogado Simón Alejandro Hernández León. Uso faccioso de la justicia y criminalización de la protesta en el caso Atenco)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
(Fray Miguel Concha Malo, Informe sobre los procesos jurídicos de los 12 presos)
Comité Cerezo México
(Condiciones carcelarias de los 12 presos)
Seminario de acompañamiento psicosocial
(Impactos psicosociales en los familiares de los presos).

Comentan el informe:
Emilio Alvarez Icaza
(expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF)
Adolfo Gilly
(historiador, académico)
Luis Hernández Navarro
(periodista, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada)

Moderan los actores Bruno Bichir y Julieta Egurrola
Campaña Nacional e Internacional Libertad y justicia para Atenco

Caravana a Suljaa’ Guerreo del 4 al 11 de Julio radio Ñomndaa

Caravana a Suljaa’ Guerrero de acompañamiento y trabajo con el pueblo Amuzgo.
Del 4 al 11 de Julio de 2010.

Suljaa’ llanura de flores en lengua amuzgo, conocida como Xochistlahuaca, es habitada por los ñancue ñomndaa, la gente de la palabra del agua. Ahí existe desde hace varios años un trabajo de lucha y construcción de la autonomía por la vía de los hechos. Dentro de la lucha de Suljaa’ existen varios trabajos que buscan construir caminos para lograr romper con el sometimiento y la reproducción de la explotación capitalista. En el campo se busca impulsar la formación de cooperativas de los propios productores, las mujeres artesanas productoras del telar de cintura se han organizado para reivindicar la cultura y resistencia de su pueblo.

Desde 2004 el pueblo amuzgo fundó la radio comunitaria, Ñomdaa; la palabra del Agua. Esta radio, es una herramienta de organización, comunicación, construcción de identidad y lucha contra su exterminio, impulsado por el capitalismo por medio de los malos gobiernos.

Esta caravana tiene el objetivo de ir a conocer, fortalecer y compartir la lucha por la emancipación de nuestros pueblos, con el propósito de llevar talleres de la ciudad a las comunidades de la Costa chica de Guerrero; pero al mismo tiempo, aprender con ell@s en el trabajo con las artesanas, campesinos y la radio.

Los talleres que nos darán los compas allá son: telar de cintura (solo 10 personas) acercamiento a la lengua amuzgo, elaboración de chocolate, apoyo y colaboración en la radio Ñomndaa, y en el campo apoyo a los campesinos en sus parcelas.

Desde acà se ha planeado el trabajo de llevar talleres de: dibujo y cuentos con niños para hacer un libro (se agregan la técnica de hacer pinturas con plantas y flores), así como encuadernación. Taller de herramientas etnográficas (para hacer entrevistas). Taller de Joyería para hacer artes y pulseras(apuntensen compas artesanos), y hay que preparar pláticas sobre ecología, derechos ambientales, derecho agrario, derechos de las mujeres, y cooperativismo. Más lo que puedan agregar en la siguiente reunión preparatoria.

Escucharemos de su voz el contexto y las luchas del pueblo amuzgo. Realizaremos un acopio de libros para el proyecto de Waa’ libro Suljaa’. Allá nos alojan (solo lleva tu cobija o bolsa de dormir) y entre tod@s llevaremos comida para nuestro sustento.

2da Reunión preparatoria: SÁBADO 19 de JUNIO, Aula Magna de la Facultad de Ciencias a las 10 de la mañana.

Costo del autobús ida y vuelta: 500 pesos

Fechas: 4 al 11 de julio de 2010.

Informes: bailetropical09@gmail.com

Invita:
Coordinación de apoyo a Radio Ñomndaa-Suljaa’.

Ojalá podamos encontrarnos aca en Suljaa’, Costa Chica de Guerrero. Pongase en contacto con lxs compas de la ciudad de Mexico al bailetropical09@gmail.com

Saludos cordiales.
Coordinacion General de Radio Ñomndaa

Carta de apoyo a la Costa de Chiapas

A la Sociedad Civil nacional e internacional,
A los tres niveles del gobierno Mexicano,
Al Centro de Derecho Humano Digna Ochoa, Tonala,
Al Consejo Autónomo de la Zona Costa,
A la Otra Campaña nacional y internacional,
A los medios de comunicación.

Denunciamos enérgicamente la agresión que tuvieron nuestros compañeros del Consejo Autónomo de la Región Zona Costa en Chiapas y los compañeros del Frente Cívico Tonalteco, (miembros de la otra campaña), por integrantes de la Sociedad Cooperativa de Industriales de la Masa y la Tortilla “Roberto Avendaño”. Los compañeros se organizaron para proponer un precio justo de la tortilla al pueblo de la ciudad de Tonala, Zona Costa, Chiapas.

Actualmente en esta ciudad, los tortilleros se encuentran bajo influencia de una mafia que decidió desde el año pasado subir el precio hasta 12 pesos el kilo, gracias al monopolio de la Sociedad Cooperativa de Industriales de la Masa y la Tortilla “Roberto Avendaño” y el respaldo que le ofrece el gobierno.

Denunciamos la agresión del 29 de mayo, contra José Alberto Martínez del Frente Cívico, de Nataniel Hernandez Nuñez, del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, y de Marco Antonio Bobadilla.

Hacemos responsables las autoridades por falta de sanciones correspondiente, y así, proteger la Sociedad Cooperativa de Industriales de la Masa y la Tortilla “Roberto Avendano”, y remitiendo que ellos sigan hostigando, agrediendo, y robando para impedir la distribución a precio justo de tortilla en el municipio de Tonala.

Hacemos responsable a dicha Sociedad de lo que pudiera suceder a nuestr@s companer@s de la Cooperativa Autónoma.

Denunciamos la impunidad y falta de acción de los 3 niveles del gobierno ante el empoderamiento mafioso de la Sociedad Cooperativa. Su inacción promueve y legitima el terror en el municipio de Tonala.

Nosotros desde Europa, Argentina Nueva Zelanda y México estamos en alerta y vigilamos la situación en Tonalá, y no aceptaremos más agresiones en contra de nuestros compañeros defensores de los derechos humanos, quienes luchan para proponer un precio justo de la tortilla y defender al pueblo organizado.

Finalmente denunciamos los manejos del gobierno mexicano que no respetan los derechos humanos y la vida humana en general. Nos solidarizamos con l@s companer@s en su lucha justa para darle fin a estas agresiones.

EXIGEMOS
  • La aprehensión inmediata y la investigación imparcial de los autores de esta agresión física y de los daños materiales ocurridos.
  • Exigimos la indemnización de todos los daños materiales en el ataque del 29 de Mayo.
  • Respeto al libre derecho de asociación y manifestación de todos los pueblos organizados.
  • Respecto y protección a la Tortillería Autónoma.
  • Castigo a los responsables de los ataques y fin de las amenazas.
  • Respeto a todos los adherentes de La Otra Campaña.
Desde Francia
Espoir Chiapas / Esperanza Chiapas, Francia
France Amérique Latine Toulouse, Francia
Collectif
Guatemala, Francia
Collectif Digne Rage, Francia

Desde Occitania
Comitat Chiapas Aude, Occitania
Libertat-ero (gauche révolutionnaire d'Occitania), Occitania


Desde Belgica
CZI Coordination Zapatiste Indigène, Liège, Belgica


Desde Grecia
Colectivo ALANA (Solidaridad, Resistencia, Dignidad), Grecia
University Free Underground (UFU), Grecia
Cooperativa de Comercio Alternativo y Solidario "SEMILLA", Grecia


Desde Austria
Caracol mundo-eco de latido en solidaridad, Austria


Desde España
Centro de Documentación sobre Zapatismo - CEDOZ- (Estado Español - México), Espana

Desde Reino Unido
Uk Zapatista Solidarity Network, Reino Unido,

Desde Nueva Zelanda
Wellington Zapatista Support Group, Nueva Zelanda

Desde Mexico

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, México
Kolectivo BoCa En BoCa, México

Desde Argentina
Beatriz Amor, Argentina

Integración para el despojo: el Proyecto Mesoamérica, o la nueva escalada de apropiación del territorio

(Segunda de tres partes)
Mariela Zunino - 08-junio-2010 - num.584
CIEPAC, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

¿En qué consiste el Proyecto Mesoamérica?

El PM comprende 43 proyectos, que se dividen en dos grandes áreas temáticas:

  • Eje de Integración Productiva y Competitividad:
    • Transporte
    • Energía
    • Integración de los Servicios de Telecomunicación
    • Facilitación Comercial y Competitividad
    • Biocombustibles
  • Eje de Desarrollo Humano y su Entorno
    • Salud
    • Cambio Climático
    • Vivienda
    • Desarrollo Rural



Estado de la Cartera de Proyectos (en porcentajes) a junio 2009.





A mediados de 2009, un total de 28 proyectos estaba en ejecución (esto equivale al 65% del total de proyectos), seis proyectos en gestión de financiamiento, siete en diseño y dos proyectos concluidos.(17)

Financiamiento Obtenido por Eje (en porcentajes) a junio 2009.(18)

Vamos a detenernos un poquito en cada área, comenzando por el Eje de Integración Productiva y Competitividad, que es en definitiva el más importante.

Área de Transporte

La construcción de carreteras a lo largo de México y Centroamérica es una de las incitativas con mayor fuerza dentro del PM, y a su vez la que ha tenido más avances en los últimos años. Lo que se pretende es crear un sistema de transporte multimodal, es decir, que permita transportar la mayor cantidad de mercancías por todos los medios posibles, a través de la integración regional desde México hasta Colombia.

Proyectos de Transporte - Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas

El área de transporte está compuesta principalmente por la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM). Ésta comprende unos 13,132 Km. de carreteras, distribuidas en 5 corredores: dos troncales (Pacífico y Atlántico), el Corredor Turístico del Caribe, los Corredores Interoceánicos, y los ramales y conexiones complementarias. Su fin es "la construcción, rehabilitación y mejoramiento de corredores viales, que permitan la integración regional de México a Colombia".

Muchas de estas carreteras ya existen, otras están siendo mejoradas y otras serán construidas. Se espera que cuando se finalicen estas obras, que en un principio se calculaba para 2010, la RICAM permita transportar productos y mercancías desde los países de Centroamérica a los centros de distribución en Estados Unidos en sólo seis días (hoy se tarda entre 11 y 12 días).

El objetivo de la RICAM es "conectar poblaciones, zonas productivas y los principales puntos de distribución y embarque de mercancías", con el fin de "abrir nuevas posibilidades para la integración de Mesoamérica y poner al alcance de los mercados, su producción exportable por vías terrestre, conectando las poblaciones y zonas productivas..."

Corredor del Pacifico: es el proyecto de integración carretera más grande, con 3,152 km de largo que cruzan 6 fronteras y 7 países, iniciando en Puebla, México y terminando en Panamá. Pretende ser "el principal corredor logístico de integración de transporte y comercio de Mesoamérica", con capacidad de transportar el 95% de las mercancías de la región. Los funcionarios hablan de una "carretera cinco estrellas", es decir, "una carretera que cumpla los estándares internacionales de tráfico y seguridad vial, y que sobretodo, permita establecer la ruta más corta entre México y Panamá".

Se prevé que sea un corredor de carga comercial y que sea una ruta alterna a la Panamericana.

En diciembre de 2009, el BID aprobó una suma de 2.6 millones de dólares para este corredor, el cual, según el BID es uno de los proyectos emblemáticos del PM.

Corredor del Atlántico: de 2906 km, también se destinará al transporte comercial y servirá como corredor turístico.

Corredor Turístico del Caribe: de 1446 km, pretende unir varias localidades con el fin de desarrollar al máximo el potencial turístico de la costa caribeña y la selva maya.

En octubre de 2009 fue inaugurada la Carretera El Ceibo, Tabasco (México) - Lagunitas, Petén (Guatemala), la cual pretende integrar el Sureste de México con Centroamérica para "consolidar los intercambios comerciales,... apuntalar nuestras actividades agropecuarias, industriales, comerciales y sobre todo turísticas". La idea es unir destinos de gran atracción turística como Palenque en Chiapas y Tikal en Guatemala, además de unir al estado de Tabasco y "abrir una nueva ruta comercial entre México y Centroamérica".

Corredores Interoceánicos: su longitud total es de 1374 km y su fin la carga comercial y servicios logísticos. Se trata de corredores que atraviesan los diferentes países de una costa a la otra a modo de "canales secos".

Ramales y conexiones: de 4225 km, su fin es que puedan conectar a través de rutas alternas los demás corredores troncales.

"Es de vital importancia el impulsar la facilitaci6n comercial y el fácil tránsito de mercancías entre el Océano Atlántico y el Océano Pacifico, para generar nuevas fuentes de crecimiento económico que generen más empleos en beneficio de la poblaci6n mesoamericana."

Ministros de Obras Públicas y Transporte de Guatemala y El Salvador, agosto de 2007

Indudablemente, facilitar la infraestructura para la mayor y mejor circulación de las mercancías sigue siendo el objetivo emblemático del PM. Para mediados de 2008, la RICAM presentaba un avance físico del 50% en sus obras de construcción y modernización. Para mediados de 2009, el 77,3% del los proyectos del área Transporte estaban en ejecución, el 4.5% concluidos, y el resto en diseño o buscando financiamiento.

Estados de Proyectos en el Área: Transporte (en porcentajes) a junio 2009.

A su vez, el Consejo Técnico de Infraestructura de la Región Sur-Sureste de México, integrado por los nueve estados que conforman esa región - Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Yucatán y Campeche - afirmó en diciembre de 2009 que ya se había alcanzado un 70% en la modernización de la red federal de carreteras, y que se esperaba que para 2010 se realizaran más obras como la autopista de Champotón a Cancún o la carretera de Ciudad del Carmen a Tulum.

Que la construcción de carreteras sea uno de los elementos clave del Proyecto Mesoamérica no es mera casualidad. En particular, la región mesoamericana reviste una importancia geoestratégica trascendental en cuanto a su ubicación en el mapa. La geografía mesoamericana permite una comunicación e intercambio de bienes y servicios con los centros mercantiles más importantes en las cuatro direcciones (Norteamérica, Sudamérica, Asia y Europa) y con la ventaja de contar con costas en ambos océanos (Atlántico y Pacifico).

La imposición de corredores de transporte para asegurar una circulación rápida y eficaz de las mercancías trae consigo el pisoteo del territorio de cientos de comunidades, a la vez que logra una mayor penetración del capital y sus servicios en zonas donde antes no llegaba. Las carreteras de este tipo de proyectos no han sido pensadas para facilitar la circulación y comunicación de personas, menos aún de población campesina o indígena, sino para abrir mercados, transportar mercancías de un punto a otro - facilitando el saqueo de los recursos - y para que el turista circule con mayor comodidad.

Asimismo, la expansión de carreteras es una de las causas mas frecuentes de la deforestación. La selva Maya, región de unos 100 mil kilómetros cuadrados que comprende los estados de Campeche, Quintana Roo, la selva del Peten en Guatemala y gran parte de Belice, está siendo gravemente afectada por la ampliación y el avance de las carreteras del PM. Estudios señalan que, de llevarse a cabo todos estos proyectos carreteros en la región, unas 311.170 hectáreas de selva podrían ser deforestadas en los próximos 30 años.

ÁREA DE ENERGIA

Según documentos oficiales del PM el eje de energía busca promover políticas y proyectos que garanticen la seguridad energética de Mesoamérica, por medio de un abasto energético "diversificado, seguro, confiable y amigable al medio ambiente".

El área de energía es también uno de los componentes estratégicos del PM, ya que constituye la base material para el funcionamiento de los proyectos comerciales a lo largo de Mesoamérica. Además, sabemos cuán rica es Mesoamérica en cuanto a recursos energéticos, lo cual históricamente ha puesto a esta región en la mira de empresas y gobiernos ávidos de recursos estratégicos. De este modo, el área de energía del PM busca asegurar el abasto energético de la región por medio de proyectos como la conexión eléctrica de México hasta Colombia a través de más de 2.500 km de cableados.

El PM lleva implícito una política de reestructuración de la matriz energética en los países miembros, política que ha derivado en la paulatina privatización del sector energético, colocando la producción de energía en manos privadas, a la vez que ha buscado romper la dependencia a los hidrocarburos diversificando las fuentes, como es el caso de la expansión de presas hidroeléctricas en México y Centroamérica. El fin último de esta política apunta al abasto seguro y barato de energía eléctrica destinada a los bloques empresariales e industriales de los diferentes países. Se trata de generar el marco adecuado para atraer las inversiones de las distintas mega-obras que ofrece el PM: la generación de electricidad resulta vital para la construcción y el funcionamiento de los megaproyectos, ya sean carreteras, puertos, industria minera, centros turísticos, maquiladoras o agroindustrias para la exportación.

La disponibilidad energética para los polos industriales queda garantizada por medio de la integración energética entre los diferentes países. Para ello, el PM contempla tres obras de interconexión:

  1. El Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC)
  2. La interconexión eléctrica entre México y Guatemala
  3. La interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia

Mapa Área Energía, fuente oficial.

1 - SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central)

Este proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión de 1,790 Km de largo con una capacidad de 230 Kv. El SIEPAC está a cargo de la Empresa Propietaria de la Red (EPR), en la cual participan empresas e instituciones de los países centroamericanos y de Colombia, y entidades como la Empresa Energética Española (ENDESA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México.

En Junio de 2007 se realizó la primera cimentación de una de las torres del SIEPAC en el tramo Cañas - Parrita en Puntarenas, Costa Rica. La finalización de las obras, previstas para 2010, podrá poner en funcionamiento el Mercado Eléctrico Regional (MER). A principios de 2009, las cimentaciones para el posterior tendido eléctrico tenían un avance para los seis países del 58.3%.

Se estima que el costo total del proyecto asciende a 494 millones de dólares, de los cuales el BID ha aportado el 48%, es decir, unos 240 millones de dólares, lo cual representa la mayor inversión en dinero del BID en el marco del Proyecto Mesoamérica.

La Empresa Propietaria de la Red ha hecho públicos los estudios de impacto ambiental de SIEPAC. Aquí citamos algunos fragmentos del estudio realizado por la consultora "Soluziona"(19) para el tramo de SIEPAC que concierne al territorio de Guatemala:

"Impacto: Ocupación del suelo. Se producirá una pérdida del uso del suelo porque los corredores se desarrollan sobre suelos donde se practican diferentes actividades. Este impacto es valorado como moderado.

Impacto: Contaminación de las aguas subterráneas. Al producirse un derrame o vertido de sustancias contaminantes, como los aceites y combustibles utilizados en los equipos pesados y vehículos, el suelo superficial es el primero en contaminarse y eventualmente las aguas subterráneas si éstas llegan a infiltrarse hasta el nivel freático. Se valora como impacto compatible.

Impacto: Fragmentación de ecosistemas y eliminación de cubierta vegetal. Este impacto corresponde a los cambios o alteraciones en la fisonomía vegetal, debido a la disminución y pérdida de la cobertura (...). En términos generales, este impacto se ha evaluado como negativo...

Impacto: Disminución de especies terrestres y desplazamiento de individuos. El impacto ocurre debido a que las actividades propias de construcción, demandan la tala de vegetación y movilización de maquinaria y equipo, lo cual afectará la estabilidad ecológica de la zona (...) El impacto se considera moderado."

También se señala la alteración del hábitat, la invasión del espacio de especies propias del área, el cambio en el patrón de uso del suelo, etc. El listado de impactos socio-ambientales es extenso y variado, dando cuenta de cómo proyectos de esta índole modifican sustancialmente el paisaje de la flora y fauna de la región. Sin embargo, la mayoría de estos impactos son considerados "moderados" o "compatibles". El estudio concluye de la siguiente manera:

"Con respecto a los impactos identificados que pudieran generarse en las distintas fases del Proyecto, se concluye que éste, al ser ejecutado, no causará impactos críticos sobre el medio ambiente".

2 - Interconexión México -Guatemala

Este proyecto permite conectar al sistema eléctrico de México con el SIEPAC.

En octubre de 2009, los presidentes de Guatemala y México inauguraron las obras de interconexión eléctrica entre México y Guatemala. Calderón afirmó:"esta línea es el primer paso para hacer la interconexión, a la que se ha comprometido mi Gobierno, de todo el Proyecto Mesoamérica; es decir, entre México y Colombia, surtiendo electricidad a todas las naciones centroamericanas".

Su ejecución está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de México, y el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala (INDE).La conexión consiste en una línea de transmisión de 103 kilómetros, la mayoría en territorio guatemalteco (32 Km. en México y 71 Km. en Guatemala). El dinero proviene del BID (56 millones de dólares) y de la CFE.

3 - Interconexión Panamá-Colombia

Interconexión Panamá-Colombia, mapa oficial.

Conectando la red eléctrica entre ambos países, este proyecto pretende unir Centroamérica con Suramérica. En marzo de 2009, los gobiernos de Panamá y Colombia firmaron un acuerdo para iniciar las obras que permitan un intercambio entre ambos países.

Se prevé que la obra se comience a construir a finales de 2010 y que se finalice en 2014.

Su ejecución está a cargo de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), de Panamá, e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) de Colombia. El grupo empresarial ISA es una de las empresas energéticas más grandes de Latinoamérica. Cuenta con más de 38 mil kilómetros de redes de transmisión eléctrica en Colombia, Perú, Brasil y Centroamérica, y más de 10 mil km de fibra óptica para en la región andina.

La obra abarcaría 614 km, incluido un tramo marino de 55 km. El supuesto fin de este tramo marino es para "evitar daños en el ecosistema del Parque Nacional del Darién" y "minimizar el impacto en la Comarca Kuna Yala", aunque si se observa el mapa podemos ver que de todos modos el trazado eléctrico pasará por el "tapón de Darién", uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad en el mundo con cientos de hectáreas vírgenes. Además, el trazado también atraviesa el departamento del Chocó, en Colombia, región también conocida por sus abundantes riquezas naturales y el sistemático saqueo de sus recursos.

Presas Hidroeléctricas

Se calcula que existen planes para construir 381 presas hidroeléctricas a lo largo de Centroamérica y el sur de México.

En 2008 se inició la construcción de la presa hidroeléctrica de El Chaparral, en el noreste de El Salvador, por la gigante multinacional constructora italiana Astaldi S.p.A. Se espera que esté terminada para inicios de 2013. En El Salvador existe una resistencia histórica desde comunidades afectadas en contra de estos proyectos por los daños ocasionados. Unas 10 mil personas de 5 comunidades de la zona se han levantado en contra del proyecto, realizando bloqueos y protestas en San Salvador. El presidente Mauricio Funes declaró que el proyecto sigue su curso pese al impacto ambiental que tendrá, y está intentado negociar con las comunidades afectadas, quienes se niegan a ceder en la defensa de sus tierras. El gobierno construye un "moderno complejo habitacional" con escuela, centros de salud y canchas deportivas para los afectados por la represa, al mejor estilo de las "Ciudades Rurales Sustentables" de Chiapas. En nada beneficia este proyecto a la gente de la zona, ya que la electricidad sería destinada a un mercado regional y no a la demanda interna, como parte del cambio en la matriz energética que sólo beneficia a los complejos industriales, mientras las poblaciones campesinas siguen pagando altas tarifas por su energía eléctrica. Además, el proyecto viola el convenio 169 de la OIT ya que no se realizó ninguna consulta con las comunidades locales.

Con la represa, más de 8.5 kilómetros cuadrados de tierras quedaran bajo el agua, incluidos sitios paleontológicos precolombinos de la cultura lenca. Además, la manipulación del cauce del río Torola implica grandes daños a la flora y fauna de la zona.

Asimismo, en El Salvador se pretende agrandar la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande, agregando una tercera unidad. Esta hidroeléctrica ha causado grandes daños ambientales y el desalojo de cientos de personas. En Guatemala, el grupo empresarial Terra planea construir la represa Hidro Xacbal, en el departamento de Quiché, la cual será la presa más grande de Centroamérica. El Grupo Terra es de origen hondureño y su presidente Fredy Nasser Selman es uno de los empresarios más poderosos de Honduras, a la vez que pertenece a la familia de Miguel Facussé Barjum, uno de los 10 empresarios hondureños acusados de haber financiado y apoyado el golpe de estado en ese país a mediados de 2009(20).

Con respecto a México, sólo en Chiapas, el PM contempla la construcción de más de 10 represas hidroeléctricas, en lo que nos centraremos más adelante. En el estado de Guerrero, pese a la determinante oposición del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), el gobierno sigue insistiendo en dar impulso a la presa hidroeléctrica La Parota. Frente a ello integrantes del Cecop declararon: "Desde ahorita lo decimos: estamos en contra de ese proyecto porque no hay desarrollo y no vamos a permitir que las trasnacionales venga a invadirnos; vamos a defender nuestras tierras (...)"(21).

Programa Mesoamericano de Biocombustibles

Este programa busca la instalación de plantas piloto de agrocombustibles en varios países, con tecnología y asesoramiento de Colombia, experta en estas "energías verdes". Mientras los que impulsan el programa dicen que este programa "apoyará la reactivación de las economías locales mejorando las condiciones de vida de los habitantes de la región", la experiencia en países como Colombia o Brasil -teñidas de conflictos, despojos y militarización - nos dicen lo contrario.

El programa implica la instalación de plantas piloto de biodiesel en Guatemala, El Salvador (en estos países con aceite a partir de jatropha e higuerilla), Honduras (palma africana) y México. Estas plantas tendrán capacidad para producir hasta 10 mil litros de agrocombustibles por día.

En agosto de 2009, el gobernador de Chiapas Juan Sabines inauguró junto a representantes de los diez países de Mesoamérica una planta de biodiesel en Puerto Chiapas, la cual producirá más de 12 mil litros de biodiesel por día a partir del piñón y la palma aceitera. La planta fue construida con asesoramiento y tecnología colombiana. En Colombia, el negocio de los agrocombustibles ha deforestado vastos territorios convirtiéndolos en desiertos verdes, sin comunidades campesinas e indígenas, las que han sido expulsadas de forma violenta de sus tierras para dar paso a la palma de aceite y otros cultivos para agrocombustibles.

En marzo de 2009, el presidente colombiano Álvaro Uribe inauguró la planta piloto de producción de biodiesel con tecnología colombiana en Honduras, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, la cual puede producir combustible a partir de palma de aceite, piñón e higuerilla. También en marzo de 2009, se inauguró otra planta piloto en El Salvador, en el municipio de San Andrés, departamento de La Libertad, donada por Colombia.

Uribe afirmó que al igual que en Colombia, la producción de estos combustibles no dañaran la selva "Colombia y Honduras pueden producir mucho biocombustible, sin tumbar la selva". En la región colombiana del Chocó, una de las zonas más biodiversas de América, miles de hectáreas están siendo deforestadas, quemadas, y plantadas con palma africana. Además, en países como Malasia e Indonesia, la expansión de los cultivos de palma de aceite es la mayor causa de deforestación.

Eje de Desarrollo Humano y su Entorno

El hecho de que para mediados de 2009, sólo el 1,7% del financiamiento haya sido para el eje de Desarrollo Humano y su Entorno nos habla del carácter netamente económico del Proyecto Mesoamérica, basado casi exclusivamente en la generación de la infraestructura para integrar los mercados del norte con los del sur, lo cual desmiente el discurso oficial de una supuesta segunda etapa basada en proyectos de gran impacto social como salud, medio ambiente, vivienda, etc.

Como parte del eje de Desarrollo Humano y su Entorno, y dentro del área de "Desarrollo Sostenible", se encuentra la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA). Su supuesto fin es el de impulsar el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales y los ecosistemas, basándose en tres áreas: biodiversidad y bosques, cambio climático y competitividad sostenible. Su fin es el "mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos mesoamericanos y la preservación de su capital natural y cultural." Entre sus acciones se espera relanzar el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), promover todo un sistema de áreas naturales protegidas, apuntar hacia la "competitividad sostenible", la cual consiste en una "producción más limpia y evaluación de impacto ambiental estratégico para proyectos de infraestructura, minería y otras actividades económicas".

El CBM es un proyecto que se formaliza en la Cumbre de Presidentes de Centroamérica en 1997, cuando los gobiernos de la región comienzan a poner sus ojos en la gran biodiversidad biológica de la región mesoamericana. Su supuesto fin es el de conservar los ecosistemas mediante el establecimiento de conectores biológicos entre las diferentes aéreas naturales protegidas. Al igual que el PPP, el CBM es financiado por el Banco Mundial, el BID, y donaciones de países europeos, Japón y Estados Unidos. Cuando el PPP surgió en 2001, y aunque a nivel oficial nunca fue clara la relación entre éste y el Corredor, quedó en evidencia que el PPP abriría el camino a las empresas trasnacionales y a los gobiernos para la apropiación de la vasta riqueza biológica de la región, organizada ahora bajo la lógica del CBM.

El Proyecto Mesoamérica pretende dar nuevo impulso y reforzar estos patrones que bajo el disfraz de la conservación habilitan el paso hacia el acaparamiento de los recursos, por medio de proyectos como el ecoturismo, la biopiratería, la venta de servicios ambientales, las patentes y los agronegocios. El resultado sigue siendo el despojo del territorio, la mercantilización de la biodiversidad y la consecuente afectación de los ecosistemas. A principios de 2010, el director general del Corredor Biológico Mesoamericano México declaró que en los últimos 25 años se ha perdido la mitad de la cubierta forestal del Corredor Biológico Mesoamericano, principalmente a causa del cambio del uso del suelo y el avance de la frontera agrícola. En los años de vida que tiene el proyecto del corredor, las comunidades que lo habitan "continúan en el mismo grado de marginalidad que hace 20 años", admite el funcionario.(22) Asimismo, la nota señala que en lo que respecta a México, la selva Lacandona es una de las regiones de mayor deforestación del país.

Con respecto a la vivienda, el PM pretende lanzar un "Programa para el Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica", anunciado por el gobierno de México e inspirado en experiencias "exitosas" en distintos estados de México. Calderón pretende desarrollar un extenso programa de viviendas que incluye la financiación de créditos hipotecarios para 50 mil viviendas, con lo cual se buscaría extender el modelo mexicano de construcción de vivienda a lo largo de Centroamérica. En Chiapas, el programa Ciudades Rurales Sustentables, el cual veremos más adelante, busca concentrar a la población dispersa en urbes construidas en gran parte con dinero de empresas, para despejar las tierras y dejarlas al servicio del gran capital, a la vez que tener control sobre las comunidades y romper los lazos sociales al interior de ellas. En este sentido, el presidente del Consejo Consultivo de Ciudades Rurales, Esteban Moctezuma Barragán, también presidente de Fundación Azteca, declaró que "habrá Ciudades Rurales no sólo en Chiapas ni sólo en México, se multiplicarán por Latinoamérica".

(Para información adicional sobre Eje de Integración Productiva y Competitividad y Eje de Desarrollo Humano y su Entorno, en la tercera parte se presenta un ANEXO)

Continuará...
Tercera parte: ¿Y qué hay del Proyecto Mesoamérica en Chiapas?

Notas

17. "Informe de Estado de la Cartera de Proyectos del Proyecto Mesoamérica", Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, Unidad de Seguimiento de Proyectos, junio de 2009.
18. "Informe de Estado de la Cartera de Proyectos del Proyecto Mesoamérica", Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, Unidad de Seguimiento de Proyectos, junio de 2009.
19. "Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV del Proyecto SIEPAC - Tramo Guatemala. Estudio de Impacto Ambiental", Soluziona Calidad y Medio Ambiente, en http://www.eprsiepac.com
20. "Zelaya, abandonado por los suyos", Luis Esteban G. Manrique, 5 de Agosto de 2009.
21. "Cecop: insistencia de Torreblanca por La Parota, porque está al final de su mandato", Francisca Meza Carranza, La Jornada Guerrero, 8 de abril de 2010.
22. "Pierde 50% de cubierta forestal el Corredor Biológico Mesoamericano", Mariana Norandi, Periódico La Jornada, sábado 30 de enero de 2010, p. 30.

Integración para el despojo: el Proyecto Mesoamérica, o la nueva escalada de apropiación del territorio (Primera de tres partes)

La JBG de Roberto Barrios denuncia la Xinich oficial

La JBG de Roberto Barrios denuncia que la Xinich oficial invadió y quemó tierras de la comunidad Choles de Tumbala

CARACOL V QUE HABLA PARA TODOS
ROBERTO BARRIOS, ZONA NORTE, CHIAPAS, MEXICO

A 10 de junio 2010.

JUNTA DE BUEN GOBIERNO
NUEVA SEMILLA QUE VA A PRODUCIR

A la sociedad civil nacional e internacional
A los adherentes de la otra campaña
A la sexta internacional
A los organismos de derechos humanos, nacional e internacional

HERMANOS Y HERMANAS

Denunciamos públicamente los hechos ocurridos en la comunidad CHOLES DE TUMBALA del municipio autónomo El Trabajo, ubicado en el municipio oficial de Palenque Chiapas.

1.- Un grupo de personas de nombres: Gregorio Alvaro Cruz, Miguel Álvaro Montejo, Miguel Sánchez Jiménez, Rafael Alvaro Montejo, Miguel Montejo Arcos, Francisco Montejo Torres, Miguel Méndez Montejo, Santiago López Arcos y Miguel Solís Velasco, que vivían en el poblado zapatista, CHOLES DE TUMBALA, son personas muy problemosos, nunca entendieron la razón ni el respeto a las autoridades y la comunidad. Entonces se organizaron para desalojar a los compañeros bases de apoyo del EZLN, jalaron a 5 de sus familiares para tener fuerza.

2.- Gregorio Alvaro Cruz y Miguel Álvaro Montejo dos de esas 9 personas se contactaron con Mario Landero Cárdenas, dirigente de la organización XINICH oficial, esos lideres metieron 79 personas de sus gentes para invadir la comunidad CHOLES DE TUMBALA. En total suman 93 personas. Este hecho sucedió el dia 20 de mayo del presente año a las 9 horas de la mañana, llegaron sorpresivamente en la comunidad dirigido por Mario Landero, Gregorio Álvaro y Miguel Álvaro Montejo.

3.- El día 21 y 22 de mayo, sin respetar a nuestros bases de apoyo midieron la tierra y la zona urbana de la comunidad, con el apoyo de un topógrafo.

4.- El 2 de junio provocaron un incendio quemando 100 hectáreas del terreno, los que dirigen la invasión acudieron con el forestal de Palenque para ser presencia en la comunidad. Ahora, le están echando la culpa a nuestros compañeros, del incendio, responsabilizando de tumbar arboles y de la muerte de una señora, esto es una señal que quieren fabricar delitos, para justificar un desalojo o una represión en contra de nuestros compañeros base de apoyo.

5.- El 3 de junio se metieron a rosar para milpa en el terreno de un compañero, destrozando 18 hiladas de picante con una longitud de 90 metros, cultivo de un compañero.

6.- El 5 de junio Gregorio Álvaro Cruz y Miguel Álvaro Montejo le repartieron sus solares a la gente que trajeron de afuera.

Un solar colectivo de las compañeras mujeres de 20 metros cuadrados y cercado con alambre de malla en el interior del solar se encontraba un local para aves, lo invadieron le metieron otro dueño. El 9 de junio Gregorio con su gente desbarataron el cerco y apoderándose de 80 metros de alambre de malla, tablas, 40 postes del cerco. El local lo arrancaron lo trasladaron el solar de una señora de nombre Ana López Álvaro.

7.- El mismo dia 9 de junio a las 3 horas de la tarde, 5 de nuestros compañeros bases de apoyo, se encontraban cerca de sus tienda cooperativa, llegaron un grupo de 8 personas armados todos con machete encabezados por Gregorio Álvaro Cruz, todos con lujo de violencia amenazando a matar a los compañeros, los corrieron, algunos compañeros lograron esconderse en el monte y otros en sus casas para evitar ser victimados por el grupo agresor.

En el momento de la agresión Gregorio amenazo violentamente que uno por uno van a ser eliminados y desalojados los compañeros, en el mismo momento le toman fotografía a un compañero. Otro de las amenazas que ha hecho esta persona es que va a meter seguridad pública para desalojar a los compañeros.

8.- Todo estos actos delictivos y amenazas vemos claramente que está promovido y organizado desde el mal gobierno, los actores hacen lo que les pega la gana porque se sienten protegidos por el mismo gobierno.

9.- Los meros cabecillas de este grupo de personas que están creando este conflicto son: Mario Landero Cárdenas, Gregorio Álvaro Cruz y Miguel Álvaro Montejo estos lideres los organiza y los manipula a los demás personas que se han dejado de engañar para ir a tomar un terreno que es habitado por nuestros bases de apoyo.

10.- Queremos dejar claro ante la opinión pública, la Junta de Buen Gobierno quiso arreglar de buen modo para buscar una solución al conflicto, ya citamos tres veces las 9 personas involucrados pero nunca se presentaron, solo burla recibimos les escribimos a Mario Landero que retire su gente que lo llevo para reforzar el grupo violento, pero nunca hizo caso.

Todo estos hechos es la misma estrategia de contrainsurgencia del gobierno burgués que va dirigido en contra de nuestros pueblos que luchan y resisten en contra del plan neoliberal que nos pretende debilitar nuestra resistencia, comprando líderes que sirven los mismos interés de los ricos y de su gobierno, para engañar, confundir y manipular a la gente pobre, llevando a crear conflicto entre los mismos jodidos de nuestra sociedad, como lo está haciendo Mario Landero, Gregorio Álvaro Cruz, Miguel Álvaro Montejo.

Ante toda esta situación queremos dejar claro a la opinión pública, que cualquier consecuencia que pase, los primeros culpables son Mario Landero, Gregorio Álvaro Cruz, Miguel Álvaro Montejo y los tres niveles de gobierno: Felipe Calderón, Juan Sabines y Alfredo Cruz Guzmán.

Somos los legítimos dueños de esta tierra que por historia nos corresponde y porque ahí están los cadáveres de nuestros abuelos, la recuperamos en 1994 y está pagado por la vida y sangre de nuestros compañeros y la vamos a defender como dé lugar cueste lo que cueste.

ATENTAMENTE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO

Diana Pérez Ramírez - Leticia Arcos Díaz

Eliseo Jiménez Arcos - David Gómez Gómez

Puede acceder a más información sobre mapas de Choles de Tumbalá en este link. También puede visualizar una foto satelital de Choles de Tumbalá a más alta resolución.