7/8/10

Periodistas marchan del Ángel a Gobernación para exigir seguridad

Fabiola Martínez/La Jornada 2010.08.07

· Más de 65 han muerto y 11 están desaparecidos, según la CNDH

Periodistas e integrantes de organizaciones civiles marcharán hoy del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación para exigir "un alto a la impunidad y a las agresiones" contra los comunicadores”.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2000 a la fecha 67 periodistas han muerto y 11 continúan desaparecidos, en hechos vinculados a agresiones y amenazas que permanecen impunes.

Los organizadores de la movilización, inspirada en el lema "Los queremos vivos", informaron que al mediodía habrá una concentración en el Angel de la Independencia, donde serán leídos los nombres de las víctimas.

Luego, marcharán en silencio por Paseo de la Reforma rumbo a la Secretaría de Gobernación. Actos simultáneos se realizarán en Chihuahua, Chiapas, Nuevo León y Sonora.

"Hasta ahora, los periodistas han asumido en silencio el duelo de sus víctimas, pero la gravedad de los acontecimientos recientes, sus implicaciones para el periodismo y todavía más para los ciudadanos, nos animan a salir a la calle para demandar protección y responsabilidad compartida", expresan los organizadores.

El reclamo será también por la puesta en marcha de medidas de protección urgentes para los periodistas que trabajan en zonas de alto riesgo y en exigencia de responsabidad compartida con las empresas de medios para el diseño de protocolos de seguridad.

Los organizadores, reporteros de diversos medios de comunicación, señalaron que hace apenas una semana los periodistas mexicanos demandábamos la liberación de cuatro secuestrados en Gómez Palacio, Durango: Héctor Gordoa, Javier Canales, Alejandro Hernández y Óscar Solís, quienes regresaron a sus hogares.

Sin embargo, ese mismo día, fue secuestrado Ulises González García, director del semanario La Opinión, de la ciudad de Jerez. La investigación está abierta, tal como la de cientos de agresiones.
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Periodistas de Chiapas demandan seguridad
Óscar Gutiérrez/El Universal 2010.08.07

· Como parte de la campaña nacional “Los Queremos Vivos”, integrantes de diversos medios de comunicación exigen detener los asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas a periodistas en el país

Periodistas de Chiapas se sumaron a la campaña nacional "Los Queremos Vivos" para demandar garantías de seguridad e integridad en el ejercicio periodístico.

Una treintena de periodistas de diversos medios de comunicación se manifestaron al pie de la estatua de La Libertad en esta capital, para exigir alto a la impunidad de los asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas a periodistas en el país.

De igual forma exigen vigencia plena de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, así como el cumplimiento gubernamental para garantizar la libertad de información.

En el acto, se solicitaron medidas a corto plazo para garantizar condiciones de seguridad del trabajo periodístico en el país.

De igual forma reclamaron mecanismos institucionales de protección a la labor informativa con respeto a la pluralidad, la libertad y la independencia de cada uno de los medios.

En la concentración, corresponsales y reporteros locales expresaron su solidaridad y apoyo por los periodistas desaparecidos y acosados, con mantas y pancartas.
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Periodistas exigen a gobierno frenar agresiones
El Universal 2010.08.07

· Frente a la Secretaría de Gobernación, el gremio periodístico demandó cesar la violencia contra reporteros que día a día se suman a las listas de desapariciones y asesinatos

Tras una hora de marcha silenciosa, en un hecho inédito, el gremio periodístico arribó a la Secretaría de Gobernación para demandar el cese a la violencia contra reporteros que día a día se suman a las listas de desapariciones y asesinatos.

El contingente, integrado por periodistas de diversos medios apoyado por representantes de organizaciones civiles, colocó en la puerta principal de la dependencia mantas cuyas leyendas exigen el freno a las agresiones contra ese gremio.

En medio de aplausos y el grito unísono de: "ni uno más" , en el sentido de no permitir que más periodistas mueran por efectuar su labor cotidiana, también depositaron carteles con consignas contra esos hechos violentos y fotos de reporteros desaparecidos.

A su arribo a la dependencia, donde se escucharon las bocinas de los automóviles y las voces de conductores en apoyo a la protesta, se encontraba el subdirector de Análisis de la Segob, Flavio Hernández, quien recibiría de un grupo de diálogo las demandas del gremio.

La marcha se llevó a cabo en forma pacífica y silenciosa, como se había acordado, y la Secretaría de Gobernación en esta ocasión dejó el acceso libre a sus puestas sin colocar las vallas que suele instalar cuando hay manifestaciones en sus cercanías.

Información relacionada:

Un "solitario de Ponzi"

Immanuel Wallerstein /La Jornada 07/08/2010

Leer los periódicos puede ser una experiencia asombrosa. El 26 de julio de este año, los diarios estadunidenses publicaron dos notas bastante contradictorias. En el primer artículo noticioso, USA Today publicó su pronóstico trimestral de los economistas. El titular decía: Mengua el optimismo de los economistas. Parece que la combinación de desasosiego en Europa, el deslucido crecimiento económico, un mercado de viviendas débil y una desaceleración de la producción fabril hacen muy improbable que Estados Unidos pueda recuperar los 8.5 millones de empleos perdidos a un paso superior al glacial. Además, temen una inestabilidad financiera global.

Así que, con razón, no son optimistas. Uno podría decir que el optimismo congénito de los economistas en torno al mercado mundial finalmente golpeó en la dura roca de la realidad. Algunos de nosotros llegamos a esta conclusión bastante antes. Así que, ¿cómo es posible que, el mismo día, el New York Times publique un artículo de primera plana en torno al vertiginoso aumento de las ganancias de las industrias estadunidenses?

La respuesta, de nuevo, está en el encabezado: Las industrias hallan vertiginosas ganancias en hacer recortes más profundos. No es que las industrias estén vendiendo más productos. De hecho están vendiendo menos. Pero han estado reduciendo costos –es decir, han estado despidiendo trabajadores.

Han descubierto que, si despiden suficientes trabajadores y hacen que los que se quedan laboren más duro, pueden hacer que menores ventas les brinden mayores ganancias. Eso se llama triunfo de la productividad. Ethan Harris, economista en jefe del Bank of America Merryll Lynch, es bastante honesto acerca de esto: Las compañías están exprimiendo sus costos laborales para levantar más ganancias.

Sin embargo, como lo apunta el New York Times, el resultado es que los beneficios se están yendo a los accionistas y no a la economía más amplia. Y las industrias no intentan que esto sea una solución temporal. Porque aun si mejoran las ventas, no planean contratar más trabajadores. Por el contrario, según un ejecutivo en jefe de una gran firma, lo último que nos preocupa es cuándo vamos a añadir más capacidad. Más bien, estamos reconfigurando nuestro sistema operacional completo para darle mayor flexibilidad.

Así, ¿acaso las industrias estadunidenses (y otras industrias en otras partes del mundo) encontraron la bala mágica que les permita expandir sus ganancias para siempre en el futuro? Deben estar bromeando. En los años 20, Henry Ford era famoso por pagarle a sus empleados sueldos más altos que la norma porque, decía, quería que también fueran sus clientes. Sus sucesores en Ford ahora han reducido su fuerza laboral norteamericana en más de 50 por ciento en los últimos cinco años. Más ganancias –pero menos clientes.

Hay un pequeño problema del cual escribieron Keynes y Kalecki –la demanda efectiva. En cualquier cálculo de mediano plazo, si no hay los suficientes clientes, no habrá las suficientes ventas y muy pronto las ganancias se secarán. Las industrias que están incrementando sus ganancias al reducir sus obreros van a tener ganancias crecientes por un breve lapso y luego van a chocar con la dura pared de ladrillos de una deflación seria. Y se desfondarán.

¿No pueden ver esto? Claro, alguno sí lo ven, pero están operando con el principio hedonista de coman, beban y sean felices porque mañana habremos de morir. Podríamos llamarlo un solitario de Ponzi. En los esquemas ordinarios de Ponzi, el operador estafa a otras personas hasta que la casa de naipes se colapse, como le ocurrió a Bernie Madoff. En un solitario de Ponzi, uno se estafa así mismo hasta que se desfonda. Y al igual que los inversionistas de un esquema de Ponzi ordinario (las víctimas potenciales) esperan que el colapso venga sólo después de que hayan logrado ellos sus ganancias, así los jugadores de este solitario de Ponzi (los ejecutivos industriales) confían en que podrán escaparse con sus ganancias personales antes de que la industria completa se colapse. Pues ¡buena suerte!

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

Un niño se enfrenta a las fuerzas israelíes durante la detención de su padre

Zuheir Al-Shaer, en Ma’an News
Traducido del inglés para Rebelión.org por Sinfo Fernández

Las secuencias del video de un niño de cuatro años suplicando a los soldados israelíes que liberen a su padre detenido el lunes pasado han circulado por todo el planeta.


Perro, dame a mi papá. Quiero a mi papá. Quiero a mi papá. Dame a mi papá”, gritaba Jalid Fadel Al-Ja’bari cuando la policía de frontera israelí detuvo a su padre, Fadel, de 36 años, en el pueblo de Al-Baq’a al este de Hebrón, donde la Administración Civil de Israel empezó a destruir lo que describió de ilegal red de regadío.

Badran Jaber, el abuelo del niño, le dijo a Ma’an que habían detenido a su yerno cuando protestó por la actuación de los bulldozer israelíes, que removían los campos plantados de verduras cerca del ilegal asentamiento de Kiryat Arba.

El corazón de los soldados es más duro que una roca. Los gritos del niño no les impidieron detener a su padre, arrancarle las manos que se agarraban a su camiseta y darle patadas”, dijo el abuelo. “Jalid”, manifestó, “no ha dormido desde que detuvieron a su padre.”

El abuelo dijo que los guardias de fronteras, utilizando medios de dispersión, les han impedido repetidamente, a él y a otros vecinos, acceder a unos 30 dunum [30.000 m2] de tierra, de los cuales le pertenecen 18.

Jaber, un dirigente del izquierdista Frente Popular para la Liberación de Palestina, manifestó que la Administración Civil de Israel, acompañada por guardias de fronteras, empezó a destruir la red de irrigación de su granja a las nueve de la mañana, que vecinos y familiares trataron de impedirlo pero que las fuerzas israelíes les atacaron.

Cuando mi hijo Wadi, de 15 años, y mi yerno Fadel trataron de defenderme a mí a y a mi mujer, los soldados israelíes les golpearon antes llevárselos detenidos”, explicó en ese momento Jaber a Ma’an .

Un portavoz de la Administración Civil de Israel declaró el lunes que los inspectores destruyeron las tuberías ilegalmente instaladas que robaban agua de otras fuentes. Añadió que en esa actuación no se había destruido tierra agrícola.

Pero los vecinos de Hebrón confirmaron haber visto a los bulldozer israelíes removiendo la tierra de amplias zonas del labrantío.

Uribe deja a Colombia con 32.000 desaparecidos

Antonio Albiñana, 7 de agosto. Diario Público

- La fiscalía emprende un censo nacional sobre los cadáveres hallados en fosas comunes y los "falsos positivos". Santos sucede hoy al presidente colombiano
- El fiscal detiene a 24 militares por los asesinatos de "falsos positivos"

Los fantasmas de más de 32.000 desaparecidos perseguirán a partir de hoy a Álvaro Uribe, quien se refugiará en la soledad de un apartamento-búnker en un complejo policial de alta seguridad para preparar la estrategia de su defensa ante la tormenta judicial que se le viene encima en cuanto legue la presidencia colombiana a Juan Manuel Santos.

Lo que en Colombia llaman las chuzadas el espionaje ilegal de jueces, diputados y defensores de derechos humanos por el que están en prisión ex responsables de los servicios secretos (DAS) empezó a quemar a Uribe esta misma semana, cuando varios de los principales procesados admitieron que siguieron órdenes directas de la Presidencia, incluso cuando amenazaron de muerte a opositores. El proceso contra el DAS tiene entre rejas a su primer director, Jorge Noguera, nombrado directamente por Uribe, bajo cuyo mandato los servicios secretos facilitaron a los paramilitares datos sobre líderes sociales y sindicales que después fueron asesinados.

Pero lo más grave es que Uribe se despide de la Presidencia cuando la Fiscalía General de la Nación acaba de emprender un censo nacional sobre cadáveres enterrados como "NN" (sin nombre) a lo largo de todo el país, con el fin de cruzarlos con los 32.348 desaparecidos que tiene registrados la Unidad de Justicia y Paz. Una cifra superior a la suma de los desaparecidos en todas las dictaduras de América Latina. Gran parte de estos muertos sin nombre ya han sido confesados como víctimas de masacres por los jefes paramilitares que se han acogido a sentencias benignas (no más de ocho años de cárcel) por confesar sus acciones.

Al menos 1.700 de las víctimas son "falsos positivos": jóvenes asesinados y presentados luego como guerrilleros muertos en combate. Ayer mismo, el fiscal de la región de Nariño ordenó la detención de 24 militares del Batallón Boyacá por matar a 20 personas entre 2007 y 2009 indigentes y campesinos para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. Uno de ellos era un discapacitado que no podía mover los brazos y que fue presentado junto a un fusil.

En muchos de los casos que la fiscalía indaga como "NN", los cuerpos de las víctimas eran enterrados en cementerios clandestinos próximos a cuarteles. Como en La Macarena, cercana a una guarnición de élite del ejército en la región del Meta, donde hay una fosa con unos 2.000 cadáveres sin identificar. La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Cilia Flores, acusa a Uribe de montar una escalada de tensión con su país, "como estrategia para tratar de tapar el genocidio de La Macarena".

Mandato bajo sospecha

Tras un segundo mandato, iniciado en 2006 gracias a una reforma constitucional, Uribe intentó por todos los medios poder ser reelegido de nuevo gracias a un referéndum que volviera a retorcer la Constitución. Pero el Supremo bloqueó su maniobra, y los promotores de la consulta están confesando que la operación fue promovida mediante una financiación fraudulenta a cargo de contratistas del Estado. Incluso la autorización para el segundo mandato que termina hoy, obtenida con una votación parlamentaria in extremis, podría ser declarada ilegal (por haber sido comprados los votos que hicieron posible la reelección en 2006) según la investigación que está a punto de culminar la fiscalía.

Aunque Uribe se despide con una alta popularidad, obtenida con una mezcla de populismo, asistencia social e identificación con una Colombia profunda a la que prometió el final de una guerra que dura ya más de 50 años, los resultados reales de su gestión no pueden ser más negativos. Al inicio de su presidencia, en 2002, Colombia era el cuarto país más desigual de América; hoy es el primero. El Gobierno reconoce que un 46 % de la población está en la pobreza, el 65 % entre los campesinos. Según la CEPAL la cifra podría elevarse al 71 % si se suman los pobres y a los que están en riesgo de serlo.

Millones de desplazados

El colombiano que durante más tiempo ha gobernado el país deja el Palacio de Nariño con el 60% de la población en paro o en la economía sumergida. Más de tres millones de personas son desplazadas: los paramilitares y los caciques regionales, que han apoyado incondicionalmente al uribismo, les han arrebatado más de cinco millones de hectáreas de tierras.

El relato con el que Uribe llegó al poder fue el de la "seguridad democrática": acabar por la fuerza con la guerrilla de las FARC, un empeño en el que fracasó su antecesor Pastrana. Para su reelección agregó la "confianza inversionista" y la "cohesión social". Dice el escritor y periodista Antonio Caballero: "Inseguridad, desconfianza y polarización son el legado que dejan ocho años de tramposos, corruptos y brutales gobiernos de Uribe".

Fuente: Vamos a Cambiar el Mundo

El artículo del Rey del Porno en el Heraldo (del golpismo)

El Rey del Porno en canada se recicla como inversionista turístico en Honduras, apropiándose del territorio de comunidades garífunas

OFRANEH
ofraneh@yahoo.com

El día 4 de agosto publicó el periódico El Heraldo de Tegucigalpa, un artículo de Randy Jorgensen, intitulado en ¨La defensa de la imagen de Honduras¨ (1), en el cual ataca a una reciente columna publicada por IPS (International Press Service), cuya autora Sonia Edith Parra señala algunas de las realidades que se viven en el área protegida de Capiro y Calentura vecina al puerto de Trujillo (2).

Con ese artículo del Heraldo, Jurgensen pretende responder los múltiples señalamientos de las incongruencias que se están dando en la zona de Trujillo. Randy Jurgensen ciudadano canadiense, conocido en su país como el Rey del Porno, sobrenombre que deviene del hecho de ser propietario de la cadena de distribución de porno más grande de ese país, y de sus dos películas: Mi tango con el Porno y SexTV (3). Ahora Jurgensen aparece reciclado como inversionista turístico.

La periodista Sonia Parra denuncia el narcotráfico - noticia nada novedosa en nuestro país- además de las incongruencias en cuanto a la delimitación del área protegida de Capiro y Calentura y las transacciones de tierra que se vienen dando.

Por supuesto que la editorial del Rey del Porno no es más que una apología a la destrucción ambiental que está creando en las montañas de Capiro y Calentura, las que son tierras ferruginosas, altamente inestables y las que al despojarlas de su cobertura vegetal se convierten en ríos de lodo. A Jurgensen el Estado de Honduras le concedió licencias ambientales para su proyecto denominado Life Vision Properties, el 22 y 25 de enero del presente año (4), precisamente en el periodo del gorilato cuando se repartió a manera de piñata cientos de licencias ambientales para proyectos altamente cuestionables.

No obstante haber obtenido el visto bueno de la "administración" Micheletti, los canadienses -como se les conoce en la zona- no han establecido contacto alguno con las Juntas de Agua que controlan el líquido vital que abastece a las comunidades garínagu; además de haber comprado de forma ilícita predios de las comunidades que se encuentran dentro de sus territorios comunitarios, situación que está expresamente prohibida en una cláusula incluida en los títulos que restringe la venta de tierras a personas ajenas a las comunidades.

La comunidad de Guadalupe, acompañada por la OFRANEH, introdujo desde el 2008 una denuncia ante la Fiscalía de las Etnias y del Medio Ambiente, sobre la compra ilegal de terrenos y la deforestación que estaba creando el Rey del Porno en las faldas de la cordillera, en una comunidad considerada de alta vulnerabilidad como lo demostró el huracán Berta en el año 2005. Hasta la fecha ninguna de las dos fiscalías ha efectuado un visita in situ al lugar de los hechos.

Es interesante como Jurgensen se preocupa enormente por la imagen de lo que el llama "nuestro país". Es indudable que la reputación de Rey del Porno en Canadá no le da abasto, ahora sale a la defensa de estas honduras olvidando los trágicos acontecimientos del año pasado y el señalamiento del Banco Mundial sobre como Honduras es el país con la mayor asimetría en la distribución de los ingresos en el continente, además de poseer uno los mayores porcentajes de homicidios en el planeta (66.8 por cada 100 mil habitantes).

Es el feudalismo imperante en Honduras el que claramente convierte el país en un paraíso para extranjeros con ínfulas de reyezuelos. Ya para 1820, el escoces Gregor Macgregor - el cacique de Poyas - perpetró una de las mayores estafas del siglo XIX con la famosa República de Poyas (Localizada en Batalla-Palacios: Laguna de Bacalar), de la cual el corsario vendió acciones por todo Europa durante casi una década. En 1843 por intervención de Federico Chatfield se entronizó en Honduras un inglés como Rey Miskito.

El Rey del Porno interpretó de forma incorrecta la aseveración de la periodista Parra, la que en su artículo en ningún momento señaló a la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) y al Instituto Hondureño de Conservación Forestal (ICF) como ongs. Parra indicó que se vienen utilizando ONGs para el manejo de áreas protegidas, situación que data en Honduras a partir de 1993, donde se le concedió a ciertos empresarios el manejo de zonas claves de biodiversidad en el país.

A lo largo de la costa norte de Honduras, más de la mitad de las 46 comunidades garífunas se encuentran dentro de áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento. No fuimos consultados en su creación y mucho menos incluidos en el diseño de sus planes de manejo. Hoy en día en algunas de estas áreas protegidas, se les entrega a los inversionistas turísticos para que destruyan el medio o ambiente en nombre del desarrollo. Como un ejemplo de esta estrategia de despojo se encuentra el caso de la Laguna de Micos (RAMSAR 722) en la cual se están efectuando labores de rellenos de más de 80 hectáreas del humedal para la construcción de un campo de golf.

Por supuesto que no es nada extraño que "El Heraldo" le haya abierto las puertas como medio de respuesta al Rey del Porno. Dicho periódico propiedad de Jorge Larach Canahuati, el que se destacó como uno de los promotores del descalabro de la otrora incipiente democracia hondureña, y a través de su labor de desinformación se dedica a mantener el status quo en un país sumido en la miseria.

Dos siglos después de la aventura de Gregor Macgregor, persiste la creencia en el supuesto beneficio de entregar nuestras costas a los extranjeros como una forma de lograr superar la pobreza en que nos mantiene el colonialismo. Aún es más agravante la sensación de una Honduras que ha naufragado en una especie de narcodemocracia, donde a pesar de los aparentes esfuerzos en "reprimir¨el narcotráfico existen zonas donde las instituciones estatales no poseen ninguna influencia, como ha quedado demostrado con el caso de Vallecito, paraje no muy lejano a la Bahía de Trujillo.

Los garífunas fuimos expulsados de San Vicente como resultado de nuestra lucha por la libertad y la defensa territorial del ultimo bastión de los caribes en la Antillas. Al arribar a Honduras fuimos poblando sectores que en ese momento eran terra nullius. Durante dos siglos efectuamos un uso racional del entorno hasta el punto que declararon - sin consultarnos- buena parte de nuestro territorio en áreas protegidas. La aparición de Randy Jurgensen en las frágiles montañas de Trujillo, Santa Fe, San Antonio y Guadalupe con sus delirios empresariales, pone en riesgo la existencia de nuestras comunidades localizadas en el pie de montaña. Esperamos que este "neohondureño", cese de creer que nuestro territorio son parte de sus películas porno.


Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

La Ceiba 6 de Agosto del 2010

(1)http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/08/04/Opinion/En-defensa-de-la-imagen-de-Honduras
(2)http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95724
(3)http://www.imdb.com/name/nm1495141
(4)http://lifevisionproperties.files.wordpress.com/2010/02/serna-av-beach1.jpg
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1199599.stm

6/8/10

Comunicadores marcharán del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación

De la Redacción / La Jornada

Para exigir un alto a la impunidad y a las agresiones, reporteros y trabajadores de medios de comunicación impresos y electrónicos realizarán este sábado 7 de agosto una manifestación que partirá del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación.

La demanda central será seguridad en el cumplimiento de la labor periodística, y la intervención inmediata de las autoridades en los casos de agresiones pendientes de investigación, así como la puesta en marcha de medidas de protección urgentes para los periodistas que trabajan en zonas de alto riesgo.

Informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que en menos de 10 años suman 64 los periodistas asesinados y 11 los desaparecidos.

El comité organizador de esta manifestación, denominada Los queremos vivos, señala que tan sólo en el primer semestre de este año diez periodistas han sido asesinados, hay 11 desaparecidos y se cuentan al menos 54 casos de violencia contra trabajadores de medios de comunicación de 19 estados.

Dicho comité, conformado por organizaciones civiles y trabajadores de diversos medios de comunicación, señala que los cientos de agresiones y las decenas de asesinatos y desapariciones se acumulan en los archivos de las procuradurías estatales y en la Fiscalía Federal para los Delitos contra Periodistas.

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ACCION URGENTE, Oaxaca: prepara el estado escenario para ataque al Padre uvi, defensor de los derechos humanos

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO” A. C.

PREPARA EL ESTADO ESCENARIO PARA ATAQUE AL PADRE UVI, DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.

AMENZA LA UBISORT AL PADRE UVI, CON LA COMPLICIDAD DE AUTORIDADES ESTATALES.

ANTECEDENTES:

El Padre R. Fco. Wilfrido Mayrén Peláez, mejor conocido como “Padre Uvi”, Defensor de Derechos Humanos, fundador del Centro Regional de derechos humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” AC. y coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, con un amplio y bien reconocido trabajo en el ámbito de los derechos humanos desde 1992, ha intervenido en infinidad de casos en los cuales su postura principal siempre ha sido la solución pacifica de los conflictos que viven las comunidades del Estado de Oaxaca. Desde hace 18 años, ha intervenido en la resolución de conflictos inter comunitarios siempre por la vía pacífica; un ejemplo de ello fue su colaboración en el conflicto agrario que tuvieron durante mucho tiempo las comunidades de Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan, el cual dejo mas de 500 muertes y una herencia de dolor muy grande, incluso por su labor que desarrolló en ese entonces fue atacado en 1998, con armas de fuego, en un atentado en el que afortunadamente resultó ileso. En el año 2006, junto con el maestro Toledo y el Padre Obispo Arturo Lona, participó en la comisión de intermediación entre el gobierno del Estado y el Magisterio de la Sección XXII, ésta participación le ocasionó que en varios medios de comunicación lo ligaran a la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) y lo relacionaban con la guerrilla. Después asumió la defensa de un líder sindicalista que fue torturado por policías, por su intervención en el caso lo amenazaron en diferentes ocasiones por mensajes a su Celular.

Ante el ataque al Padre Martín él hace una serie de comunicados respaldando su trabajo y exigiendo al Estado respetar la labor ministerial del Padre y su labor como defensor de derechos humanos; en el mes de junio El Padre Martín es secuestrado y torturado por un grupo de priistas a favor de la mina en San José del Progreso y a raíz de la privación ilegal de la libertad y las lesiones que le ocasionaron, el padre Uvi asumió su defensa. Por su intervención en el caso en diferentes medios de comunicación se publica que el Padre esta vinculado a un grupo armado.

El 27 de abril del año 2010 cuando se enteró de la muerte de Bety Cariño y Jiry Jaakkola, él de manera publica denunció los hechos ocurridos, demando la investigación inmediata y exigió al Estado asumir su responsabilidad frente a estas muertes; después el Municipio Autónomo de San Juan Copala buscó al padre para que interviniera en el caso ya que la comunidad se encontraba en condiciones graves, a lo que él accedió y facilitó que fueran los agraviados quienes denunciaran lo que estaba pasando en la comunidad, él acercó a varios medios y organismos internacionales para que conocieran la situación que prevalece en el lugar.

HECHOS:

El dos de Julio de este año los representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala acuden a una entrevista con la Eurodiputadas Satu Hassi y Franziska Keller que visitaban Oaxaca, uno de los temas era conocer la situación de los derechos humanos y especialmente obtener información sobre el caso Copala, al salir de la reunión se dieron cuenta que eran perseguidos por los líderes de la UBISORT, ellos decidieron refugiarse en la Parroquia de Xochimilco, lugar de trabajo del Padre Uvi, a partir de este hecho sus colaboradores le avisan que gente sospechosa estuvieron rondando la parroquia por cuatro días.

El pasado treinta de Julio a raíz del asesinato de uno de los líderes de la Ubisort precisamente un día antes este grupo armado envía un boletín acusando al Padre Uvi de la muerte de su líder y a partir de este boletín algunos medios ligados totalmente al Gobierno del Estado como lo es el diario “Despertar” ubica en primera plana el día dos de agosto la nota titulada “El Padre UVI violenta la región Triqui” escrita por el supuesto reportero JORGE VEGA, quien retoma la acusación que hace la Ubisort por la muerte de su líder Anastasio Juárez. Además, el “director” del diario confecciona su nota “Milicianos y activistas subversivos rechazan al Ejército en los triquis” propiciando que se apruebe un ataque jurídico y/o físico en contra del Padre Uvi.

Nos preocupan los ataques que se han dado en contra del Padre ya que han sido cada vez más continuos y fuertes, inicia con una campaña a través de distintos medios para con esto crear una corriente de opinión en contra de su labor, desafortunadamente en Oaxaca son muchos los casos de ataque a defensores y creemos que gente del Gobierno y grupos en complicidad puedan atentar contra su integridad física y psicológica del defensor de los derechos humanos, ya que ante distintos hechos el gobierno ha protegido con toda impunidad algunos grupos, como en este caso es la UBISORT .

Conociendo la actuación del gobierno del Estado de Oaxaca y del grupo de la Ubisort, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, personas y medios internacionales para que estén atentos y se pronuncien por la responsabilidad que tiene el Estado Mexicano para garantizar la seguridad, proteger la vida y permitir el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en Oaxaca.

Pedimos enviar sus llamamientos a:

GOBIERNO FEDERAL:

· INVESTIGACIÓN REAL Y APEGADA A DERECHO SOBRE EL ATAQUE A LA PRIMERA CARAVANA HUMANITARIA DE OBSERVADORES INTERNACIONALES DONDE PIERDE LA VIDA BETY Y JIRY.

· ALTO AL ATAQUE A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE OAXACA

· HACER RESPONSABLE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA DE CUALQUIER AGRESION FISICA, PSICOLOGICA Y MORAL QUE SE DE EN CONTRA DEL PADRE UVI.

· A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE INTERVENGA DE MANERA INMEDIATA EN TODAS LAS VIOLACION A A DERECHOS HUMANOS QUE SUFRE EL PUEBLO TRIQUI.

Enviar cartas a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente Constitucional de la República Mexicana

Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 55 27891100; Fax: +52 55 527 72 376. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. José Francisco Blake Mora

Secretario de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX +52 (55) 5093 34 14. E-mail: secretario@segob.gob.mx

Lic. Arturo Chávez Chávez

Procurador General de la República

Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: “tono de fax, por favor”), E-Mail: ofproc@pgr.gob.mx / wmaster@pgr.gob.mx.

Dr. Raúl Plascencia Villanueva

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

(55) 56 81 71 99, E-mail: correo@cndh.gob.mx

Dr. José Antonio Guevara Bermúdez

Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos – SEGOB

Av. Paseo de la Reforma 99 Piso 19 Tabacalera, Cuauhtémoc, Distrito Federal, 06030, Tel: (55) 5551-28-00 Ext: 11863, E-mail: jguevara@segob.gob.mx

S.E. Sr. Juan José Gómez Camacho

Misión Permanente de México ante las Oficinas de Naciones Unidas en Ginebra

Fax +41 (22) 748 0708, E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

S.E. Sra. Sandra Camila Fuentes-Berain Villenave

Embajadora de México ante las Comunidades Europeas y Observadora Permanente en el Consejo de Europa

Fax +32 2 644 08 19 Tel. +32 (2) 629 0777 E-mail: embamex@embamex.eu

Sr. Alberto Brunori

Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Fax +52 (55) 5061 6358; E-mail: oacnudh@ohchr.org

Relator Especial sobre las y los defensores de los derechos humanos

defenders@ohchr.org

Fax (+ 41 22) 9179633

Sr. Santiago Cantón

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Fax +1 (202) 458 3992 E-mail: cidhoea@oas.org

Sra. Navanethem Pillay

Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Fax +41 22 917 9000 E-mail: civilsocietyunit@ohchr.org

Favor de marcar copia de sus escritos a:

Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C.

Mariano Azuela 203, Col. José Vasconcelos, C. P. 68120, Oaxaca México

Tel/Fax (01951) 51 4 16 34, E-Mail: barcadh09@gmail.com o barcadh@prodigy.net.mx

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Las políticas ecocidas del Gobierno del D.F. de México

La supervía poniente, una de los proyectos más ambiciosos de la actual administración de Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF) es un autentico ecocidio.

Este megaproyecto vial forma parte del proyecto integral “autopista urbana”, descrito en el sitio web del propio gobierno, se presenta como un sistema conjunto de vialidades interconectadas que contemplan las localidades de Querétaro, Toluca y Cuernavaca, para lo cual se necesitaran vialidades elevadas en anillo periférico norte y sur, así como un sistema vial de puentes, túneles y distribuidores en el sur poniente de la ciudad; este último llamado la supervía poniente; la justificación gubernamental es que se busca “construir una ciudad mejor comunicada con vialidades y transporte público moderno, ordenado, económico, y seguro en beneficio de las presentes y futuras generaciones”. Sin embrago los vecinos afectados por la construcción señalan lo contrario.

Para la construcción de la supervía el GDF ha comprado predios a precios irrisorios, los que se niegan a vender son amenazados y hostigados en su domicilio y los que vendieron fueron contratados por el propio gobierno capitalino para que derrumbaran sus propias casas.

Un aspecto importante de la supervía es que tendrá un costo como mínimo de 28 pesos, lo cual la hace inadmisible para el conglomerado de la localidad, según estudios del mismo gobierno la afluencia de vehículos crecerá de 8,000 a 65,000 vehículos por día; sin embrago al no contar con la respectiva cuota muchos automovilistas buscaran salidas por las calles aledañas, propiciando un mayor caos vial del que se piensa combatir.

Debido a la filtración que existe en los mantos acuíferos, la zona nutre con casi el 70% de agua a la ciudad, lo que coloca a la Magdalena Contreras como la delegación con mayor cantidad de agua, la construcción del proyecto romperá con el modo y medio de vida no solo de los habitantes, sino también exterminara paulatinamente muchas especies silvestres que se encuentran ahí, una vez que se rompa la montaña para que pasen los túneles.

El sábado 24 de julio entro la maquinaria del GDF e inicio la demolición de predios expropiados, los derrumbes eran tan fuertes que los vecinos salieron de sus hogares con el miedo que produce el sonido de los vidrios al romperse y las vibraciones en sus casas que dejaban las demoliciones, el miedo se convirtió en rabia y la rabia en organización; lo que dio como resultado el plantón permanente que el pasado lunes se instalo dejando suspendidos los trabajos con la maquinaria. Ante esto surgió nuevamente el autoritarismo del jefe de gobierno quien señalo que el proyecto ya estaba, que no se iba a suspender y que entendieran que era para un beneficio común, sin embargo “el plantón no se levantara hasta la cancelación definitiva del megaproyecto que ha trastocado de manera significativa nuestras vidas” señalaron los afectados.

Esto es solo el principio, comentan los vecinos, “una vez que entre la supervía, entraran todos los proyectos inmobiliarios para la gente rica que dejaran ganancias al GDF y a las empresas constructoras, mientras nosotros somos expulsados de nuestras tierras”; casi 300 familias han salido de sus predios y se esperan mas de 400 expropiaciones en los próximos meses.

Los afectados se han organizado en el Frente Amplio Opositor, agrupación vecinal cuyo objetivo es claro, detener el proyecto de la supervía, con diferentes modos y medios buscan hacerle frente al terrible ecocidio encabezado por Marcelo Ebrard, “ningún gobierno tiene derecho a decidir el futuro de los niños” comentan. La empresa constructora es Obrascon Huarte Lain (competencia directa con grupo Carso), la misma que construyo el proyecto bicentenario en el Estado de México y a la cual se le otorgo la licitación sin someterla a concurso, un regalo directo del GDF.

El gobierno de la ciudad tiene en mira la zona desde por lo menos hace 18 años, sin embargo al concretarse el proyecto hace 2 los vecinos han exigido un debate público entre el jefe de gobierno acompañado de sus funcionarios, los afectados e investigadores expertos en el tema, para decidir si es viables el proyecto, al no contar con los argumentos legales, sociales y ecológicos, el gobierno del Distrito Federal simplemente se ha negado.

Las futuras generaciones en la Ciudad de México contaran con supervías de cuota, pero no contaran con agua, un líquido vital privatizado ya en los ejidos de San Francisco Tlaltenco al oriente de la ciudad por otro proyecto neoliberal del gobierno de “izquierda” capitalino, la construcción de la línea 12 del metro que al igual que la supervía traerá elevados costos sociales, ecológicos y humanos para los ya de por si expoliados habitantes de esta ciudad que a pesar de todo, no se rinden, se organizan y luchan.

Fuente: www.ecoportal.net

Miles de rabias un corazón… Zapata vive y los Caracoles siguen

A 131 años del nacimiento de Emiliano Zapata y a 7 de la creación de los caracoles zapatistas, la lucha, resistencia y organización siguen.

Invitamos al pueblo de México a participar en el evento político “MILES DE RABIAS UN CORAZÓN…ZAPATA VIVE Y LOS CARACOLES SIGUEN” el día 8 de Agosto de las 12 a 17 horas. En el Hemiciclo a Juárez de la Alameda.

Contaremos con exposiciones, talleres, música, materiales de difusión y denuncia sobre lo que pasa en las comunidades indígenas zapatistas así como de los avances y logros de los caracoles.

INVITAN: Colectivo de Abogados Zapatistas, Mujeres Tejiendo Resistencias, CE-ACATL, Telefonistas Zapatistas, Coyotic, La Otra Azcapotzalco.

5/8/10

Manifestación contra las Agresiones a Periodistas en México

Redacción NotieSe

México DF, agosto 05 de 2010.
A los propietarios y concesionarios de medios de comunicación,
A los directivos de periódicos, revistas, canales de televisión y estaciones de radio,
A los columnistas, editorialistas, conductores de noticiarios y líderes de opinión,
A los estudiosos de los medios de comunicación,
A los jefes de información,
Presente:

Nosotros, reporteros, reporteras y trabajadores de medios de comunicación impresos y electrónicos del país, preocupados e indignados por la escalada de violencia que afecta principalmente a nuestros compañeros y colegas de las entidades de la República, convencidos de la necesidad social de nuestra labor y de la urgencia de salvaguardar el derecho a la información y la libertad de expresión en condiciones de plena seguridad, nos dirigimos a ustedes para solicitar su apoyo y adhesión a la primera Manifestación contra las Agresiones a Periodistas en México, convocada para el próximo sábado 7 de agosto a las 12:00 horas.

Esta movilización, que partirá del Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, a la sede de la Secretaría de Gobernación, en avenida Bucareli, es la expresión y concreción de inquietudes y preocupaciones de reporteros, redactores, editores y trabajadores de los medios de comunicación de todo el país que, sin siglas ni membretes, hemos decidido demandar justicia para las víctimas de agresiones y asesinatos, condiciones de seguridad para ejercer nuestra labor cotidiana y acciones concretas a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información.

La violencia ha sometido a distintos sectores de la sociedad mexicana. Nosotros, que todos los días lo reportamos, no hemos sido la excepción.

Como lo evidencian los acontecimientos más recientes ocurridos en Gómez Palacio, Durango, reporteros, camarógrafos y reporteros gráficos somos el eslabón más débil en la industria de la comunicación: es a nosotros a quienes agreden físicamente, a quienes amenazan, a quienes secuestran, a quienes asesinan, a quienes acosan, quienes dejamos en la indefensión a nuestras familias, quienes padecemos, día tras día, el repudio y las agresiones sólo por portar una libreta, un logotipo, un micrófono, una cámara, una grabadora: por hacer nuestro trabajo.

Convencidos de que es hora de que todos los periodistas de México se sienten a dialogar, a discutir, a buscar, con su pluralidad de posiciones y opiniones, la forma de garantizar el ejercicio pleno del oficio y el derecho de los ciudadanos a la información en cada rincón del país, lanzamos este llamado para que nos respalden, nos acompañen, en los siguientes planteamientos:

1.- ¡Alto a la impunidad en torno de los asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación! ¡No más agresiones!

2.- Las instituciones del Estado mexicano, y los diferentes órdenes de gobierno, tienen el deber y la obligación constitucional de garantizar el pleno acceso y disfrute de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información, para los periodistas y la sociedad en general, sin distinción de posiciones ideológicas o políticas. Esos derechos, que deben tener plena vigencia para todos los mexicanos, no pueden, en modo alguno, suspenderse, acotarse, negociarse o transferirse. ¡Que se cumplan! ¡Que se hagan cumplir!

3.- Que se pongan en marcha, de inmediato, los mecanismos institucionales de protección a la labor de los periodistas, con pleno respeto a la pluralidad, la libertad y la independencia de todos y cada uno de los medios de comunicación.

Reconociéndonos diferentes, plurales en nuestros respectivos puntos de vista, llamamos a todos ustedes a participar en nuestro acto de solidaridad con los colegas muertos, amenazados, con los 64 reporteros cuyos crímenes no han sido resueltos, con los 11 que continúan desaparecidos.

Les convocamos, también, a dar los primeros pasos para emprender acciones transformadoras concretas, de conjunto, para defender ese bien común que, sin su participación activa y contundente, estará a la deriva: el periodismo mexicano.

Atentamente:

Periodistas, editores y trabajadores de medios de comunicación mexicanos

Notas relacionadas:
Agresiones a periodistas

Proponen a reporteros de la fuente policiaca utilizar chalecos antibalas

· La medida corresponde a un protocolo de seguridad en Chihuahua

Rubén Villalpando / La Jornada 05/08/2010

Ciudad Juárez, Chih., 4 de agosto. Asociaciones de Periodistas de Chihuahua, con la intermediación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), aprobaron un protocolo de seguridad para los comunicadores que integra el uso de chaleco antibalas para salvaguardar la vida de quienes cubren la fuente policiaca.

El protocolo indica, además, el uso de casco, prohíbe acercarse a una escena del crimen antes de que arriben las fuerzas del orden, estacionar el vehículo en un lugar cerca para retirarse rápido, a menos de 20 metros del lugar, y llevar mapas de la ciudad.

El titular de la CEDH, José Luis Armendáriz, destacó la importancia de este protocolo que se realizó en coordinación con diferentes asociaciones de periodistas de la entidad.

El presidente del Colegio de Periodistas de Chihuahua, Valentín Ramírez, dijo que las medidas se tomarán de manera voluntaria, pero aclaró que son necesarias al recordar el atentado con el coche bomba el 14 de julio pasado, en el que un camarógrafo quedó lesionado por el estallido y hace unos días en un ataque con granadas a elementos de la Policía Federal por parte de sicarios, comunicadores quedaron en medio del fuego cruzado.

En los pasados 12 años, estadísticas de homicidios indican que en Chihuahua 14 reporteros fueron asesinados. Aparte, en los 14 meses recientes, 29 sufrieron agresiones.

En otro hecho, 150 periodistas se manifestaron frente al palacio de gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del estado el pasado 16 de julio en la capital de Chihuahua y Ciudad Juárez para protestar contra la inseguridad y violencia de que son objeto durante su labor.

Las mesas de discusión para establecer el protocolo fueron instaladas el 26 de julio y tienen por objeto elaborar una guía de procedimientos a seguir por parte de reporteros, funcionarios de gobierno y la policía en casos de amenazas, desastres, siniestros y entrevistas en la calle, con el fin de dar facilidades a la prensa en la cobertura de los hechos, al mismo tiempo que se les proteja. Para integrar dicho documento se realizaron siete sesiones de análisis que contiene las recomendaciones y procedimientos que se deben seguir en acciones de alto riesgo, para lo cual se tomó como base el protocolo que se sigue en Colombia.

Linchamientos, en la impunidad

Autora: Paulina Monroy
Proceso

La justicia está ausente en el caso del adolescente linchado en Salina Cruz, Oaxaca. En el estado con el mayor número de linchamientos, se violentan los derechos humanos de quienes son víctimas de la agresión popular. A cinco meses de lo ocurrido, la madre de Jordy Alberto Gómez Ortega sigue exigiendo que la muerte de su hijo no quede impune.

Este 18 de julio, Jordy Alberto Gómez Ortega habría cumplido 17 años. Fue el mayor de cuatro hermanos. Concluyó con buen promedio el primer año de secundaria. Trabajó como chalán de albañil, vendedor de tortillas y ayudante de mecánico. Cuando había comida, prefería dársela a su hermano. Nunca le decía que no a un amigo. Se dejaba el cabello largo porque le gustaban sus “chinos”. Hace cinco meses, el 18 de febrero, lo acusaron de ser copartícipe de un robo. Más de 100 personas lo lincharon en Salina Cruz, Oaxaca. Apenas era un adolescente.

De acuerdo con la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (Cddhoax), cerca de 108 taxistas lo agredieron. A las tres de la mañana, comenzó el tormento del adolescente. Sobre la explanada del Palacio Municipal, recibió los primeros golpes para después ser llevado en un taxi a la salida de Tehuantepec.

Jordy fue bajado en dos ocasiones: en El Zapotal y en Cruceritos. En cada parada se sumaban más y más taxistas. Lo metieron en la cajuela y, luego, lo arrastraron por el fraccionamiento La Noria, donde Jordy vivía con su padre. En su viacrucis fue arrastrado, torturado, atropellado y finalmente quemado frente al monumento Faro de Cortés.

Estaban presentes elementos de la Policía Estatal, reporteros y fotógrafos. Las imágenes registraron el final de Jordy: él está de rodillas y ensangrentado de la cara. Un hombre le enseña el cerillo, le indica que lo van a quemar. Después le rocían gasolina. Su madre, Marahí Ortega, declararía que su hijo se fue envuelto en una bolsa de plástico porque no fue posible vestirlo ni embalsamarlo. Tan mal quedó.

“Él pedía clemencia y perdón. Sus gritos se oían a dos cuadras y nadie lo ayudó”. Hasta el último momento, Jordy aseguró que era inocente. Lo acusaron de haber apuñalado en el corazón al taxista Ángel Manuel Jiménez Vásquez para quitarle el vehículo. Dijeron que iba acompañado, pero el otro joven huyó.

La Organización Continental de Derechos Humanos asegura que no hay denuncia alguna ni tampoco evidencia del supuesto robo y lesión. María Elena Gil Valle, apoderada legal de la asociación, expone que “con esas versiones justifican la acción contra el adolescente y llevan a la opinión pública a creer que fue justo lo sucedido”.

Marahí refiere haber visto dos declaraciones distintas del taxista supuestamente agredido. En la primera aseguró que alguien más lo había apuñalado; en la segunda, se retractó y acusó al “muchacho flaco”, Jordy.

Pide que se haga una investigación que aclare el paradero del taxi que aparentemente fue robado, el mismo que apareció en las fotografías tomadas durante el linchamiento y, horas después, en el taller de su exesposo. “¿En qué momento mi hijo llevó ese taxi si ya estaba muerto? Lo quieren involucrar”.

El artículo 17 de la Constitución establece que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. El Ministerio Público inició el legajo de investigación 218/SC/2010 en contra de quienes resulten responsables en la comisión de homicidio calificado. Aunque en las imágenes se identifica a los agresores, hasta el momento no hay ningún indiciado ni detenido.

De acuerdo con el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Oaxaca ocupa el primer lugar entre los estados con más linchamientos que culminan en la ejecución de la víctima. Aún así, según la prensa local, el gobernador Ulises Ruiz calificó lo sucedido con Jordy como un caso aislado.

Sin que la Policía Estatal ni la municipal protegieran la integridad del adolescente, las corporaciones se justifican de no haber actuado. En tanto, el Ministerio Público de Salina Cruz no actúa de ninguna forma, denuncian Marahí y la Organización Continental de Derechos Humanos. “Encubren a los asesinos”, señalan.

“Destrozaron vidas”

La vida sin Jordy es dolorosa. Así resume Marahí Ortega los últimos cinco meses. La madre y los tres hermanos del adolescente dejaron Salina Cruz por las amenazas y las intimidaciones. Están escondidos y piden su vida de regreso. Ni siquiera pueden visitar la tumba de Jordy.

Cuando Marahí mide los daños, no le alcanzan las palabras: “Dejaron una vida truncada, una familia destrozada, un hermano con neurosis y unas niñas tristes, acomplejadas y distraídas”. Tienen la vida desecha, enuncia. El hermano de Jordy necesita medicamentos para controlar la neurosis y las dos pequeñas perdieron el año escolar.

“No les hicimos nada. No matamos y somos los que tenemos que huir. No es justo”. Marahí no tiene miedo, sino coraje. Dice que se tiene que hacer la fuerte para exigir justicia.

Del pueblo donde Marahí creció, ya no queda nada. Si antes los niños y jóvenes salían a divertirse, ahora Salina Cruz es un nido de corrupción. Marahí se lamenta: “Se volvieron salvajes y primitivos, y la gente está muy indefensa”.

Hasta las cinco de la tarde del 19 de febrero, Marahí pudo ver el cuerpo de su primogénito. “¡Con qué salvajismo metieron a mi hijo a la cajuela! Se burlan entre ellos de cómo azotó su cabeza y se oyó un eco fuerte. Dicen: ‘Éste ya se desnucó’”. Tanta saña contra él, no se la explica.

Recuerda de Jordy su corazón noble. Por esa cualidad suya, nunca abandonó al amigo que lo acompañaba esa noche, un joven con problemas. La madre lo dice: “Como todo adolescente, Jordy tenía buenas y malas amistades”.

Marahí está arrepentida. De haber vivido juntos, quizás nada le hubiera sucedido. Jordy se quedó con su padre para estudiar, trabajar y quizás mejorar su relación con él; sin embargo, el abandono y el descuido de su progenitor lo obligaron a refugiarse con sus amigos.

Asegura que nunca anduvo en malos pasos. Le queda ese consuelo cuando habla de las posesiones de Jordy: cosas viejas y zapatos rotos. “Un delincuente tiene dinero; mi hijo, nada”.

No desea que los responsables pasen por el calvario de Jordy: “Lo que quiero es que vivan con su remordimiento y que, cuando crezcan sus hijos, alguien les pregunte si eso les gustaría que les hicieran. Se mancharon con la sangre de un niño. No le dieron la oportunidad de defenderse”.

Marahí hubiera preferido que lo detuvieran: “Yo tendría a mi hijo”. Con todas las heridas que recibió Jordy, acepta Marahí, no hubiera vivido. “Que lo hubieran dejado así, pero hacerle la burla de quemarlo. Los policías lo único que hicieron fue echarle una cubeta de agua”.

Por hacer caso omiso y “andar con los que mataron a su hijo”, denunció a los elementos de seguridad: “En otros lugares salvan a los que quieren linchar y que sí son culpables, pero en Salina Cruz la policía es la ‘solapadora’ de los delincuentes”.

Solicitó una explicación, pero sólo encontró contradicciones. Incluso esperó días para que el médico legista emitiera el acta de defunción. De manos de la fiscal en jefe del Ministerio Público de Salina Cruz, Elvia Hortensia Carmona Rivera, recibió las fotografías de la muerte de su hijo. Dice que se veían los rostros de quienes lo arrastraron, lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego; no obstante, aplazó la promesa de girar órdenes de aprehensión en sólo dos semanas. Marahí presentó una denuncia en su contra ante la Procuraduría General de la República por el delito de omisión.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos define que es obligación “cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.


No obstante, cada vez que Marahí acudía a la agencia del Ministerio Público a presentar su denuncia, no se le permitía. La fiscal le negaba la atención porque tenía otras cosas de qué ocuparse. Según relata Marahí, lo único que contestó la fiscal fue que los líderes de los taxistas no querían que delataran a los suyos.

Lo último que le explicó Carmona Rivera es que el expediente del caso era confidencial. Argumentó que la información estaba siendo manipulada, por lo que Marahí tendría que presentarse para entregarle personalmente una copia; por precaución, la afectada no fue. En su lugar, fue el padre de Jordy, acompañado por un integrante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, pero la fiscal les negó el expediente.

“Quiero que detengan a los asesinos de mi hijo. ¿Nadie nos va a hacer caso? ¿Nadie nos va a apoyar? Si de verdad quieren justicia, ¿por qué no capturan a esos delincuentes?”, se pregunta y no cesa en su búsqueda de respuestas.

Además de justicia, exige la remoción de las autoridades para evitar que se repita lo sucedido. Pide que la oigan las autoridades: “Tiene que haber justicia para nuestros jóvenes, que hagan su trabajo de manera honesta”.

Marahí se dirige a las personas que aplauden lo que pasó por el ambiente de inseguridad que se vive: “Quiero decirles que no fue así porque no encontraron nada. Sé que están cansados de tanta corrupción, pero no se desquiten con la primera persona. Vean si era justa tanta salvajada contra un niño de 16 años”.

Policías se excusan

El homicidio ocurrió frente a policías estatales y el comandante del destacamento de Salina Cruz, Ambrosio Ramírez Macrinos, quien acudió a bordo de la patrulla 1166 por el reporte de un robo de vehículo. Con personal a su mando, recorrió la zona y atestiguó cómo los taxistas llevaron a Jordy a la explanada del Parque Central Independencia, frente al Palacio Municipal.

Plácido Jarquín, comandante del Sexto Sector de Seguridad de la Policía Estatal, afirmó en el oficio 201/2010 que la multitud de taxistas impidió a los policías asegurar a Jordy. Al llegar al fraccionamiento La Noria, encontraron un bloqueo de 100 taxis que no les permitieron seguir su camino.

De acuerdo con el legajo de investigación (218/SC/2010), el oficial declaró haber solicitado auxilio sin éxito: “Escuché por la frecuencia de la Policía Municipal que se ‘abrieran’ todas las patrullas de los municipales, que no fueran detrás de los taxistas y que me quedara sólo con mis cinco elementos”.

Según el oficio AEI/56/2010, el subdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones informó que los agentes del grupo Salina Cruz “en ningún momento fueron informados de los hechos, sino hasta las seis horas, cuando el agente de guardia recibió una llamada anónima en la que reportaban que una persona sin vida se encontraba frente al Monumento Faro Cortés”.

Contrariamente, la Recomendación 07/2010 de la Cddhoax apunta que estaban en servicio 95 elementos activos y tres patrullas, por lo que tuvieron posibilidad de reclutar a más policías para hacer frente a la situación. También indica que, según notas periodísticas y las entrevistas que sostuvo con testigos, el director de la policía municipal, José Daniel Villalobos Sánchez, estaba presente en el Monumento Faro Cortés.

Autoridades violentaron derechos humanos

La Cddhoax emitió la Recomendación 07/2010 el 25 de febrero. Para el organismo, se violentaron los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, de integridad y seguridad personal, y el derecho a la vida del menor Jordy Alberto Gómez Ortega.

“En un Estado democrático de derecho es grave que los particulares rebasen el imperio de la autoridad, pues trae como consecuencia que la seguridad pública se vea quebrantada y, por ende, los particulares corran un riesgo mayor ante la realización de hechos que atenten contra el valor fundamental de la persona que es la vida.”

Sostiene que es imperioso que la agencia local de la Procuraduría General de Justicia del Estado efectúe a la brevedad todas las diligencias para determinar si el homicidio se realizó con las agravantes de premeditación y ventaja.

Considera que las omisiones de los agentes de la Policía Estatal y municipal permitieron que los taxistas continuaran con los hechos delictivos que culminaron en la pérdida del menor. Apunta que ambas corporaciones tuvieron conocimiento oportuno de la detención y agresión contra el menor; sin embargo, no realizaron acción alguna para salvaguardarlo.

La Cddhoax observa que ello denota una falta de coordinación entre cuerpos de seguridad de distintos niveles, de programas de reacción inmediata, de preparación en técnicas de negociación, de toma de decisiones en situaciones de riesgo.

La conducta de los servidores públicos, sugiere el organismo, probablemente encuadre en la hipótesis contemplada en el Código Penal de Oaxaca sobre el abuso de autoridad, que señala que el funcionario público incurre en el delito “cuando ejecute actos o incurra en omisiones que produzcan daño o concedan alguna ventaja a cualquier persona”.

Por ello, recomienda a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el ayuntamiento de Salina Cruz instrumenten planes que desactiven conflictos ordenada y eficazmente, comisionen más efectivos de la Policía Estatal y creen un grupo de reacción inmediata. El organismo sugiere se inicien procesos administrativos contra Plácido Jarquín, Ramírez Macrinos, Villalobos Sánchez y los agentes involucrados.

María Elena Gil Valle, procuradora general y apoderada legal de la Organización Continental de Derechos Humanos, sostiene que las autoridades y los elementos de seguridad son tan delincuentes como quienes cometieron el asesinato: “Si no son capaces de responsabilizarse, entonces que se les procese”.

A los señalamientos de la Cddhoax, la activista agrega el que la fiscal Hortensia Carmona Rivera no realice su trabajo al no girar las órdenes de aprehensión y detenga la investigación: “Tendría que defender a la víctima, pero no está haciendo cumplir la ley ni está haciendo justicia a favor de un menor”.

La Organización Continental de Derechos Humanos, que sigue el caso de Jordy, presentó una queja ante la Presidencia de la República. “Con un caso así, ¿qué nos espera a los mexicanos? A Jordy no habrá quién lo regrese y es una víctima más de la mala impartición de justicia que hay en nuestro país. Queremos pugnar porque haya justicia”, reflexiona la activista.

Considera que, frente a la injusticia y la impunidad, la obligación de la ciudadanía es ejercer presión: “Debemos ver quiénes gobiernan los estados donde hay tantos casos de violencia. Quiénes funcionan y quiénes no. Además, solicitar que exista una fiscalía ciudadana para exigir al servidor público que cumpla con su trabajo”.

País de linchamientos

La Radiografía de los linchamientos en México, realizada en 2005 por los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Juan Mora Heredia, del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, apunta que ocurrieron 198 linchamientos entre 1988 y 2005. En ese periodo, se cuadruplicaron los casos respecto de la década anterior.

Únicamente seis entidades del Centro y Sur del país concentraron el 80 por ciento de los linchamientos. La lista la encabeza Oaxaca, donde predomina la ejecución por encima de la tentativa; casi el 90 por ciento de los linchamientos culminaron en la muerte de las víctimas. Por el contrario, en el Distrito Federal, el Estado de México y Guerrero, son salvadas en su mayoría. Según cifras de El Universal, en promedio hubo un intento de linchamiento cada 60 días en el Distrito Federal y en el Estado de México entre 2001 y 2008.

En términos generales, el robo y la violación son los móviles de agravio que más potencian la indignación de una colectividad: “Dejándonos entrever la importancia del patrimonio y la condición íntima para la sociedad mexicana. Por ello que cuando el individuo ordinario los percibe quebrantados, tiende a pensar que la única opción ante la agresión es su propio refugio en la comunidad, asociado a la búsqueda de un castigo extremo”.

Se suman a esos motivos, en orden descendente: el abuso de autoridad, el asesinato, el desacuerdo, el secuestro, el atropellamiento, la religión, los disparos de bala, la confusión, los golpes, las heridas con arma blanca y los disturbios.

Rodríguez Guillén y Mora Heredia sostienen que la ineptitud del aparato judicial y su complicidad con los delincuentes son caldo de cultivo para los actos de justicia por propia mano: “Dejan al imaginario común la certeza de que policías, jueces y delincuentes son cara de la misma moneda, de ahí la inmediata indignación ante los abusos de autoridad”.

Los investigadores advierten que una sociedad empobrecida cambia los límites de su tolerancia con suma facilidad y su disposición a la violencia suele ser una de las manifestaciones prácticas que la acompañan.

Fuente: CONTRALÍNEA 193 - 01 DE AGOSTO DE 2010







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Llevan el caso de Alberto Patishtán ante la CIDH

· Tiene 10 años en prisión; defensor y vocero de otros presos, se ha convertido en un símbolo

Alberto Patishtán Gómez visitado por Tatic Samuel

Hermann Bellinghausen / La Jornada 04/08/2010

San Cristóbal de las Casas, Chis., 3 de agosto. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció hoy al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su responsabilidad directa en la violación al debido proceso y la libertad personal del profesor Alberto Patishtán Gómez, preso considerado político y adherente de la otra campaña, y solicitó la intervención del organismo internacional.

Patishtán Gómez ya cumplió 10 años en prisión, como único acusado por una matanza de policías en el municipio El Bosque en 2000. Como el propio docente tzotzil recordó recientemente, aquel 19 de junio fui detenido por los delitos prefabricados de homicidio, lesiones y robo.

También reiteró su inocencia y la falsedad de los cargos, levantados contra él por el entonces presidente municipal de filiación priísta Manuel Gómez Ruiz, en lo que se ha señalado que fue una venganza política, con el respaldo abierto del gobierno estatal de Roberto Albores Guillén. Los verdaderos culpables –se dice– de la emboscada criminal nunca fueron investigados ni castigados.

Al paso de los años, Patishtán se fue volviendo un símbolo, defensor y vocero de los presos injustamente encarcelados; sobre todo a partir de la huelga de hambre de presos políticos en Chiapas en 2007, convocada por La Voz del Amate, organismo adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.

Como resultado de ese movimiento, que duró más de 40 días en varios penales chiapanecos, salieron libres cerca de medio centenar de presos de la otra campaña, bases de apoyo del EZLN y de agrupaciones católicas cercanas a la diócesis de San Cristóbal. Sólo Patishtán permaneció en prisión, con el argumento de que su caso es federal y su liberación no depende del gobierno de Juan Sabines Guerrero, si bien éste se ha comprometido reiteradamente a intervenir para que recupere la libertad.

En el momento de su encarcelamiento, en 2000, Patishtán era un respetado maestro bilingüe, oficialista pero comprometido en la defensa de lo derechos de los maestros indígenas en su zona. El edil Gómez Ruiz, su acusador con falsos testimonios, como ha sido demostrado, en 1998 fue impuesto como alcalde por el gobierno de Albores, luego de que éste, junto con el Ejército federal, desmanteló violentamente el municipio autónomo San Juan de la Libertad (El Bosque), con muertos zapatistas y no zapatistas por igual en Chavajebal y Unión Progreso.

Después de estar en los penales de Cerro Hueco y El Amate, Patishtán se encuentra ahora en el centro penitenciario número 5 de San Cristóbal de las Casas, purgando una condena de por vida por crímenes que no cometió.

Desde ahí es hoy defensor de los derechos de los reclusos. Con la suya, La Voz del Amate sigue viva y en lucha. Apenas este lunes, la organización de presos denunció violaciones a los derechos humanos de los reclusos y sus familiares, y malos tratos hacia ellos, del director del penal, Víctor Manuel Palacios Torres, quien, como siempre, se disfraza de piel de cordero, pero es muy diferente.

La Voz de Amate refiere que el 30 de julio el director había consensuado con los internos trabajar regularmente en su favor, pero en un acto de provocación contra los derechos de los internos, el lunes impidió el ingreso de todas las visitas, que vienen con sus hijos. La semana pasada, el funcionario había negado el ingreso a una comitiva de organismos civiles que intentó visitar a Patishtán.

La Voz de Amate pidió urgentemente al gobernador la destitución de Palacios Torres. En caso contario, sostuvo, de existir alguna provocación por nuestras vidas responsabilizamos directamente a las autoridades competentes.

La violencia, creciente, admite el Cisen

· En este gobierno ya ha causado 28 mil asesinatos, señala Valdés

Claudia Herrera Beltrán / La Jornada 04/08/2010

En este gobierno hay una violencia creciente y suman 28 mil los asesinatos registrados en el país, aseveró el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, al presentar un balance sobre la lucha contra la inseguridad.

Reconoció cinco rezagos del gobierno de Felipe Calderón en detener la espiral de violencia, disminuir de manera sostenida los delitos de secuestro y extorsión, golpear de manera significativa la capacidad financiera de las organizaciones criminales, así como profundizar las políticas sociales y generar mayor compromiso de Estados Unidos en materia de tráfico de armas o reducción de demanda.

Ante expertos en seguridad que participaron en la segunda sesión del diálogo convocado por el gobierno federal, Valdés analizó los resultados obtenidos en cinco aspectos y en el primer caso reconoció que seguimos teniendo un nivel de violencia relativamente reducido, pero creciente desde 2006-2007, y cuantificó en 28 mil el número de asesinatos.

Apenas el 16 de julio pasado, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, había informado que la cifra de ejecuciones violentas ascendió a 24 mil 826. Valdés añadió que por la mayor presencia de las fuerzas armadas y la policía en distintas partes del país ha habido 963 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre crimen organizado y fuerzas del Estado, es decir, casi un enfrentamiento al día.

Para el director del Cisen, este es un indicador de que han logrado el entorpecimiento de la actuación de las organizaciones criminales; sin embargo, Valdés reconoció que no han logrado su propósito de recuperar las condiciones de normalidad en regiones afectadas por la delincuencia organizada. Afirmó: Tenemos una violencia creciente, como todo mundo lo sabemos con los registros de los medios de comunicación.

Acotó que si antes muchas policías locales estaban prácticamente tomadas por el crimen organizado, ahora hay un proceso de disputa y de lucha contra el Estado debido a la contrarreacción de los delincuentes.

Para justificar la lucha contra la criminalidad emprendida por el presidente Felipe Calderón señaló que en 2006 ya había una presencia generalizada de organizaciones delictivas en el país: los cárteles del Pacífico, Golfo-Zetas, antes de su división, así como los Arellano Félix y La Familia, y ya existían conflictos entre ellos.

Además, 71 por ciento de los mexicanos se sentían inseguros en la entidad donde vivían, pero no había recursos suficientes para la seguridad; el funcionario puso de ejemplo que el salario promedio de un policía era de 250 dólares al mes.

En el segundo punto evaluado aseguró que han logrado la división de los cárteles, una merma de las capacidades operativas por las detenciones de líderes y, sobre todo, de estructuras de mando intermedias operativas importantes.

Al desglosar los números señaló que han aprehendido a 20 mil integrantes del cártel Golfo-Zetas; 18 mil del Pacífico, 12 mil de Juárez y 9 mil de los Beltrán Leyva. Mencionó que han decomisado 34 mil 699 vehículos, 157 por ciento más que en el gobierno anterior, así como 84 mil armas, por lo que consideró claramente irrefutable que ha disminuido sustancialmente la operación de esas bandas.

Los avances incontrovertibles, según Valdés, son que las organizaciones criminales tienen menos espacios de impunidad en el territorio nacional, enfrentan división y debilitamiento, el Estado cuenta con mejores instrumentos jurídicos, operativos y tecnológicos para combatir la delincuencia.

Más información:

Gobierno aclara cifra de homicidios. En total, con el criterio presentado por la PGR suman 27 mil 523 hasta el 16 de julio de 2010, en tanto que el CISEN reportó 28 mil 228 homicidios.