Juan Carlos Martínez / El Semanario
Parece ya una tradición que nuestro país arranque cada siglo con una guerra interna. El mismo año que recordamos el bicentenario de la gesta de independencia y el inicio de la primera revolución social del siglo XX, la realidad nos sorprendió con datos alarmantes sobre enfrentamientos, homicidios y violencia inusitada en el marco de una serie de políticas públicas definidas por el propio presidente Calderón como “la guerra contra el narcotráfico”.
A tres años de esta “guerra”, el panorama del país nos obliga a preguntar si las más de 30,000 vidas humanas que ha costado nos acercan a la independencia política, la justicia social o la democracia que buscaron las dos guerras anteriores. Sin negar la falta de perspectiva que da la cercanía histórica, cuesta vislumbrar qué obtendremos al final de este conflicto armado; ni siquiera sabemos cómo espera el gobierno que ésta termine.
Si la nueva guerra tiene como objetivo nuestra seguridad, parece que tanto el diagnóstico como la tarea han sido mal realizados. En un artículo de Fernando Escalante, publicado en Nexos en septiembre de 2009, el autor logra mostrar con cifras oficiales que hasta 2007 las muertes violentas en México tenían una clara tendencia a la baja. Sin negar la existencia e incluso un posible incremento de la criminalidad en el país –cabe decir que esta tendencia también se presenta en países emergentes como Brasil o Rusia, sin que ello los haya llevado por la vía de la guerra interna–, los datos muestran que la violencia iba en claro descenso, a diferencia de estos países con altos índices de criminalidad. Vale entonces preguntarnos: ¿estábamos cada vez más inseguros?, ¿qué tanto afectaban estos delincuentes nuestra vida cotidiana? y, ¿necesitábamos de esta guerra en 2007 para vivir mejor?
Si bien el tema del incremento en las adicciones ha sido un problema social desde finales del siglo pasado, especialistas afirmaban que hasta 2005 este problema era manejable y recomendaban como principal estrategia trabajar en la prevención. No obstante, la apuesta del gobierno se encaminó a la guerra y tres años después de su inicio, la Encuesta Nacional de Adicciones revela un dramático aumento en el consumo de estupefacientes. Asimismo, datos de los Centros de Integración Juvenil muestran que 50% de las personas con problemas de adicciones tienen trabajo remunerado. Lo que nos indica que el tema no se reduce al “ataque de los malos a nuestros ingenuos hijos”, sino que tiene dimensiones sociales más complejas.
Por otra parte, es importante contrastar los incrementos presupuestales a las secretarías encargadas de la “guerra” en el país (Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Gobernación), con los de aquellas dependencias encargadas del desarrollo humano (Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de la Reforma Agraria y Secretaría del Trabajo y Previsión Social).
Llama la atención que en 2011 el presupuesto de las “dependencias de la guerra” aumentó 117% en comparación con lo presupuestado para 2006, mientras que el cambio proporcional para las “dependencias del desarrollo humano” fue de sólo 49.8%. Estas cifras reflejan la apuesta por la salida violenta y la baja prioridad que tiene el gobierno para abrir nuevos horizontes de vida para los mexicanos.
Los daños colaterales son dramáticos: cada vez más nos estremecen las historias de familias asesinadas por errores del Ejército, niños caídos en el fuego cruzado y homicidios salvajes en contra de jóvenes. En un artículo más reciente del propio Fernando Escalante (Nexos, enero de 2011), se muestra que contrario sensu de los pretendidos objetivos del gobierno, en los lugares en donde el gobierno federal ha implementado sus operativos y estrategias de guerra, los índices de violencia se han disparado. Es incomprensible entonces que frente a uno de los peores desempeños económicos de América Latina, el gobierno de México decida gastar un alto porcentaje de nuestros recursos en una guerra que no sabemos a dónde nos lleva.
Cuesta pensar que el gobierno no haya previsto tanto horror y tanta ineficiencia. Con esta duda es inevitable ser mal pensados y preguntarnos sobre los otros posibles objetivos de esta guerra: ¿será el negocio de las armas?, ¿la legitimación de un gobierno débil y cuestionado?, ¿la criminalización de la protesta social? o ¿el sesgo del gobierno en favor de algunas mafias frente a otras? Una política tan cuestionada como ésta, abre la puerta a todas las dudas y sospechas que cada día más se difunden entre la ciudadanía, pero si no hay una explicación paralela al discurso oficial no cabe duda que ésta es la guerra más estúpida que ha enfrentado nuestro país.
Esperemos entonces que dentro de cien años nuestros descendientes hayan encontrado un significado a este oscuro momento de la historia de México y recuerden a la ciudadanía de este tiempo como los que encontraron una salida a tanta violencia.
*El autor es investigador del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Parece ya una tradición que nuestro país arranque cada siglo con una guerra interna. El mismo año que recordamos el bicentenario de la gesta de independencia y el inicio de la primera revolución social del siglo XX, la realidad nos sorprendió con datos alarmantes sobre enfrentamientos, homicidios y violencia inusitada en el marco de una serie de políticas públicas definidas por el propio presidente Calderón como “la guerra contra el narcotráfico”.
A tres años de esta “guerra”, el panorama del país nos obliga a preguntar si las más de 30,000 vidas humanas que ha costado nos acercan a la independencia política, la justicia social o la democracia que buscaron las dos guerras anteriores. Sin negar la falta de perspectiva que da la cercanía histórica, cuesta vislumbrar qué obtendremos al final de este conflicto armado; ni siquiera sabemos cómo espera el gobierno que ésta termine.
Si la nueva guerra tiene como objetivo nuestra seguridad, parece que tanto el diagnóstico como la tarea han sido mal realizados. En un artículo de Fernando Escalante, publicado en Nexos en septiembre de 2009, el autor logra mostrar con cifras oficiales que hasta 2007 las muertes violentas en México tenían una clara tendencia a la baja. Sin negar la existencia e incluso un posible incremento de la criminalidad en el país –cabe decir que esta tendencia también se presenta en países emergentes como Brasil o Rusia, sin que ello los haya llevado por la vía de la guerra interna–, los datos muestran que la violencia iba en claro descenso, a diferencia de estos países con altos índices de criminalidad. Vale entonces preguntarnos: ¿estábamos cada vez más inseguros?, ¿qué tanto afectaban estos delincuentes nuestra vida cotidiana? y, ¿necesitábamos de esta guerra en 2007 para vivir mejor?
Si bien el tema del incremento en las adicciones ha sido un problema social desde finales del siglo pasado, especialistas afirmaban que hasta 2005 este problema era manejable y recomendaban como principal estrategia trabajar en la prevención. No obstante, la apuesta del gobierno se encaminó a la guerra y tres años después de su inicio, la Encuesta Nacional de Adicciones revela un dramático aumento en el consumo de estupefacientes. Asimismo, datos de los Centros de Integración Juvenil muestran que 50% de las personas con problemas de adicciones tienen trabajo remunerado. Lo que nos indica que el tema no se reduce al “ataque de los malos a nuestros ingenuos hijos”, sino que tiene dimensiones sociales más complejas.
Por otra parte, es importante contrastar los incrementos presupuestales a las secretarías encargadas de la “guerra” en el país (Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Gobernación), con los de aquellas dependencias encargadas del desarrollo humano (Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de la Reforma Agraria y Secretaría del Trabajo y Previsión Social).
Llama la atención que en 2011 el presupuesto de las “dependencias de la guerra” aumentó 117% en comparación con lo presupuestado para 2006, mientras que el cambio proporcional para las “dependencias del desarrollo humano” fue de sólo 49.8%. Estas cifras reflejan la apuesta por la salida violenta y la baja prioridad que tiene el gobierno para abrir nuevos horizontes de vida para los mexicanos.
Los daños colaterales son dramáticos: cada vez más nos estremecen las historias de familias asesinadas por errores del Ejército, niños caídos en el fuego cruzado y homicidios salvajes en contra de jóvenes. En un artículo más reciente del propio Fernando Escalante (Nexos, enero de 2011), se muestra que contrario sensu de los pretendidos objetivos del gobierno, en los lugares en donde el gobierno federal ha implementado sus operativos y estrategias de guerra, los índices de violencia se han disparado. Es incomprensible entonces que frente a uno de los peores desempeños económicos de América Latina, el gobierno de México decida gastar un alto porcentaje de nuestros recursos en una guerra que no sabemos a dónde nos lleva.
Cuesta pensar que el gobierno no haya previsto tanto horror y tanta ineficiencia. Con esta duda es inevitable ser mal pensados y preguntarnos sobre los otros posibles objetivos de esta guerra: ¿será el negocio de las armas?, ¿la legitimación de un gobierno débil y cuestionado?, ¿la criminalización de la protesta social? o ¿el sesgo del gobierno en favor de algunas mafias frente a otras? Una política tan cuestionada como ésta, abre la puerta a todas las dudas y sospechas que cada día más se difunden entre la ciudadanía, pero si no hay una explicación paralela al discurso oficial no cabe duda que ésta es la guerra más estúpida que ha enfrentado nuestro país.
Esperemos entonces que dentro de cien años nuestros descendientes hayan encontrado un significado a este oscuro momento de la historia de México y recuerden a la ciudadanía de este tiempo como los que encontraron una salida a tanta violencia.
*El autor es investigador del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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