“México se jacta de ser democrático y no es así”

Alba Cruz Ramos, destacada abogada defensora de derechos humanos, ha sido objeto desde 2007 de hostigamiento. Pero sigue denunciando la impunidad.


Alvar Chalmeta / Diagonal

Crus Ramos pertenece al Comité 25 de Noviembre de Oaxaca que asumió en 2006 la defensa de activistas sociales y víctimas de violaciones de derechos humanos tras la represión de la rebelión de 2006. Amenazada de muerte de nuevo en 2010, ha tenido que salir temporalmente del país, aunque ya ha vuelto. Alba Cruz tiene una voz suave y habla bajito pero su denuncia de los abusos es firme.

“Hablar de México desde la perspectiva de los derechos humanos (DD HH) es, tristemente, hablar de la violencia y la impunidad. Digo tristemente porque México se jacta de ser un Estado democrático, sin embargo, no es así”, explica Cruz. Y remite al contexto de la “guerra contra el narcotráfico” decretada por el actual gobierno de Felipe Calderón “que ha traído un acelerado crecimiento de la violencia y una ola de asesinatos, ejecuciones, desapariciones y, hoy, de masacres”. Cruz remacha: “hasta el momento la creciente militarización no ha significado una baja en la actual criminalidad, ni aún en los lugares tomados por el ejército como Ciudad Juárez”. Pero, afirma, “con esta injerencia militar en el ámbito estrictamente civil de la seguridad pública se ha dado paso a nuevos problemas y se ha profundizado en la impunidad y la flagrante violación de los derechos humanos”.

Cruz denuncia que hay una tendencia a comparar el narcotráfico con la guerrilla. “Recientemente Hillary Clinton les llamó insurgentes. Y de ahí a considerar a la disidencia política y a los movimientos sociales como crimen organizado, la distancia es muy corta. Se han dado ya varios casos de represión, como los de Atenco y Oaxaca, en que se criminalizaron las protestas y las manifestaciones en las calles y se les acusó de ser guerrilleros”, denuncia esta abogada.

A esto agrega: “las modificaciones legislativas vulneran la seguridad jurídica de los detenidos e impiden el castigo de los abusos de los cuerpos de seguridad. En la última reforma penal se introdujeron una serie de medidas dirigidas contra el crimen organizado que sin embargo se están utilizando a lo largo y ancho del país. Sobre todo en el sur, donde hay más movimientos sociales que narcotráfico”.

Y hablar del sur es hablar de Oaxaca, un estado de 3,5 millones de habitantes, de gran riqueza cultural y natural que sin embargo ocupa el tercer lugar en el índice de desigualdad social de México. “La marginación es imperante. El retraso económico está acompañado por un fuerte déficit democrático. Durante 80 años ha estado gobernando el PRI, lo que da una idea del control de la clase política sobre el aparato estatal y de la falta de independencia de los poderes. El Gobierno se ha caracterizado por su autoritarismo, por la persecución de las organizaciones sociales y de las disidencias políticas. y a veces de su eliminación. Si sumamos el control de los medios de comunicación y la sistemática violación de los derechos humanos, ésa es Oaxaca”. En ese Estado hay 1.535 medidas cautelares de protección otorgadas por la Corte Iberoaméricana de DD HH. “De 2007 a 2010, el Estado mexicano no ha cumplido con ninguna. La voluntad política de resguardar nuestra integridad es nula”.

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