El ex dictador de Guatemala José Efraín Ríos Montt compadeció ante un tribunal pero se negó a pronunciarse respecto a los cargos en su contra por supuestos delitos de lesa humanidad y genocidio durante la época en la que gobernó de facto el país a principios de los años 80.
En concreto, los fiscales han presentado diversas pruebas de la culpabilidad del ex general y sus ex oficiales en una decena de matanzas, sobre todo de pueblos indígenas. La cantidad de víctimas mortales ascendería a unas 1.200 personas.
El proceso que implica a Ríos Montt se remonta al año 2000, pero las autoridades judiciales no habían actuado en su contra hasta el pasado 14 de enero, cuando el ex militar de 85 años de edad dejó de gozar de inmunidad judicial al abandonar su escaño como diputado del Congreso.
La mirada de Washington
Ríos Montt encabezó en 1982 un golpe de Estado contra el entonces presidente Romeo Lucas y al año siguiente fue derrocado por su ministro de Defensa. Los expertos aseguran que su régimen recibía un amplio apoyo de Washington, que solía respaldar a las dictaduras en América Latina en la segunda mitad del siglo XX.
En particular, Guatemala siempre ha sido clave para los intereses geopolíticos de EE. UU. en la región, según opina el analista del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias.
Hasta hoy día “sigue siendo el Pentágono el que define la política norteamericana en América Latina”, declaró Asturias a RT. “Esta es la visión de la región desde Washington: su traspatio, una zona de influencia y de sus intereses estratégicos, más desde el punto de vista militar que político”, según explica el experto.
Más de tres décadas de guerra civil
Los escasos 17 meses, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, que el ex general gobernó de facto Guatemala, se consideran de los más violentos de los cerca de 36 años de guerra civil del país. El conflicto armado guatemalteco empezó en 1960 como consecuencia de la resistencia a la intervención estadounidense unos años antes, cuando fue derrocado el gobierno electo de Jacobo Arbenz. Hubo que esperar hasta 1996 para que el Gobierno y las guerrillas firmaran el cese de las hostilidades.
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La sentencia del Tribunal de Alto Riesgo condena a 6.060 años de cárcel a Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y Carlos Carías, ex soldados del grupo militar elite Kaibil del Ejército guatemalteco. La sentencia es histórica por tratarse del primer juicio contra militares acusados de crímenes cometidos durante la guerra civil. La corte los acusa por delitos de lesa humanidad por su participación en la matanza brutal de 201 campesinos pacíficos, de los que un centenar eran niños.
Los cuatro condenados por la masacre de Las Dos Erres cumpliarán cada uno la pena máxima de 50 años de prisión que establece el Código Penal del país. En el transcurso del juicio los ex militares se declararon inocentes.
Los hechos se remontan a 1982, cuando en Guatemala gobernaba el general Efraín Ríos Montt, que, como otros dictadores militares de aquel periodo, combatía a la guerrilla izquierdista, aunque en su caso las represiones militares alcanzaron una ferocidad inusitada.
Según testigos, la matanza tuvo lugar en diciembre de aquel año cuando un pelotón de Kaibil emprendió una ofensiva contra la aldea Dos Erres, en el transcurso de la cual torturaron y asesinaron a sus habitantes. Supuestamente, aquel ataque fue una venganza dirigida contra la guerrilla por parte de los militares, que en abril sufrieron una emboscada que causó la muerte de 21 soldados. Sin embargo, un antiguo comandante de los guerrilleros dijo a los medios que la aldea era consideraba como un pueblo conservador, más proclive a favorecer el Ejército.
La guerra civil en Guatemala concluyó en 1996, dejando un rastro de 250.000 muertos en más de 669 masacres documentaras por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH). Los parientes de las víctimas de la guerra esperan que este primer juicio histórico, que finalmente condenó a los militares inculpados después de tres décadas de batalla legal, establezca un precedente para futuras investigaciones.
Mientras tanto, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, que agrupa a las capas más conservadores, puntualizó que no permitirá que se juzgue a los militares como a delincuentes porque -según ellos- cumplieron con el deber de proteger la legalidad y evitar "el triunfo del comunismo" en Guatemala.
El mes pasado EE. UU. extraditó al ex militar de Guatemala Pedro Pimentel Ríos, de 54 años, por su supuesta vinculación con la masacre de Las Dos Erres. La Fiscalía de Guatemala tratará su caso de forma separada.
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