El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), continúa su ofensiva contra los empleadores de inmigrantes indocumentados y ha ordenado en las últimas semanas a cientos de empresas que presenten sus registros de contratación para inspeccionarlos. Las primeras “redadas silenciosas” de este año no han sido anunciadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia del DHS que está a cargo.
Un portavoz del ICE confirmó el martes que al 29 de marzo la oficina
había notificado a unas 500 compañías “de todos los tamaños y tipos” que
entregaran los formularios de autorización para empleo I-9 y otros
documentos para revisarlos.
“Estas inspecciones determinarán si las empresas están cumpliendo o
no con sus requisitos”, indicó Gillian Christensen, subsecretaria de
prensa del ICE. “No hay ningún sector en la mira, ni ninguna industria
es inmune al escrutinio”, añadió. El Gobierno no divulga los nombres de
las empresas bajo investigación.
Desde enero de 2009, el gobierno de Obama ha examinado a al menos 7
mil 533 empleadores sospechosos de contratar mano de obra indocumentada e
impuso multas administrativas y penales por unos 100 millones de
dólares, lo que constituye un mayor número de auditorías y sanciones que
las impuestas durante todo el gobierno de George W. Bush.
El presidente Barack Obama camina sobre una cuerda floja en momentos
en que corteja a los votantes hispanos, muchos de los cuales se oponen a
la mano dura, y al mismo tiempo castiga a las empresas que contratan a
inmigrantes indocumentados. Las auditorías no dan lugar a la deportación
de trabajadores indocumentados, pero todos ellos pierden sus empleos.
Los críticos de las medidas dicen que contribuyen a la explotación de
los indocumentados, obligándolos a trabajar fuera de nómina.
Para las
empresas, las auditorías pueden provocar grandes pérdidas en la
productividad, además de las multas civiles y penales.
“El presidente está tratando de apaciguar a los críticos que buscan
medidas estrictas al tiempo que trata de conquistar a los votantes
hispanos”, dice Craig Regelbrugge, copresidente de la Coalición de
Agricultura para la Reforma Inmigratoria, un grupo que ejerce presión
para flexibilizar las restricciones sobre los inmigrantes
indocumentados.
Las auditorías son más visibles cuando afectan a las cadenas de
comida rápida, hoteles y empresas agrícolas de alto perfil. Sin embargo,
las inspecciones también han involucrado a los fabricantes livianos,
firmas de servicios financieros y la industria textil.
“La tasa de expansión y el alcance de las auditorías I-9 está
comenzando a hacer mella en la percepción de que sólo los empresarios
más notorios están en riesgo de una medida de cumplimiento por parte del
ICE”, dice Julie Myers, que estuvo al frente del ICE durante el
gobierno de Bush y que ahora dirige una consultora. “Tienen que estar
atentas las empresas de todos los sectores”.
Desde las oficinas centrales del ICE en Washington confirmaron que se
han dado instrucciones a las oficinas regionales para dedicar un número
determinado de horas de trabajo para iniciar las inspecciones.
El ICE se negó a proporcionar detalles de las cuotas de auditoría.
Sin embargo, Christensen, portavoz del organismo, dijo que se fijaron
“metas de desempeño” para cada una de las 26 oficinas regionales, a fin
de “lograr el mejor uso del dinero de los contribuyentes”. (The Wall
Street Journal)
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