La Jornada 27/07/2012
Las autoridades del país deben tomar
acciones concretas para asegurar justicia en el caso de los abusos
sexuales cometidos contra mujeres en San Salvador Atenco en 2006, y no
sólo fingir que lo hacen cuando deben comparecer ante organismos que
cuestionan su actuación y les piden cuentas, afirmó Amnistía
Internacional (AI) en una carta enviada ayer al gobernador del estado de
México, Eruviel Ávila Villegas.
En la misiva, Javier Zúñiga Mejía, asesor especial en programas
regionales de la organización de derechos humanos, consideró positivo el
ejercicio de la acción penal contra tres policías implicados en actos
de tortura contra mujeres detenidas –uno de los cuales ya murió–, aunque
al mismo tiempo consideró que el anuncio sólo tiene fines mediáticos, y
levanta serias dudas acerca del compromiso real de las autoridades para asegurar la justicia plena en este caso.
La decisión de emitir órdenes de aprehensión en estas fechas, subrayó
el especialista, parece orientada a evitar una crítica severa por parte
de los miembros del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés),
quienes el pasado
17 de julio examinaron el cumplimiento de México en
este ámbito.
Además, el hecho de que las víctimas y sus representantes
legales nunca hubieran recibido información sobre las órdenes de
aprehensión de los policías, los cargos en su contra ni las supuestas
consignaciones, es una
omisión grave.
AI señaló también que la negación de esta información
no es meramente técnica, sino parece confirmar las críticas sobre la conducción del caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que no recabó de forma debida las evidencias disponibles y se resistió a investigar las denuncias de las mujeres víctimas de abusos.
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Estado mexicano reprobado por el comité Cedaw: no respondió a cuestionamientos sobre discriminación y violencia contra las mujeres
Estado mexicano reprobado por el comité Cedaw: no respondió a cuestionamientos sobre discriminación y violencia contra las mujeres
Fuente: Zapateando
México sale mal librado ante la ONU
— No responde a CEDAW sobre discriminación a mujeres
Por Lucía Lagunes Huerta, enviada a Nueva York, CIMAC
Por Lucía Lagunes Huerta, enviada a Nueva York, CIMAC
El Estado mexicano recibió una tunda del Comité de la CEDAW, al no
informar claramente sobre sus acciones contra la discriminación de
género.
Al comparecer ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), la delegación del Estado mexicano fue
duramente cuestionada por las constantes violaciones a los Derechos
Humanos (DH) de las mujeres en nuestro país.
Lo anterior ocurrió durante la 52 sesión del Comité de Expertas de la
CEDAW, en Nueva York, para evaluar el cumplimiento de la Convención
aprobada en 1979 por la ONU, y ratificada por México en 1981.
Las expertas que integran el Comité demandaron respuestas puntuales a
la representación mexicana sobre sus acciones para prevenir y castigar
la trata de personas y la violencia de género, abatir la impunidad, y
garantizar el derecho al aborto legal, entre otros temas.
Dubravka Šimonovi criticó a las y los funcionarios por sólo enumerar
leyes aprobadas a favor de las mujeres: “¿Cuál es la reducción de la
violencia contra las mujeres para pensar que se ha garantizado que vivan
seguras? ¿Cuál es el objetivo trazado? ¿Cuántos asesinatos menos hay?
¿Cuántas desapariciones menos hay para decir que se ha logrado el
objetivo?”.
La francesa Nicole Ameline arremetió contra la jefa alterna de la
delegación mexicana, la directora del Inmujeres, Rocío García Gaytán:
“¿No es acaso justo hacer de la violencia contra las mujeres una
causa de prioridad nacional? Usted ha reconocido la violencia e
impunidad que viven las mujeres y que llega a niveles insostenibles.
¿Tienen en cuenta esta urgencia? ¿Tienen como prioridad acelerar la
coordinación?”.
La también experta Soledad Murillo manifestó su indignación por la
impunidad en las violaciones sexuales contra 26 mujeres en San Salvador
Atenco, en mayo de 2006.
“¿Cómo es posible que cuando las mujeres fueron violadas (torturadas sexualmente) en el
traslado realizado por la policía, aún no haya un solo detenido?”,
inquirió previo a que la delegación mexicana informara al Comité que ya
había dos personas arrestadas por los hechos.
El anuncio fue calificado por organizaciones de DH como una
“simulación” del Estado mexicano, y criticaron que no se avisara de esas
aprehensiones a las sobrevivientes de tortura sexual y a sus familias.
Murillo cuestionó la incongruencia del Estado al tener una Fiscalía
para investigar la trata de personas, pero sin facultades contra el
crimen organizado. Pidió que se le explicara cómo a un tratante se le
aplican sólo cinco años de prisión y a una mujer por abortar 35 años de
cárcel.
Entre las respuestas ambiguas de la delegación oficial, la
responsable de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las
Mujeres, Dylcia García, dijo que hay “acciones de impacto” para
enfrentar la violencia contra las mexicanas, y se limitó a presumir los
bancos de datos de mujeres desaparecidas y la aplicación de protocolos y
alertas contra ese delito.
El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,
Ricardo Bucio, y el subsecretario de Prevención y Participación
Ciudadana de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas, sólo enlistaron
leyes, programas, cursos de capacitación y hasta informes de trabajo de
sus dependencias.
PANORAMA DESOLADOR
En un hecho histórico, 113 organizaciones civiles presentaron 18
informes alternos al reporte oficial entregado por México a la instancia
de la ONU, para demostrar el incumplimiento de 20 recomendaciones
emitidas por las expertas desde 2006.
Los grupos ciudadanos acusaron el aumento de la discriminación y
violencia contra las mujeres debido al combate de la delincuencia
organizada y la militarización.
Criticaron que en las cuatro ocasiones que se solicitó la Alerta de
Violencia de Género (AVG), el gobierno federal se negó a otorgarla.
Sobre el feminicidio, advirtieron que entre 2007 y 2009 se incrementó 68
por ciento en todo el país y continúa impune.
En derechos reproductivos, calificaron como “alarmantes” los altos
índices de muerte materna, en especial entre las indígenas que no tienen
fácil acceso a los centros de salud.
Respecto al aborto, las activistas observaron que aunque la
interrupción del embarazo por violación es legal, su acceso es casi nulo
sobre todo en 17 estados que reformaron sus constituciones para
“proteger la vida desde la concepción-fecundación”.
A Rocío García Gaytán no le quedó más que reconocer que en México
privan la desigualdad y la discriminación de género. Pero se defendió:
“Nunca habíamos avanzado tanto en Derechos Humanos de las mujeres
gracias a la alianza con los tres poderes, los tres niveles de gobierno,
y el apoyo de la mayoría de la sociedad civil”.
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* CEDAW, mecanismo jurídico pilar del sistema de DH
— Desde hace 31 años México está obligado a acatarlo
Por Gladis Torres Ruiz, CIMAC
Por Gladis Torres Ruiz, CIMAC
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), es uno
de los mecanismos jurídicos más importantes en la lucha contra la
discriminación de género.
La Convención, adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, es uno de los seis instrumentos
internacionales jurídicamente vinculantes para los Estados miembros, que
conforman la llamada “Carta Universal de Derechos Humanos”, y
constituyen la estructura jurídica del sistema internacional de
promoción y protección de los Derechos Humanos (DH).
La CEDAW detalla en qué consiste la discriminación contra las mujeres
y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al
ratificarla, los Estados miembros se comprometen a consumarla a través
de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones a los DH de las
mujeres.
México firmó la Convención el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 23
de marzo de 1981; con ello se comprometió a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica.
Aída González, abogada mexicana ex integrante del Comité de la CEDAW,
señala que la aplicación de la Convención está sujeta al análisis
internacional, es decir, no le corresponde sólo al Estado miembro
decidir si ha cumplido o no con esas obligaciones.
En los artículos 17 al 20 de la Convención se establece el sistema de
control y supervisión sobre su aplicación. El artículo 17 indica la
creación de un Comité integrado por 23 personas elegidas por la
Conferencia de Estados miembros cada dos años.
González explica que no se trata de representantes de los gobiernos,
sino de personas expertas y conocedoras de la Convención, en particular
sobre las condiciones de las mujeres.
Una función primordial del Comité es supervisar la debida aplicación
de la CEDAW y los progresos que los Estados firmantes logren en ese
propósito.
El artículo 18 de la CEDAW indica que los Estados deben presentar al
secretario general de la ONU informes iniciales y periódicos sobre las
medidas legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier otra
índole que hubieran adoptado para hacer efectivas las disposiciones de
la Convención y sobre los progresos que hubieran alcanzado para tal fin.
Tales logros serán examinados por el Comité de Expertas.
Según información de la Cátedra UNESCO de la UNAM, el Estado mexicano
tiene la obligación de presentar informes periódicos cada cuatro años.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil pueden realizar
informes “sombra” para contrapuntear el reporte del Estado mexicano.
Desde que ratificó la CEDAW, México ha entregado ocho informes. Apenas en septiembre de 2010 se presentaron los reportes 7 y 8.
La delegación oficial presentó los argumentos de esos informes en la
52 sesión del Comité de la CEDAW en la sede de la ONU, el pasado 17 de
julio. De esa sesión saldrán nuevas recomendaciones al Estado mexicano,
que se darán a conocer próximamente.
En la sesión del Comité de la CEDAW, 113 organizaciones defensoras de los DH presentaron 18 informes “sombra” o alternos.
Entre las expertas que analizaron los informes oficial y ciudadano, y
que cuestionaron a la delegación mexicana sobre la situación de las
mujeres, están Zou Xiaoqiao, directora de la Federación de Mujeres
Chinas, y Zohra Rasekh, líder de Asuntos de la Mujer de la Oficina de
Derechos Humanos Internacionales en el Ministerio de Asuntos Extranjeros
de Afganistán.
También participaron Silvia Pimentel, jurista brasileña, profesora de
la Universidad Pontificia de Sao Paulo, y activista histórica del
movimiento feminista; así como la española Soledad Murillo de la Vega,
investigadora y profesora de Sociología e Investigación Cualitativa en
la Universidad de Salamanca. De Cuba, estuvo Magalys Arocha Domínguez,
feminista y asesora de organizaciones civiles y de agencias de la ONU.
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