En su tránsito por México, alrededor de 100 mil
migrantes han desaparecido en los últimos cinco años, víctimas -en
muchos casos- del crimen organizado. El responsable de esta crisis,
consideran especialistas, es el Estado mexicano.
Amaranta Cornejo Hernández y Sergio Castro Bibriesca
Amaranta Cornejo Hernández y Sergio Castro Bibriesca
México, DF. La política migratoria de México solamente busca que los migrantes no lleguen a los Estados Unidos; en los episodios derivados de esta política, como la masacre de 72 latinoamericanos en San Fernando, Tamaulipas, al norte de México hace dos años, el gobierno comete “un crimen sobre otro”, considera Camilo Pérez Bustillo, experto en el tema y miembro de la Comisión de Migración del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
Entre
el 22 y el 23 de agosto de 2010, 72 migrantes de Ecuador, Guatemala, El
Salvador, Brasil y Honduras, fueron asesinados, presuntamente, por el
cartel de Los Zetas, como parte del negocio de extorsión y trata de
personas que mantiene el crimen organizado. Hasta la fecha, no hay una
sola persona enjuiciada o sentenciada por estos hechos.
“Hay
una correlación entre el cambio de régimen y los posicionamientos del
crimen organizado”, explica el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, a
dos años de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. “No
auguro nada bueno, la violencia está en escalada”.
Durante
estos dos años se hizo una ley migratoria “en donde aparentemente están
abriendo las puertas a una visa temporal, pero después te encuentras
que para obtenerla necesitan un contrato previo firmado en Estados
Unidos y enseñar una cantidad de dinero para demostrar que pueden vivir
aquí por tres meses, en lo que se transita por el país”, advierte el
obispo.
El
tema del tránsito de migrantes tiene muchas aristas. Por un lado,
“siguen teniendo los clásicos modos de control: se sigue incorporando a
la policía y a otros sectores de la seguridad en México. A final de
cuentas, es una política de control para que no pasen los migrantes ni
lleguen a los Estados Unidos”, afirma Raúl Vera.
Por
otro lado, menciona Camilo Pérez Bustillo, “tristemente hemos visto que
el escenario, lejos de mejorarse en los últimos años, se ha
profundizado; persiste la corrupción, la colusión y toda la relación de
complicidad entre sectores del crimen organizado y el Estado a todos los
niveles, además de una deficiencia de las políticas públicas”.
Ambos
coinciden en que hay una política muy clara que viene de los Estados
Unidos. Raúl Vera, que además es miembro del Consejo de Garantes del
Capítulo mexicano del TPP, se pregunta: “¿Y por qué los matan? Se trata
de que no lleguen, no hay más”. Para Pérez Bustillo, lo que vemos es “la
profundización de unas políticas impuestas desde Estados Unidos, que
necesariamente implican la criminalización y que benefician directamente
al crimen organizado, porque aumenta la ganancia del tráfico y de la
trata humana”.
Camilo
Pérez Bustillo dice que el trato que las familias de los fallecidos en
San Fernando han recibido por parte del Estado mexicano es “un crimen
sobre otro crimen”, consistente en “depositar en fosas (comunes) sin un
proceso de identificación y notificación, y sin participación de los
familiares. Eso no debe de ser posible”, insiste.
Raúl
Vera agrega que las familias de los migrantes violentados deberían
tener más garantías por parte del Estado, “pero como podemos ver, ahí
está la ley de víctimas y no ha pasado. México no tiene la manera de
identificar los cuerpos ni de facilitar la ayuda a los familiares; el
motivo es que no les interesa, lo que les interesa es parar, a como dé
lugar la migración”.
Es
un año de cambio de régimen en el país y, ante la llegada de un nuevo
presidente, Camilo Pérez piensa que “estamos viendo cómo todas las
fuerzas se conjugan para que el escenario actual se perpetúe; no tenemos
ninguna razón para pensar que haya una esperanza de un cambio del
gobierno que aparentemente viene, al contrario, incluso puede ser peor”
y, añade, “podríamos hablar de una catástrofe humanitaria”.
Se
estima que en su tránsito por México, en los últimos cinco años han
desaparecido 100 mil migrantes, de los cuales sólo el 20 por ciento han
sido reportados por sus familias. Dentro de esos números, hay que
agregar que el 70 por ciento de los cuerpos encontrados no han sido
identificados. “Sobre este tema se da una convergencia muy singular
cuando hablamos de la vulnerabilidad de los migrantes”, explica Camilo
Pérez al analizar la masacre y la dinámica de las fosas. “Por un lado,
la mano de obra explotada de las y los migrantes es estructuralmente
esencial para el sistema; por otro lado, las personas específicas son
totalmente desechables porque siempre vienen más; son personas sin
derechos”.
La sociedad civil
Dolores
González, de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), reconoce que
hay un vacío en la agenda nacional respecto a la situación de los
migrantes en tránsito por México. Sin embargo, en ambas fronteras y a lo
largo del territorio nacional, la sociedad civil se organiza y se
solidariza. Dolores reconoce que “el tema de migración se ha convertido
en un eje central de alianza, de agenda de partida” entre la sociedad
civil. “La labor que nos toca a las organizaciones del lado mexicano es
garantizar ya no sólo las condiciones sanitarias, sino incluso las
condiciones de sobrevivencia a lo largo de su tránsito.”
Sin
embargo, no sólo organizaciones se articulan en torno a esta tarea;
también lo hacen, de forma espontánea, individuos. “Todos los
testimonios de migrantes te hablan de cómo la gente sale a auxiliarlos
de alguna manera cuando pasan por pueblos y comunidades”.
De
manera particular, Dolores menciona el valor de la Caravana por la Paz
que actualmente recorre Estados Unidos. Uno de los objetivos es que al
final de ésta se pueda construir “una propuesta de agenda y movilización
común. De hecho, la Caravana termina en Washington, donde va a haber
una serie de interlocuciones con el Estado norteamericano, con
congresistas y con oficiales del poder ejecutivo para hacer una serie de
planteamientos sobre el tema de migración, más directamente vinculados a
la estrategia de seguridad”.
Martha
Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), explica que en
Centroamérica, las organizaciones no estatales que trabajan el tema “son
básicamente los comités que agrupan a familiares de migrantes
desaparecidos en tránsito”. Éstos organizan la Caravana Centroamérica y
no cuentan con ningún tipo de apoyo. Ya han organizado caravanas de
búsqueda que atraviesan los países centroamericanos y cruzan México. “Se
han convertido también en caravanas de denuncia y de solicitar
solidaridad; su mensaje original, hace años, era ‘quiero encontrar a mi
hijo o a mi hija’; ahora, las expresiones de las madres son de lucha y
de cambio”, relata Martha. “En la última caravana las vinculé con madres
mexicanas que también buscan a sus desaparecidos”.
Dolores
González considera que el trabajo con migrantes es necesario y es una
luz en la oscuridad con tintes de esperanza. Por otro lado, Martha
Sánchez explica que “en este trabajo, las esperanzas suben y bajan
dependiendo de cómo nos va en el camino. Esta lucha es muy desigual. A
veces tenemos triunfos y el sistema se encarga de darles para atrás”.
Además
de esto, otro freno al trabajo con migrantes es que pone en la mira de
la delincuencia organizada a quien lo ejerce, considera Dolores. También
está lo que Martha Sánchez llama “las semillas de la xenofobia”, es
decir, que “si nos encontramos inmersos en la cultura del terror y el
gobierno local la fomenta, y además fomenta la xenofobia, te encuentras
una sociedad difícil. Donde no hay esos ‘estímulos’ te encuentras a una
sociedad como la mexicana: hospitalaria de origen. Donde haces trabajo
comunitario y logras que la comunidad los conozca, que vea las
manifestaciones, que hablen con las madres, la xenofobia se desploma y
entra el calor humano y la empatía”.
Para
Camilo Pérez Bustillo, los albergues han llenado ese vacío que ha
dejado el Estado, pero desgraciadamente “ese vacío se sigue ampliando”,
recalca. “A veces la sociedad lucha contra viento y marea, contra las
persecuciones de las que son objeto”. Menciona el caso del padre
Solalinde, “exiliado por su propia iglesia”, lo que deja a los migrantes
“como un grupo desprotegido, vulnerable”.
La
semilla de la esperanza “es ver el trabajo de organizaciones como el
Movimiento Migrante Mesoamericano o las caravanas que vienen desde
Centroamérica; o bien, las expresiones de actores sociales que se
manifiestan. Por ejemplo, en Tultitlán se quería desplazar el albergue,
lo que a final de cuentas se logró, pero hubo una respuesta desde los
estudiantes, desde los jóvenes, desde sectores diversos que se sienten
interpelados por este tema y que saben que México es un pueblo
migrante”. Para Camilo, “todos somos pueblos en movimiento y tenemos un
deber de solidaridad, que también se está manifestando en estos espacios
organizativos”.
El papel del Estado
El
gobierno mexicano no tiene puesto su compromiso y eficacia en la
defensa de los derechos de los migrantes, señala Camilo Bustillo, y
agrega que este Estado “ha sido calificado como patológico, como
terrorista”. Además, “es responsable” de estas crisis humanitaria.
Aun
así, considera, lo que sí debemos demandar al Estado “es que cumpla con
sus responsabilidades de conformidad con el derecho internacional;
mínimo hay que exhibir esa deficiencia, esa falta de voluntad, esa falta
de compromiso”. Camilo exhorta a levantar la voz e interpelar al Estado
“para que no nos volvamos cómplices; es una lucha que se tiene que
ganar en el campo de la conciencia”. Concluye que el Estado nunca lo va a
resolver y por eso lo debemos de resolver nosotros. “Debemos luchar por
ese otro mundo que es posible”.
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