· Misión Civil de Observación presenta informe sobre Nueva Esperanza
Fernando Camacho Servín
La Jornada 24/08/2012
Los cientos de desplazados guatemaltecos
de la comunidad de Nueva Esperanza, quienes fueron expulsados de sus
tierras en agosto del año pasado, siguen expuestos a
graves y continuadas violaciones a derechos humanoscometidas por los gobiernos de Guatemala y México, quienes los han mantenido en un campamento en condiciones muy precarias, denunció la Misión Civil de Observación.
Mediante un comunicado conjunto, más de 80 organizaciones de derechos
humanos de todo el país subrayaron que la expulsión de las familias de
Nueva Esperanza, hoy refugiadas en México, representa una
clara violación al derecho internacional humanitario, pues se mantienen en la línea fronteriza entre ambos países
en condiciones críticas que a lo largo de un año se han deteriorado gravemente.
Las violaciones al derecho a la vida, a la seguridad jurídica, a la
salud, a la educación, a la vivienda, y a la asistencia humanitaria y
agravios a población particularmente vulnerable como la infancia y
mujeres embarazadas fueron documentadas en el informe Los invisibles de la frontera olvidada,
que concluye con un llamado urgente y exigencias a los gobiernos de
México y Guatemala para que den asistencia humanitaria a los
desplazados.
Los colectivos firmantes recordaron que en enero de 2012, las autoridades mexicanas realizaron una
acción violenta para desentenderse de sus obligaciones, vulnerando diversos derechos y poniendo en riesgo la vida y la integridad física y emocional, particularmente de la infancia. Estos hechos permanecen impunes.
Además, el gobierno del país incurrió en
actos cruelespara repatriar a las familias desplazadas, pues los agentes que participaron en la expulsión detuvieron a niñas y niños para lograr así que se entregaran sus padres.
Un año después del desalojo, añadieron las organizaciones, no se han
comprobado ni sostenido acusaciones de vínculos con el narcotráfico o de
afectación de la reserva con las que autoridades guatemaltecas
intentaron incriminar a las y los pobladores de Nueva Esperanza, lo cual
confirma el temor expresado por la Misión Civil de Observación de que
fuese una estrategia para criminalizar a las y los desplazados y
justificar el desalojo.
Por todo ello, la Misión Civil de Observación se dijo preocupada por las
tácticas dilatorias con la que el gobierno anterior y el entrante de Guatemala han tratado a las y los desplazados, y llamó a privilegiar el retorno de los pobladores a sus tierras. Cuando éste no sea posible, debe plantearse una reubicación y, en todos los casos, la reparación del daño.
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