México. En junio de este año, mediante un
comunicado, el pueblo ikoot de Oaxaca volvió a pronunciarse en contra de
la construcción de parques eólicos “en nuestras tierras y territorios”.
También conocidos como mareños o huaves, este pueblo originario de la
zona lagunera del Istmo de Tehuantepec luchas desde hace años luchando
en defensa de su de autonomía y libre determinación para proteger su
territorio sagrado.
Asociada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llegó en 2004
al Istmo la empresa española PRENEAL, cuyo objetivo es “promover,
construir y explotar parques eólicos” mediante la creación de una filial
local llamada PRENEAL México. Su objetivo es “el desarrollo de parques
eólicos en diferentes estados de la república mexicana”.
Desde hace más de 30 años, el Instituto de Investigaciones Eléctricas
había reconocido el potencial de los vientos en el Istmo de
Tehuantepec, que tienen velocidades de hasta 20 m/s. Sin embargo, no fue
sino hasta 1994 que se construyó en la zona el primer parque eólico La
Venta. Durante el gobierno de Ulises Ruiz (2004-2010), en colaboración
con el gobierno federal, se impulsó la creación del Corredor Eólico del
Istmo de Tehuantepec (que cuenta con los parques La Venta II -2007-, La
Venta III -2012- y la proyección de los parques Oaxaca I, II, III y IV
-2014-) que ha colocado a México como segundo productor de energía
eólica de América Latina, superado tan sólo por Brasil.
En el marco de lo promovido por “los países centrales, corporaciones
trasnacionales, organismos internacionales, y medios de comunicación
masivos, con base en las propuestas del Capitalismo Verde y del discurso
del desarrollo sustentable”, se ha sustentado este proyecto cuyos
“beneficios” son, entre otros, que “no contamina el aire ni el agua, las
emisiones de carbono son prácticamente nulas, se hace uso de un recurso
siempre renovable (las corrientes aéreas) y es más barato que construir
presas”.
Sin embargo, el proceso de creación de estas plantas ha estado lleno
de irregularidades, como las que denunció Claudia Sheinbaum, académica y
activista política: “Falta de información a los propietarios de las
tierras, amenazas y hostigamiento, simulación de asambleas, firmas
falsas”. Además, grupos de campesinos aseguraron haber sido obligados a
firmar ante notario público contratos de arrendamiento de los que no
recibieron copia, y, aquellos que no hablan español, ni siquiera
contaron con traductor.
En pro de su defensa, se han creado organismos regionales como la
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la
Tierra y el Territorio (APIITDTT), cuya dirigente, Bettina Cruz
Velázquez, fue detenida el 22 de febrero por agentes de la Procuraduría
General de la República y liberada al día siguiente. La Asamblea ha
puesto diversas demandas civiles argumentando la nulidad de los
contratos de arrendamiento de las 20 mil hectáreas donde se asienta el
megaproyecto eólico.
Irónicamente, los pueblos originarios no son los únicos que se
encuentran amenazados por la construcción y el desarrollo de esta mega
empresa “en pro del medio ambiente”. El 25 de marzo de 2012, el
periódico La Jornada publicó una nota titulada “Eoloeléctricas,
obstáculo mortal para aves migratorias”, en la que se informas sobre la
importancia del Istmo de Tehuantepec como corredor migratorio para aves
de todo el continente americano. Se pueden encontrar hasta 453 especies
de aves y hasta 690 mil individuos en un solo día. Desde la creación de
La Venta II, que cuenta con 98 molinos de viento, se ha registrado la
muerte de 6 mil murciélagos, y 3 mil 900 aves en un solo año.
En entrevista con el periódico, Bettina Cruz “señaló que igual que
ninguna autoridad federal ha actuado para preservar los derechos de los
pueblos indígenas propietarios del territorio, tampoco se ha hecho un
estudio general de los impactos socioculturales y sobre las aves y la
flora y la fauna terrestre y acuática del megaproyecto en su conjunto.”
A causa de todas las irregularidades y violaciones de derechos a las
que han sido sometidos, la Máxima Asamblea de San Mateo del Mar (donde
viven los Ikoots) hizo de conocimiento del gobierno del estado de
Oaxaca, así como de Instituto Estatal Electoral y el Instituto Federal
Electoral que no participarían en las jornadas electorales del 1 de
julio, como protesta ante las acciones de gobierno y la poca atención a
sus demandas.
Esto significa poco menos de 20 mil voces que no se hicieron oír en
las urnas porque no creen en las acciones de los gobiernos para con
ellos. Sin embargo, exigen atención por parte de gobierno, medios y
organizaciones en pro de los derechos humanos para que puedan luchar por
sus derechos sin tener que recurrir a la violencia: “hasta hoy, estamos
decididos a mantener la prudencia para defender nuestra comunidad y
nuestra justicia”.
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