El Estado mexicano utiliza el sistema de procuración y administración de justicia para criminalizar, afirma.
La Jornada 25/08/2012
México, DF. El
Estado mexicano reprime judicialmente a bases de apoyo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), denunció el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) al detallar
las violaciones al debido proceso en contra de Francisco Sántiz
López, indígena base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) “injustamente preso” en el Centro Estatal para la
Reinserción Social de los Sentenciados (CERSS) número 5 en San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Actualmente, sostiene el
Frayba, Santiz López “se encuentra acusado por el delito del fuero
federal de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército
y Fuerzas Armadas, siendo que, por los delitos de homicidio y
lesiones calificadas, el pasado 22 de marzo se extinguió la acción
penal, por desistimiento del ministerio público del fuero común”.
Los cargos iniciales, que permitieron encarcelar al indígena, lo
señalaban infundadamente de participar en un incidente violento en
la comunidad Banavil, municipio de Tenejapa, en diciembre pasado,
donde una persona perdió la vida.
El Frayba “considera
que durante la detención y el proceso judicial de Santiz López, el
cúmulo de derechos violados dan evidencia de que se trata de una
persecución por el trabajo político que realiza como base de apoyo
del EZLN en los Altos”, por lo que manifiesta “el temor fundado”
de que el juez primero de distrito de procesos penales federales en
la entidad emita una sentencia condenatoria contra el campesino
tzeltal.
Para el centro de
derechos humanos, “el Estado mexicano utiliza el sistema de
procuración y administración de justicia para criminalizar a las
bases del EZLN debido a que le molestan los avances en el derecho a
su libre determinación a través de la autonomía zapatista, con
base a los Acuerdo de San Andrés y sus referentes internacionales:
Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de los
Derechos de los Pueblos Indígenas”.
El mencionado juez,
informa el Frayba, “declaró infundado el incidente de libertad por
desvanecimiento de datos a favor de Francisco, en acuerdo publicado
el 17 de agosto, refiriendo entre
otros argumentos que, en
el momento de dictar el auto de formal prisión, se tomaron en cuenta
testimonios de quienes dicen que Francisco se encontraba en compañía
de personas armadas, ‘por lo que resulta insuficiente para
considerar que se hayan desvanecido los datos’”.
Cabe aclarar que el juez
“no valoró que los ocho testigos señalaron de manera explícita
que Francisco no portaba arma alguna, delito por el que se le
inculpa”. En el auto de formal prisión el juez tampoco valoró los
testimonios de autoridades locales ni testigos que confirman “que
la detención ocurrió en la cabecera municipal de Tenejapa y que
Francisco no se encontraba en Banavil en el momento que acontecieron
las agresiones, así como el hecho de que el arma de fuego fue
‘asegurada’ y entregada, junto con otras cinco armas, al juez
indígena de Paz y Conciliación por habitantes de dicha comunidad”.
Ante el hecho no existe
ningún peritaje “que arroje que Francisco portaba el arma
referida”.
A más de ocho meses, el
encarcelamiento de Santiz López resulta político en la medida en
que está demostrado que carece de fundamento, y se le mantiene en
prisión bajo consigna política, a pocos meses del relevo de
gobierno, tanto estatal como federal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada