En el “triángulo dorado” de “El Chapo”, 36 por ciento de los muertos
* 109 mil 142 homicidios dolosos y culposos clasificados por el gobierno federal como “Sin Datos” y “Otros”.
* “109 mil homicidios nos dejan
perplejos, pero por otro lado, nos deja en una situación en que
seguramente son muchísimos más, porque tenemos mucha gente desaparecida
que no sabemos dónde está”: Hermana Consuelo Morales, defensora de los
Derechos Humanos en Nuevo León.
* El desprecio por las víctimas en el
gobierno calderonista: CNDH, que dirige el panista Raúl Plascencia,
reconoce sólo 111 muertes de civiles en 2010 y 43 en 2011.
* Efecto cucaracha: En Chihuahua, Sinaloa
y Baja California disminuyen ejecuciones en 2011 en relación con 2010,
pero aumentan drásticamente en Nuevo León, Guerrero, Estado de México,
Jalisco, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.
* Ningún candidato presidencial se
compromete a investigar las 71 mil ejecuciones, menos los 109 mil
homicidios “Sin Datos” y “Otros”.
* “Cuando este país se encuentre con un
grupo criminal en alianza con otro consolidado, como (el Cártel de)
Sinaloa, consolidado con varios grupos adicionales, nos vamos a
encontrar con que la violencia va a ir bajando”: Edgardo Buscaglia.
* Baja California, cuarto lugar nacional, con 4 mil 210.
Los 71mil muertos de Felipe Calderón
Enrique Mendoza Hernández
Balaceados, decapitados, colgados, desmembrados, encajuelados, enteipados,
con tiro de gracia, con narcomensajes, incinerados, desechos en ácido y
desenterrados de narcofosas, aparecen todos los días en las 32
entidades federativas. Son ejecutados con las características propias
del narcotráfico y el crimen organizado.
En lo que va del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, 71
mil personas han perdido la vida en condiciones de violencia, producto
de la inseguridad provocada por los cárteles de la droga.
Recurriendo como metodología a la consulta de tarjetas
informativas de las procuradurías estatales y de la federal; policías
estales y municipales, Sistema Nacional de Información, registros
hemerográficos en los estados y a Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs) del país, ZETA llegó a la conclusión que en
cinco años y medio del administración del Presidente Felipe Calderón,
han ocurrido en México 71 mil 804 ejecuciones relacionadas con grupos
criminales que disputan el territorio mexicano para el trasiego y venta
de droga. La cifra incluye lo que el gobierno calderonista clasifica
como “Ejecuciones”, “Enfrentamientos” y “Homicidios-Agresiones”. Así la
estadística año por año:
2007: 2 mil 826 ejecuciones.
2008: 6 mil 837.
2009: 11 mil 753.
2010: 19 mil 546.
2011: 24 mil 068.
Al 30 de abril de 2012: 6 mil 774.
En total, 71 mil 804 entre el 1 de enero de 2007 al 30
de abril de 2012. La cifra corresponde al 80.5 por ciento del total de
89 mil 114 homicidios dolosos que el Sistema Nacional de Información
reporta en ese mismo lapso.
Hay que recordar que cuando Alejandro Poiré informó, el
12 de enero de 2011, que durante 2010 sucedieron 15 mil 273 asesinatos
vinculados con el crimen organizado de un total de 20 mil 127 homicidios
dolosos reportados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el
funcionario federal reconoció tácitamente que el 75.88 por ciento
correspondía a crímenes relacionados con el narcotráfico.
Los anteriores son los muertos oficiales,
lamentablemente las autoridades tanto estatales como federales,
prefieren ocultar la cifra real ante la comunidad mexicana e
internacional.
Los muertos que le estorban al Presidente
Sobre todo en los últimos días, el Presidente Calderón
ha dado la batalla para que se continúe -en la siguiente administración-
su estrategia contra los cárteles de la droga y la inseguridad. Que el
Ejército Mexicano fue la estrategia tangible e inmediata, y que no se
arrepiente de las medidas tomadas.
De lo que no habla el mandatario es de las bajas. De los ejecutados que contabilizados por estado, suman más de 71 mil.
Presionado por los medios de comunicación, el gobierno
de Calderón, a través de la Procuraduría General de la República (PGR),
tuvo que reconocer de manera “preliminar” la cantidad de 47 mil 515
ejecuciones al 10 enero de 2012; no obstante, las cifras “preliminares”
correspondían al cierre de septiembre de 2011. De hecho, las
estadísticas de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 del Sistema Nacional
de Información, llevan la leyenda “preliminar”.
Lo cierto es que, de tantos muertos, ya no les salen las
cuentas. No se ponen de acuerdo. Ni el Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP) del gobierno federal, ni el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Tampoco las procuradurías
estatales ofrecen las mismas cantidades en cuanto a homicidios dolosos
en México durante el sexenio calderonista.
Sólo por citar un ejemplo: el Sistema Nacional de
Información reconoce 60 mil 148 homicidios dolosos ocurridos entre 2007 y
2010, mientras que en ese mismo lapso, el INEGI reporta 70 mil 968
homicidios dolosos. Haciendo cuentas, la parte administrativa de la
seguridad en el gobierno del Presidente Felipe Calderón desconoce 10 mil
820 homicidios dolosos ocurridos entre 2007 y 2010.
“Una vez más nos revelan el gran desorden que traen, se
refleja esta gran desorganización que hay en los datos. Por eso también
la ciudadanía cada vez tiene menos confianza en los datos que nos da el
Sistema Nacional de Información; pero siempre van a la baja sus números.
La Secretaría de Seguridad Pública menciona 60 mil, y el INEGI menciona
70 mil. Estamos en una situación donde ya no les podemos creer nada
porque no hay un profesionalismo, no contamos con hombres con ética, y
definitivamente lo que nos está pasando es que estamos viendo cada vez
más muertes, cada vez más violencia, y no vemos ni un ápice de que haya
una seriedad en el trabajo que realizan de transparencia”, explica a ZETA la Hermana Consuelo Morales Elizondo, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (www.cadhac.org) en Monterrey, Nuevo León.
Otro claro ejemplo de cómo el gobierno federal está
siendo rebasado en el registro de las ejecuciones, es que mientras en
las procuradurías y fiscalías estatales reportan una cantidad, el
Sistema Nacional de Información da otras cantidades; menores, por
supuesto.
Por ejemplo, la Fiscalía General del Estatal de
Chihuahua reportó oficialmente el 28 de noviembre de 2011 la cantidad de
16 mil 456 homicidios dolosos ocurridos del 1 de enero de 2008 al 31 de
octubre de 2011; mientras tanto, el Sistema Nacional de Información da
cuenta oficialmente de 11 mil 588 en el mismo lapso, y en el mismo rubro
de homicidios dolosos. Existe entonces una diferencia de 4 mil 868
homicidios dolosos no reportados por el Sistema Nacional de Información.
Es más, el 11 de marzo de 2012, la Fiscalía General del
Estado de Chihuahua reportó oficialmente 4 mil 014 homicidios dolosos
ocurridos en 2011; mientras tanto, el Sistema Nacional de Información
registra 3 mil 039; es decir, nada más en el estado de Chihuahua, el
Sistema Nacional de Información no reporta por lo menos 975 cadáveres.
A pesar del discurso triunfalista tanto del gobierno federal como estatal, de que en aquella entidad ha sido éxito el llamado Operativo Conjunto Chihuahua, lo cierto es que sigue siendo la más sangrienta en el sexenio federal.
Los más sangrientos: Cártel de Sinaloa y Los Zetas
De las 71 mil 804 ejecuciones ocurridas en el
sexenio del Presidente Felipe Calderón, vinculadas con el crimen
organizado, éstas han ocurrido tanto en estados gobernados por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional
(PAN), como por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Chihuahua concentra el 21.6 por ciento, con 15 mil 513, y
es gobernado por el PRI. Sinaloa, con 7 mil 221 ejecuciones, por el
PRI. Guerrero, con 6 mil 106, es gobernado por el PAN y PRD. Baja
California, con 4 mil 210, gobernado por el PAN; y el Estado de México,
con 3 mil 894, es gobernado por el PRI.
Precisamente en esas entidades, sostienen la lucha por
el territorio el Cártel de Sinaloa contra el Cártel de Los Zetas, el
primero comandado por la mancuerna criminal de Joaquín Guzmán Loera e
Ismael Zambada; el segundo por Heriberto Lazcano y Miguel Treviño
Morales.
Organizaciones criminales las dos, que no han sido
desmanteladas por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, como sí ha
sucedido con otras estructuras delincuenciales que han sido mermadas por
detenciones, como es el caso del Cártel de los Beltrán Leyva, La
Familia o el de los Arellano Félix (CAF).
Las otras entidades que concentran el mayor número de
ejecuciones producto del crimen organizado y la lucha emprendida por
Calderón, donde también predomina el poderío criminal del Cártel de
Sinaloa y Los Zetas, son:
Nuevo León, 3 mil 894; gobernado por el PRI.
Durango, 3 mil 213; gobernado por el PRI.
Jalisco, 3 mil 156; gobernado por el PAN.
Distrito Federal, 2 mil 837; gobernado por el PRD.
Michoacán, 2 mil 787; gobernado por el PRI, antes por el PRD.
Tamaulipas, 2 mil 733; gobernado por el PRI.
Sonora, 1 mil 910; gobernado por el PRI.
Coahuila, 1 mil 595, gobernado por el PRI.
De los estados más sangrientos, ZETA también desprendió las siguientes conclusiones:
De las 71 mil 504 ejecuciones, los anteriores 13 estados
concentran la cantidad de 58 mil 840, cantidad que representa el 81.9
por ciento.
Asimismo, de las 71 mil 804 ejecuciones, 25 mil 947
corresponden al “Triángulo Dorado” formado por Chihuahua, Sinaloa y
Durango; esos tres estados concentran más de la tercera parte de
ejecuciones, concretamente, el 36 por ciento. Territorios conocidos por
ser controlados por el cártel de “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante
más buscado de los Estados Unidos, catalogado como el más rico del mundo
en el área criminal.
Finalmente, los estados de la frontera, noroeste, norte y
noreste conformados Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Nuevo León,
Durango, Tamaulipas, Sonora y Coahuila, concentran 40 mil 60
ejecuciones, es decir, en esas ocho entidades federativas se concentra
el 55 por ciento.
El desprecio por las víctimas de la guerra de Calderón
El actual sexenio federal también se ha
caracterizado por minimizar las muertes de civiles que su propia
administración llama “daños colaterales”: Niños, estudiantes,
empresarios, periodistas, activistas sociales.
El gobierno del Presidente Calderón primero reconoció:
“90 por ciento de bajas está en la delincuencia organizada. Sólo un 10
por ciento de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”,
informó la Secretaría de Gobernación en abril de 2010. Esa ha sido la
postura del gobierno calderonista.
En estas condiciones, de lo documentado por ZETA,
71 mil 804 muertes, el 10 por ciento de “blancos civiles” serían 7 mil
804. No hay autoridad estatal ni federal que informe sobre la cantidad
real de víctimas civiles en el sexenio que agoniza.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que
dirige Raúl Plascencia, informó el 26 de enero de 2011, que en 2010 nada
más 111 personas murieron en medio de la guerra del Presidente
Calderón; y de plano, el 25 de enero de 2012 la CNDH informó que en
2011, 43 civiles fallecieron durante enfrentamientos entre grupos
delincuenciales y fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la CNDH, 5 mil 397 personas han sido
reportadas como extraviadas nada más en la administración de Calderón, y
8 mil 898 cadáveres no identificados.
Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
de Chihuahua documentó 12 mil niños huérfanos por la violencia en
Ciudad Juárez, 120 mil personas desplazadas por la violencia según
información de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de
Diputados, y más de 40 mil mexicanos piden asilo político, de acuerdo
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
109 mil cadáveres “Sin Datos” y “Otros”
El gobierno del Presidente Felipe Calderón y de los
estados en el sexenio federal que termina, fueron rebasados no sólo en
el registro cuantitativo de ejecuciones ocurridas; también en la
identificación de cadáveres.
De las 71 mil 804 ejecuciones registradas por ZETA
durante cinco años y medio, clasificadas por el Sistema Nacional de
Información como homicidios dolosos cometidos “Por Arma de Fuego”, “Por
Arma Blanca”, “Sin Datos” y “Otros”, 30 mil 957 corresponden a los
rubros “Sin Datos” y “Otros”. Es decir, no se sabe la identidad del 43
por ciento.
Los homicidios “Sin Datos” y “Otros”, así clasificados
por el Sistema Nacional de Información, no únicamente pertenecen al
rubro de dolosos, sino que, de plano el gobierno de Calderón también los
amontona en el rubro de homicidios culposos.
Resulta que en el actual sexenio federal, 78 mil 185
cadáveres fueron arrojados al rubro de homicidios culposos “Sin Datos” y
“Otros”.
En pocas palabras, 109 mil 142 homicidios dolosos y
culposos han sido clasificados por el gobierno federal como “Sin Datos” y
“Otros”.
Ante la gravedad del gobierno al clasificar 109 mil 142
cadáveres como “Sin Datos” y “Otros”, la Hermana Consuelo Morales
explica a ZETA:
“Es una situación muy dolorosa. Estamos viviendo un
grave retroceso a pesar de que el año pasado constitucionalmente se
aprueba la reforma constitucional de Derechos Humanos en junio de 2011;
la verdad es que en la práctica esto no se ha venido reflejando en lo
más mínimo. Cuando nos están hablando de 109 mil homicidios nos dejan
perplejos, pero por otro lado, nos deja en una situación en que
seguramente son muchísimos más, porque tenemos mucha gente desaparecida
que no sabemos dónde está, que no sabemos si ya la mataron o no, si fue
la delincuencia organizada o con la complicidad de las mismas
autoridades.
“La decisión del señor Calderón de cambiar la estrategia
que tenía en su campaña, de haber dicho que iba a ser ‘el presidente
del empleo’ por un presidente que nos quiso dar la seguridad, pues nos
metió en una tendencia abismal donde vamos cayendo rápidamente en
situaciones de mayor inseguridad. Hay un verdadero retroceso en el
cumplimiento, en la concreción del respeto a los derechos humanos de la
ciudadanía”.
Asimismo, Edgardo Buscaglia, catedrático e investigador
del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad
de Columbia, también opinó a ZETA sobre los 109 mil 142 homicidios dolosos y culposos en el sexenio calderonista, clasificados como “Sin Datos” y “Otros”:
“Es un síntoma de debilidad de estado; es un síntoma de
que el estado no tiene capacidad de investigar, acusar, procesar
homicidios; es el tipo de indicadores que yo veo en Afganistán, que veo
en el norte de Pakistán, veo a veces en Sudán, en la zona del limítrofe
entre Sudán del Sur y Sudán. Es un símbolo de estado débil. Homicidios
‘Sin Datos’ es un nivel que se observa en estados el Sub-Saharan, en los
países más pobres de Asia; es realmente una vergüenza”.
Efecto cucaracha
Ciertamente, en estados como Chihuahua, Sinaloa y
Baja California disminuyó el índice delictivo relacionado con homicidios
dolosos vinculados con el crimen organizado en 2011, en comparación con
2010.
Concretamente, en Chihuahua, de 4 mil 375 ejecuciones
registradas en 2010, al siguiente año ocurrieron 4 mil 014; en Sinaloa
pasaron de 2 mil 204 en 2010, a mil 913 al año siguiente; y Baja
California, de 992 ejecuciones registradas por este Semanario en 2010,
en 2011 sucedieron 673.
Pero mientras en algunos estados disminuyeron las
ejecuciones, en otros aumentaron drásticamente, entre ellos Nuevo León,
Guerrero, Estado de México, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.
El “efecto cucaracha” se registró en Nuevo León, estado
donde más aumentaron las ejecuciones de un año al siguiente: De 770 en
2010, en 2011 ocurrieron 2 mil 003. Hubo un incremento de mil 233
ejecuciones, que corresponde al 160 por ciento.
En Guerrero, de mil 376 ejecuciones ocurridas en 2010, al siguiente sucedieron 2 mil 158; 56 por ciento de incremento.
En el Estado de México, de 954 ejecuciones registradas en 2010, en 2011 ocurrieron mil 512; el aumento fue del 58 por ciento.
En Jalisco, de 793 ejecuciones contabilizadas en 2010, en 2011 fueron mil 222, lo cual representa el 54 por ciento de aumento.
En Coahuila, de 398 ejecuciones en 2010, al siguiente año ocurrieron 735, por lo que el incremento fue del 84 por ciento.
Y finalmente, en Tamaulipas, de 780 ejecuciones
registradas en 2010, sucedieron mil 108 en 2011; hubo un aumento del 42
por ciento. En Veracruz, de 345 ejecuciones documentadas en 2010, al
siguiente año hubo 654; el incremento fue del 89 por ciento.
La violencia va a ir bajando, pero eso no quiere decir que México no esté más invadido por grupos criminales: Buscaglia
De acuerdo con la Agencia Antidrogas de los Estados
Unidos (DEA), en estados como Nuevo León, donde las ejecuciones se
dispararon de 56 en 2009, a 770 en 2010; 2 mil 003 en 2011 y 650 en los
primeros cuatro meses de 2012, la lucha entre el Cártel del Golfo, Los
Zetas y Cártel de Sinaloa, dejará a una sola organización delictiva
viva:
“Se ataca a Los Zetas o éstos defienden lo que ellos
consideran su área de operaciones conocida como plaza; en este año el
nivel de confrontación con el Cártel de Sinaloa y del Golfo se ha
incrementado, ahora tenemos el punto de no retorno: sólo un grupo
quedará vivo”, emitió recientemente un elemento de la DEA.
Por su parte, Edgardo Buscaglia, quien además es asesor
del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), explica a ZETA sobre el eventual fenómeno de decremento de homicidios, como ya sucedió en Chihuahua, Sinaloa y Baja California:
“Los homicidios pueden bajar a niveles muy
históricamente mínimos y como en el caso de Rusia donde los homicidios
organizados bajaron mucho desde la época de Yeltsin, y sin embargo el
país está mucho más mafiocratizado que antes, con el presidente Putin. O
sea que no caigamos en la idea de que porque haya menos homicidios
organizados, la política va a tener éxito. Obviamente todos queremos que
haya menos homicidios, pero el homicidio organizado no es un indicador
de fracaso o de éxito de una política en general.
“Cuando este país se encuentre con un grupo criminal en
alianza con otro consolidado, como (el Cártel de) Sinaloa, consolidado
con varios grupos adicionales, nos vamos a encontrar con que la
violencia va a ir bajando, pero eso no quiere decir que México no esté
más invadido por grupos criminales, por delitos económicos, extorsión,
secuestro, piratería, contrabando o fraude, que van a seguir aumentando,
a pesar que los homicidios van a bajar”.
El investigador concluye: “Lo que estamos viendo
lamentablemente es que ninguna de las medidas que en este momento
estamos viendo implementarse, o que se hayan sugerido en las plataformas
de los candidatos, esté dando ningún tipo de luz al final del túnel”.
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