- La organización asegura en una carta al presidente peruano que las fuerzas del orden utilizaron una fuerza desproporcionada al disparar contra manifestantes antimineros en Cajamarca.
- Exige que se investiguen los hechos que llevaron a la muerte de cuatro personas.
El País 23/09/2012
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Manifestación en Lima en solidaridad con las protestas antimineras de Cajamarca, el pasado 4 de julio. / E. Castro-Mendivil (REUTERS) |
La organización estadounidense pro derechos humanos Human Rights
Watch (HRW) dirigió una carta al Gobierno peruano alertándole de una
“violación grave de las normas internacionales de derechos humanos”,
debido a las pruebas recogidas que revelan el uso de fuerza letal
injustificada en la reacción de la policía y el Ejército contra civiles
durante las protestas del pasado mes de julio en Celendín, Cajamarca
(sierra norte).
La región de Cajamarca vive desde hace dos años un conflicto con el
Gobierno de Lima por el proyecto para construir una gigantesca mina de
oro y cobre al aire libre que destruiría un espacio natural que
supuestamente abastece de agua sus habitantes. En el último y más grave
episodio de estas protestas, el pasado 3 de julio, tras una marcha y un
plantón en la plaza de armas de Celendín, algunos agitadores atacaron
con fierros y juegos pirotécnicos una oficina de la Municipalidad y
fueron repelidos por la policía; cuando a ésta se le terminó el gas
lacrimógeno, intervino el Ejército con fusiles Galil y causó la muerte
de cuatro personas, entre ellas un menor de edad.
El mismo día, Juan Jiménez -entonces ministro de Justicia y hoy primer ministro- declaró que una turba atacó patrimonio del Estado y “a personal policial con armas de fuego
y artefactos pirotécnicos resultando policías y militares heridos”,
además, indicó que la policía solo utilizó balas de goma y no se
pronunció sobre la actuación del Ejército.
Días más tarde, cuando se conocieron los informes médicos de los
policías heridos, se supo que no recibieron impactos de bala, a
diferencia de los muertos y heridos civiles. Incluso algunos celendinos
registraron en vídeo a soldados que recogían los proyectiles luego del
tiroteo.
En la carta dirigida al presidente Ollanta Humala y cinco ministros más, HRW señala que “si bien algunos manifestantes habrían atacado a policías con piedras, palos y proyectiles caseros, numerosos testigos subrayaron que ninguno llevaba armas de fuego ni usó la fuerza de un modo que claramente pusiera en riesgo la vida de otros”.
El organismo defensor de los derechos humanos determinó la hora en que pudo haber habido uso letal de la fuerza desde el lado de los manifestantes. Los efectivos reaccionaron con armas de fuego una hora después, cuando ya no había un riesgo inminente de muerte o lesiones graves de ellos o terceros. La misión de HRW que produjo el informe sobre el cual se basa la carta, visitó Celendín y Lima para entrevistarse con ciudadanos, altos funcionarios y policías a mediados de julio. Mientras tanto, aún no se conocen los resultados de las investigaciones de los fiscales sobre este caso.
“La evidencia de posibles abusos es suficientemente convincente para requerir una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos”, añade el documento, y alude a otros casos en los que también se ha recurrido al uso de la fuerza letal en control de manifestaciones públicas en años recientes.
En lo que va del Gobierno de Ollanta Humala, han muerto 20 civiles durante conflictos sociales con intervención de las fuerzas del orden por disputas de recursos naturales.
Human Rights Watch también insta al Gobierno peruano a “asegurar que se exija a todos los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en operativos de control de manifestaciones públicas conocer las normas internacionales para el uso de la fuerza y se les explique que en caso de incumplirlas, deberán rendir cuentas por su actuación”.
Asimismo, la entidad solicita al presidente Humala revise el decreto legislativo 1095, por el cual los delitos cometidos por fuerzas del orden en estas situaciones sean vistos por el fuero militar-policial en vez de tribunales civiles. Además, pide impedir la aprobación de un proyecto de ley que autorizaría el uso de armas letales en riesgo de la libertad personal del policía o de terceros, en vez de cuando hay una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, como establecen las normas internacionales que el Perú ha suscrito.
El sociólogo Santiago Pedraglio dijo sobre este asunto que "el Gobierno hasta ahora ha sido resistente a reconocer este tipo de graves errores”. “En otros países con conflictos similares no están habiendo tantos muertos, algo está pasando aquí a diferencia de otros en América del Sur: no sé si es una herencia de la violencia interna que tuvimos (1980-2000) o una concepción del orden identificada con el uso de armas letales”, añadió.
El antropólogo y especialista en conflictos sociales Javier Torres, comentó a este diario que “el Gobierno, como los anteriores, prestara poca atención a la carta de HRW. Justamente hemos tenido (el miércoles) un nuevo muerto en un conflicto en Ancash, a pesar de que el ministro Jiménez ha declarado en varias ocasiones que la policía actuará respetando la ley”.
En septiembre, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza y el primer ministro anunciaron que han iniciado los procesos de compra de equipamiento no letal para la policía, y han intentado explicar las muertes recientes por esa carencia de materiales.
En la carta dirigida al presidente Ollanta Humala y cinco ministros más, HRW señala que “si bien algunos manifestantes habrían atacado a policías con piedras, palos y proyectiles caseros, numerosos testigos subrayaron que ninguno llevaba armas de fuego ni usó la fuerza de un modo que claramente pusiera en riesgo la vida de otros”.
El organismo defensor de los derechos humanos determinó la hora en que pudo haber habido uso letal de la fuerza desde el lado de los manifestantes. Los efectivos reaccionaron con armas de fuego una hora después, cuando ya no había un riesgo inminente de muerte o lesiones graves de ellos o terceros. La misión de HRW que produjo el informe sobre el cual se basa la carta, visitó Celendín y Lima para entrevistarse con ciudadanos, altos funcionarios y policías a mediados de julio. Mientras tanto, aún no se conocen los resultados de las investigaciones de los fiscales sobre este caso.
“La evidencia de posibles abusos es suficientemente convincente para requerir una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos”, añade el documento, y alude a otros casos en los que también se ha recurrido al uso de la fuerza letal en control de manifestaciones públicas en años recientes.
En lo que va del Gobierno de Ollanta Humala, han muerto 20 civiles durante conflictos sociales con intervención de las fuerzas del orden por disputas de recursos naturales.
Human Rights Watch también insta al Gobierno peruano a “asegurar que se exija a todos los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en operativos de control de manifestaciones públicas conocer las normas internacionales para el uso de la fuerza y se les explique que en caso de incumplirlas, deberán rendir cuentas por su actuación”.
Asimismo, la entidad solicita al presidente Humala revise el decreto legislativo 1095, por el cual los delitos cometidos por fuerzas del orden en estas situaciones sean vistos por el fuero militar-policial en vez de tribunales civiles. Además, pide impedir la aprobación de un proyecto de ley que autorizaría el uso de armas letales en riesgo de la libertad personal del policía o de terceros, en vez de cuando hay una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, como establecen las normas internacionales que el Perú ha suscrito.
El sociólogo Santiago Pedraglio dijo sobre este asunto que "el Gobierno hasta ahora ha sido resistente a reconocer este tipo de graves errores”. “En otros países con conflictos similares no están habiendo tantos muertos, algo está pasando aquí a diferencia de otros en América del Sur: no sé si es una herencia de la violencia interna que tuvimos (1980-2000) o una concepción del orden identificada con el uso de armas letales”, añadió.
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PS.
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