11/2/14

Cinco presidentes de México han enfrentado la resistencia de las comunidades zapatistas

Los ataques contra la emblemática comunidad zapatista son parte de la guerra de “baja intensidad”. Sin la actitud pacífica pero activa e insobornable de los zapatistas, la conflictividad sería mucho mayor.
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Hermann Bellinghausen / Desinformémonos
Foto de portada: Santiago Navarro

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Las agresiones contra la emblemática comunidad zapatista 10 de Abril a fines de enero, denunciadas por la Junta de Buen Gobierno Corazón del Arco Iris de la Esperanza, con todas sus particularidades y agravantes (como el ultraje y secuestro de personal del respetado hospital San Carlos, de Altamirano), puede ser ubicada en el contexto de la actual etapa de la guerra sostenida en lo que llaman “baja intensidad”, contra las comunidades en resistencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esta guerra que no dice su nombre afecta a un cierto número de ejidos y comunidades que poseen diversos grados de afinidad con los zapatistas, como Las Abejas, Xi’Nich, Pueblo Creyente, o las localidades indígenas en Chiapas que se reivindican como adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Ellas también se declaran en resistencia, aunque a diferencia de los autónomos estén insertados en el aparato institucional, también ahí en grados distintos.

Los hechos de violencia propiamente dicha parecieran esporádicos en cada caso, tomados por separado hasta que les sucede su “crisis”: heridos, o presos, o desplazados, o despojados; pero si se observan en conjunto, más bien revelan un continuo, un juego en el mapa de los estrategas de la contrainsurgencia, tanto militares como civiles, que no han detenido sus perniciosas actividades durante cinco gobiernos federales y siete u ocho (qué más da) gobiernos estatales. De poco valieron los relevos partidarios. (¿Alguien dijo transición democrática?). Bajo el PRI (Partido Revolucionario Institucional), como bajo el PAN (Partido Acción Nacional), el PRD (Partido de la Revolución Democrática) & Co. o el PVEM (Partido Verde Ecologista de México), las comunidades que se resisten a las nuevas y agresivas políticas agrarias, a los proyectos turísticos, agroindustriales o extractivistas han sido violentadas y reprimidas, paramilitarizadas, divididas. Para los promotores de la descomposición, todo lo que divida es bueno: ¿religiones?, ¿concesiones de territorio a interesas privados?, ¿campañas electorales?, ¿dobles raseros en justicia, reparto agrario, educación, salud y cuestiones de dinero?

La contrainsurgencia ataca de nuevo (nunca deja de hacerlo)


Cabe hacer dos enumeraciones de comunidades bajo el “tenue” fuego de los programas y las reformadas (gravemente deformadas) legislaciones agrarias, educativas, hacendarias y de uso de la energía y los recursos naturales. En la primera serie consideremos sólo poblados zapatistas. Significativamente, los casos recientes involucran a los cinco caracoles de EZLN, trátese de San Marcos Avilés, Comandante Abel, Che Guevara (Motozintla), Toniná, ejido Puebla, San Ramón, 10 de Abril, o transportistas autónomos de Ocosingo (por sólo mencionar los casos denunciados por las distintas juntas de buen gobierno en los últimos meses). Su aparición en regiones distintas -y en cada caso por “un conflicto” particular sospechosamente parecido a los demás- sugeriría que las políticas contrainsurgentes son exitosas. Sin embargo, a la vista de lo sucede cotidianamente en buena parte de los municipios zapatistas, uno podría concluir precisamente lo contrario. En lo que respecta a las comunidades autónomas, la costosísima contrainsurgencia más bien fracasa. Eso lo han observado en directo miles de alumnos de la Escuelita Zapatista a partir de agosto de 2013.

Desde posturas siempre firmes, sustentadas en sus leyes y principios -que han conquistado una legitimidad que ningún gobierno federal, estatal ni municipal puede ignorar-, los zapatistas de Chiapas han hecho esfuerzos, como pocos, por recuperar y cultivar los niveles de convivencia y vecindad con otras organizaciones políticas, autoridades ejidales y confesiones religiosas en pueblos y regiones enteras. Dicho de otro modo, sin la actitud pacífica pero activa e insobornable de las bases zapatistas, la conflictividad dentro y entre las comunidades sería mucho mayor.

Por supuesto los gobiernos estatales se auto celebran por esta digamos “paz social” y lo publicitan con una mano mientras con la otra agarran “recursos” públicos, privados y del tercer tipo para seguir haciendo su “trabajo”. La ineptitud de funcionarios, negociadores, asesores y legisladores es patente, y podría resultar desastrosa para las regiones indígenas a no ser por el responsable ejercicio de los gobiernos rebeldes, su respeto a los derechos colectivos y a los acuerdos entre iguales. Romper estos acuerdos es una de las prácticas favoritas de la contrainsurgencia, que también ya cumplió 20 años y contando. Serían los casos de Comandante Abel y 10 de Abril.

La segunda enumeración de comunidades y organizaciones que también defienden sus territorios y recursos, su dignidad indígena, su libertad de creencias, sus derechos humanos, de consulta, de justicia -las cuales con frecuencia comparten la lucha de los zapatistas-, abarca también todas las regiones: Selva Lacandona, Altos, Zona Norte, Selva-Frontera. En unos casos resisten programas de titulación de predios, en otros las tarifas de electricidad, el embate larvado de las mineras, los megaproyectos de comunicación y turismo, las disposiciones ambientales a la medida del despojo, el acaparamiento oficialista del transporte y el comercio, la inoperancia del sistema de salud. Todas defienden sus recursos, derechos y territorios: San Sebastián Bachajón, ejido Tila, Nuevo Jerusalén, Arroyo Granizo, Nuevo Francisco Gómez, ejido Puebla, Jabaltón, Cuauhtémoc Cárdenas, Mitzitón, Las Llanos, San José El Porvenir, Lacanjá Tzeltal, ejido Nuevo Tila, Banavil. De nuevo, sólo por mencionar algunos de los casos documentados en los últimos meses.

Por supuesto, cada uno cuenta con antecedentes añejos, con episodios de agravamiento y solución, traición de acuerdos, falsificaciones de actas o usurpaciones de representatividad. Muy significativo es el asedio de las autoridades agrarias para imponer el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Registro (FANAR), sucesor del infame Procede, ambos producto de la contrarreforma salinista del 27 Constitucional. Su establecimiento generalizado permitiría la privatización de las tierras ejidales y comunales promovida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Procuraduría Agraria.

¿Qué tienen en común las diversas historias de conflicto?: la complicidad explícita o implícita (y como quiera evidente) del gobierno. Esto garantiza la impunidad sistemática de agresores y delincuentes, incluso sus asesinatos en Viejo Velasco, Banavil, San Sebastián Bachajón y las nunca olvidadas ni resueltas matanzas en los años noventa en Chenalhó, El Bosque, Tila, Sabanilla y Chilón.

Ataque de la CIOAC “Democrática” contra 10 de Abril


Así, hasta llegar al 27 y el 30 de enero de 2014 en el ejido zapatista 10 de Abril, en el municipio autónomo rebelde 17 de Noviembre, ubicado entre las ciudades de Altamirano y Las Margaritas, en un escenario cocinado desde hace años en la comunidad tojolabal 20 de Noviembre por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesina (CIOAC), organización alguna vez independiente, y oficialista desde 2001 con la llegada del PRD al gobierno estatal, membrete para-priísta que permaneció en el poder 12 años y practicó un divisionismo profundo en comunidades en resistencia que lucharon por la recuperación de tierras después del levantamiento del EZLN en 1994 y establecieron acuerdos para crear o transformar las comunidades establecidas en las que fueron fincas privadas, “recuperadas” por todos hace dos décadas.

El primero de febrero, la Junta de Buen Gobierno del caracol zapatista de Morelia dio a conocer una grave agresión a bases de apoyo del EZLN en el ejido 10 de Abril, perpetrada por unos 300 de seguidores de los líderes de la CIOAC Democrática, Miguel Vázquez Hernández y Jaime Luna González. Los hechos ocurrieron el jueves 30 de enero, aunque las amenazas databan del lunes 27. El pretexto, tomar las tierras del ejido autónomo y titularlas a favor de la clientela cioaquista de 20 de Noviembre que no alcanzó predios en la reciente titulación con todas las de la ley (o sea, la siniestra Ley Agraria en vigor). Se dice fácil y no es nuevo: ir sobre las tierras recuperadas al amparo del gobierno y los partidos políticos.

La JBG de Morelia reporta: “Volvieron a agredirnos, cumpliendo sus amenazas. Se trasladaban con 18 camionetas Nissan que calculamos venían como 300 personas dispuestas a la violencia”. Se apearon a 30 metros y la camioneta “de punta” intentó atropellar a los zapatistas. En los agresores “se notó la total disposición de machetearnos porque de por sí llevaban machetes a la mano y traían piedras”.

La relación de la junta prosigue: “Nuestros compañeros resistieron no contestar las preguntas agresivas y burlonas que hacían”, y “trataron de decirles que dejaran de molestar porque la tierra es recuperada desde 1994 y por eso están allí cuidando”. Los agresores de la ClOAC Democrática arrojaron piedras, mientras otros blandían palos. “De inmediato nuestros compañeros empezaron a caer con golpes contundentes a sus ojos, cabeza, nariz y piernas”, denunció la junta con lacónico dramatismo.

Aunque algunos agresores resultaron levemente golpeados, entre los zapatistas hubo varios heridos, tres de consideración: Sebastián, de 20 años, con fractura del hueso cigomático izquierdo, traumatismo oftálmico lado izquierdo, hemorragia e inflamación severas de retina, fracturas de piso de cráneo y base nasal; Ismael, de 22 años, fractura abierta de nariz, traumatismo cráneoencefálico y contusión hombro izquierdo, y Jhony, de 32 años, traumatismo cráneoencefálico y ocular izquierdo.

Los dirigentes del ataque eran Arnulfo González Jiménez y Jaime Luna González, quienes dispararon armas de fuego. En 20 de Noviembre algunos pobladores llevan tiempo intentando apropiarse de tierras en 10 de Abril sobre las cuales no tienen derechos. “Las personas que llevaban acarreando fueron pagadas a 100 pesos cada uno de su jornal de violencia”.

La cosa no paró ahí. Al solicitar los zapatistas traslado y atención de los heridos al hospital San Carlos, en Altamirano, hombres y mujeres de la CIOAC impidieron el paso al personal de salud, mientras seguían golpeando a las bases zapatistas. En este episodio, la junta subraya que se incorporó a la violencia Francisco Hernández Aguilar de la Ranchería El Nanze (antes miembro de la OPDDIC, ahora líder de la ORCAO y desde hace años agresor de las bases zapatistas en el municipio 17 de Noviembre); es conocido por portar armas de alto poder,  AKA- 47, AR- 15 y 1 M-1. El ingrediente paramilitar siempre acaba por revelarse.

La ambulancia de San Carlos, con todo y el chofer Filomeno Hernández García, “los llevaron secuestrados a su ejido”. Los tripulantes Edgar Ulises Torres, médico, Rodríguez y Edith Garrido Lozada, religiosa, sufrieron la misma suerte. En 20 de Noviembre los tres fueron golpeados.

Para respaldar el traslado de heridos, acompañaban a la ambulancia en otra camioneta las religiosas Patricia Moysén Márquez y Martha Rangel Martínez. Fueron forzadas a bajar de la camioneta por mujeres del la CIOAC, las golpearon y las despojaron de su monedero, sus identificaciones y el vehículo.

Al día siguiente, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció al gobierno de Chiapas por “omisión para impedir agresiones a las bases de apoyo del EZLN de la comunidad 10 de Abril”. Y a la CIOAC Democrática por “violentar el territorio del EZLN”, agredir a sus pobladores y a los trabajadores del hospital San Carlos.

Los invasores no pasaron. Pero como aconseja el guión del gobierno, los agresores quedaron impunes; en vez de sancionarlos, las autoridades y los “operadores políticos” instalaron con ellos “negociaciones agrarias”; éstos esperan “solución” a su demanda de tierras, o un renovado estímulo institucional para golpear a los vecinos en resistencia.

A cada vuelta de tuerca de la contrainsurgencia de los gobernantes y sus aliados de oportunidad, la resistencia de ésta o aquella comunidad en rebeldía mella la tuerca y hasta la inutiliza. Pero el poder saca otra tuerca, y otra. Tiene costales llenos de ellas para atornillar la guerra de cada día.

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