9/2/14

En monarquía, la justicia no es igual para todos


Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada 09/02/2014

Por mucho que se esfuercen los defensores de las monarquías en afirmar que las casas reales no gozan de privilegios, los hechos van en sentido contrario. En Europa Occidental, por circunscribirnos a un espacio democrático, los escándalos en los cuales se han visto implicados, reyes, princesas, príncipes, duques o reinas, sólo en el siglo XX, dan cuenta de dos varas de medir. Una para los súbditos de a pie, y otra para las familias de sangre azul.

En Suecia, Dinamarca, Mónaco, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña o España, encontramos a miembros de las familias reales implicados en casos corrupción, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, pederastia, consumo de drogas o violencia de género. Sea cual sea el delito cometido, no veremos a nadie de la realeza sentarse en el banquillo de los acusados o sometido a los rigores de la justicia pedestre. La actual situación por la que pasa la infanta Cristina no deja de mostrar ese doble rasero de medir. Ningún poder del Estado, me refiero al gobierno, el legislativo o el judicial, pondrán en cuestión La Corona. Existe un cordón de seguridad que no puede ser traspasado. Otra cosa es que el vulgo esté al tanto de los excesos de sus monarcas.

En España, el montaje para tapar las vergüenzas y los excesos de la monarquía ha salido a la luz. Yernos, hijas, nueras, etcétera, todos implicados en el bacanal de la corrupción. Sin embargo la lectura propuesta por la casa real pretende revertir el descredito. La justicia es igual para todos subrayó Juan Carlos I en su mensaje navideño de 2012, aludiendo a la imputación de su yerno e hija en el caso Noos. Nada más falso. Era una manera de salir al paso y cortar la sangría de críticas por los excesos. Amantes, cacerías, cuentas secretas en Suiza, borracheras, etcétera.

Hoy podemos comprobar lo afirmado. La infanta Cristina acude a declarar rodeada de fuertes medidas de seguridad. Helicópteros, policías acordonando el perímetro, francotiradores, calles cortadas y un despliegue inusual de fuerzas de seguridad. Y una vez dentro del juzgado, se ha reído del juez. Al 95 por ciento de las preguntas formuladas salió por peteneras con lacónicos: no sé, no me consta, no lo conozco. Para ese viaje no hacen falta alforjas. Todo el paripé se resume en una falta de respeto a la justicia, la ciudadanía y un insulto a la inteligencia. Sin olvidarnos de sus abogados defensores encabezado por un padre de la Constitución, amigo personal del rey y su familia, Miguel Roca, cuyos servicios se miden en miles de euros por hora. Un letrado al alcance de cualquier súbdito.

Sin embargo, existe otro rasero cuando se trata de juzgar a trabajadores, jubilados, profesores, médicos, estudiantes y mujeres que salen a las calles a protestar contra los recortes sociales en educación y salud, los despidos, los desahucios y las privatizaciones. En estos casos, no hay contemplaciones. El fiscal pide penas de cárcel, inhabilitación y se ceba con los imputados. El gobierno, cambia las leyes, intimida, reprime y encarcela. Igualmente, si alguien no paga sus impuestos o comete fraude fiscal, el Ministerio de Hacienda procede sin dilación, solicita el embargo de bienes y propiedades del imputado. En el caso Noos y la hija del rey, Hacienda decide mirar para otro lado y cambia los informes para exculpar a la infanta Cristina. Acto que se ve recompensado por letrados de la infanta, invitando a los mismos inspectores a una jornadas sobre fiscalidad muy bien retribuidas. Sin comentarios.

Doble vara de medir que demuestra que mientras existan monarquías, institución obsoleta y régimen anacrónico, la democracia no podrá desarrollarse. La revolución francesa, y con ello, el advenimiento de los derechos ciudadanos, fue una anomalía histórica. Las monarquías se actuaron poniendo a resguardo su poder y bienes, inventando fórmulas de compromiso y salvaron sus cuellos. Hoy no se trata de reivindicar la guillotina, simplemente defender un ordenamiento democrático y republicano.

Las monarquías, todas ellas, deben pasar a la historia como un mal recuerdo de regímenes despóticos, personalistas y canallas.

En conclusión, la imputación de la infanta Cristina no deja de ser una forma de evidenciar que la Corona está dispuesta a realizar una crítica cara a la galería. Un brindis al sol. Acusada sí, pero nunca juzgada ni menos aun declarada culpable.

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El fiscal pedirá para Urdangarin entre 10 y 19 años de cárcel. El Ministerio Público reclamará que la infanta pague 600.000 euros por responsabilidad civil; y pide entre 10 y 15 años para el exsocio del duque, Diego Torres; y entre cuatro y ocho para el expresident de Balears, Juame Matas.

Más:

Cuatro pruebas desmontan la versión de la infanta.
Castro se tomará hasta dos meses en analizar las pruebas que maneja, según fuentes cercanas al juez. Entre esas evidencias figuran las actas e informes de gestión de Aizoon que la infanta firmó 9 años y los e-mails que sugieren que la infanta conocía las irregularidades, como el correo que Urdangarín cruza con su asistente en el que le advierte: “SAR me ha encargado unas compras que no puedo justificar como gastos de Aizoon”.

LA CONFORMIDAD DE LA INFANTA A LAS CUENTAS
(Imagen)

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