21/6/14

Lanzan campaña para que PGR cumpla sentencia en favor de Jacinta, Alberta y Teresa

*Centro Prodh y Amnistía Internacional invitan a firmar carta de apoyo


Sididh 20/06/2014

México, DF, 19 de junio. El Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Amnistía Internacional (AI), lanzaron ayer una campaña pública para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) que cumpla con las sentencias que le ordenan ofrecer una disculpa pública e indemnizar por daño material y moral a Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitió sentencias de reparación hacia las tres indígenas hñähño (20 de noviembre de 2013, hacia Alberta y Teresa; el 28 de mayo de 2014, hacia Jacinta), que sientan un importante precedente en México en materia de reparación del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos.

Para el Centro Prodh y AI, las resoluciones representan “un freno disuasivo al Estado para limitar las acciones de sus representantes para que respeten los derechos humanos”.

Por medio de esta campaña, las organizaciones instan a la PGR a no interponer recurso contra la sentencia favorable a Jacinta, pues supondría dilatar aun más la justicia que la mujer indígena ha reclamado desde que en 2006. Interponer un recurso supondría un nuevo acto revictimizante, puntualizaron.

El 7 de julio vence el plazo para que la PGR pueda recurrir la sentencia del caso de Jacinta, y es importante recordar que en el caso de Alberta y Teresa la PGR puede desistirse, incluso después de esa fecha. La campaña, en esta fase, invita a enviar una carta al procurador Jesús Murillo Karam, exigiendo que cumpla con la obligación de reparar el daño, retire los recursos legales en los casos de Alberta y Teresa y no interponga uno en el caso de Jacinta.

Cualquier persona que quiera apoyar puede hacerlo a través del siguiente sitio web (http://bit.ly/jatcom).

Estas tres mujeres hñähño (otomíes) fueron encarceladas durante tres años, acusadas de manera injusta por el presunto secuestro de seis miembros de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en el estado de Querétaro en 2006.

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