31/8/14

Espionaje, CISEN y guerrilla: fuera de reflectores en México

Miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Foto: red

Por Maurizio Montes de Oca
Los Ángeles Press

CIUDAD DE MÉXICO.- La guerra contra el narcotráfico que proclamó el presidente Felipe Calderón en 2007 ha dejado un sinnúmero de interrogantes y daños a las víctimas colaterales. Los ciudadanos vieron sus vidas atravesadas por esta batalla que ha sido tema cotidiano de noticieros y de la agenda gubernamental en materia de seguridad nacional. Sin embargo, existe un fenómeno violento que muchos creíamos haber dejado atrás, por allá en un rincón olvidado del siglo XX y rematado con el carpetazo que le dio la fiscalía especializada para su investigación con muy poca exposición mediática: una guerra sin el lente de los medios que el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (CISEN) ha librado silenciosamente desde su trinchera.

No son los cárteles de la droga, aunque también están armados. Con un discurso político, con unas razones distintas y con un profundo deseo de cambio en el país, proclaman la autodefensa desde hace décadas, pero con muy pocas vías de incidencia: la guerrilla. El CISEN lo sabe perfectamente.

Muchos mexicanos pensaron que la alternancia en el poder en el año 2000 traería consigo una apertura de espacios de deliberación pública que permitiesen dar mayor atención a las demandas ciudadanas históricamente desatendidas, las del campo y las indígenas, por ejemplo. O que las reformas políticas impulsadas en los ochenta por Jesús Reyes Heroles que otorgaban legitimidad a los partidos disidentes, harían que las voces del comunismo se escucharan por las curules de las diputaciones plurinominales. No todas las ideas encontraron ese cauce. El 1 de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo su aparición en Chiapas haciendo severos cuestionamientos a la narrativa de modernidad que intentaba construir por aquellos años el presidente Carlos Salinas, según el marcaje personal que les hizo el CISEN, sus combatientes provenían principalmente de las Fuerzas de Liberación Nacional que vieron la luz en el año 1959.

El fenómeno de la guerrilla en México tiene su origen en la conformación de grupos armados inconformes con asuntos no resueltos por la revolución de 1910. Es el caso del Partido Agrario Obrero Morelense liderado por Rubén Jaramillo en los años cincuenta y sesenta, el cual pasó a la clandestinidad como organización armada alternando con la lucha legal electoral. Fue la primera guerrilla mexicana en sufrir la desaparición forzada de algunos de sus miembros. Algunos de sus miembros se desmovilizaron, otros más se sumaron a otras organizaciones armadas. Entre los años setenta y ochenta cobró auge la Liga Comunista 23 de Septiembre, grupo guerrillero de inspiración teológica y marxista de la que algunos miembros lograron sobrevivir en silencio al interior de esta guerra. 

Miembros de la Liga 23 de Septiembre Foto: periodicomural.com.mx

El CISEN asegura que la acción gubernamental ejercida en los setenta logró desmovilizar a organizaciones como el Partido de los Pobres, el Movimiento Armado Revolucionario y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que operaban en el Occidente del país y el Distrito Federal. La acción gubernamental incluyó torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, como documentan las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Las acciones subversivas y las organizaciones armadas proliferaron y se radicalizaron a partir de la matanza de estudiantes en 1971. No obstante, según las observaciones del CISEN, el brazo político de la guerrilla guerrerense, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo – Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP), logró escabullirse en las sombras y reagruparse en 1994 junto con otras 13 organizaciones:
  • Comando Francisco Villa
  • Comando Morelos
  • Comando Vicente Guerrero
  • Comando Armado Mexicano
  • Brigada Genaro Vázquez Rojas
  • Brigada 18 de Mayo
  • Brigada de los Trabajadores
  • Brigada Campesina de Ajusticiamiento
  • Brigada Obrera de Autodefensa
  • Células Comunistas (sic)
  • Organización Armada del Pueblo
  • Organización Revolucionaria Ricardo Flores Magón
  • Unión de Comandos Revolucionarios 
El PROCUP estaba –según sus propias palabras citadas por el CISEN-, “preparando todo para el reinicio de las hostilidades militares contra las fuerzas centrales del enemigo”. El 28 de junio de 1996 en el municipio de Coyuya de Benítez en Guerrero, surgieron de entre la maleza un grupo de personas con uniforme militar, el rostro cubierto con pasamontañas  y una insignia pegada al hombro con las siglas E.P.R., el nuevo nombre que dio cobijo a hombres y mujeres del viejo PROCUP y las 13 organizaciones citadas: Ejército Popular Revolucionario. La fecha no es fortuita. Justo se conmemoraba un año de la matanza de 17 campesinos en el poblado de Aguas Blancas, quienes se dirigían a un mitin. Ahí comenzó la historia de una organización cargada de simbolismos en sus apariciones públicas y de un fuerte contenido político, elementos que no obstante, no lograron mantener unida a la estructura y la dividió en escisiones más violentas y menos organizadas.

Así consta en un documento de marzo de 2007 en el que el CISEN detalla algunas de las razones por las cuales un nuevo grupo de nombre Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), se escinde del EPR a causa de un “conflicto de valores políticos e ideológicos”, que se tradujo en una “lucha de posiciones” en la que una de las corrientes internas accedió a la dirección general de la organización con la intención de “revertir la readecuación programática y la línea política”, que finalmente derivó en una “ruptura y fragmentación del proyecto original”. Toda la información anterior se divulgó en una conferencia de prensa ocurrida en diciembre del año 2000 en las montañas de Guerrero en la que el capitán Daniel y los voceros Arturo y Carmen consideran que la alternancia política no es suficiente para lograr transformaciones profundas en el país.

“Hola Ana Cristina, hola Paulina, Vicente y Rodrigo; Honorable Congreso de la Unión… Vengo a este solemne acto, portando no sólo mis convicciones personales, sino los sueños y anhelos de cambio de todos los mexicanos…”, pronunciaba Vicente Fox el 1 de diciembre de 2000 ante legisladores e invitados. A varios kilómetros de distancia, en la comunidad de Nazareno Etla en Oaxaca, se preparaba un mitin de otra organización clandestina escindida del EPR: las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP):

      “No es posible pasar por alto que asumo la titularidad del Poder Ejecutivo en nuevas condiciones. La decisión soberana de los electores del 2 de julio, no tiene precedente… a nadie puede regateársele su contribución… acudimos millones de mexicanos y mexicanas, en todos los rincones del país, para emitir nuestro voto. Todos y todas participamos en esta fiesta cívica.”

Una columna integrada por 17 hombres y tres mujeres vestidos de verde olivo, encapuchados y armados con fusiles AK-47 aparecía en Nazareno Etla para manifestar su rechazo a la política gerencial del nuevo gobierno. 

           “Quizá por primera vez en nuestra historia, no hubo quien llegara tarde ni quien se rezagara. Nada impidió la libre expresión de nuestra voluntad democrática, nadie murió aquél día para hacerla posible…”. 

Ante algunos pobladores reunidos en el centro de esta comunidad, el comandante Dionisio daba lectura a un comunicado en el que da cuenta de su profunda animadversión al gabinete de Fox, a lo que consideran una política neoliberal y la enorme desigualdad que le adjudican.

Esto consta en el documento titulado “Grupos Armados en Oaxaca” fechado por el CISEN en diciembre de 2006 (a comienzos del sexenio del presidente Felipe Calderón), en el que se registra  también la emisión de un comunicado en el estado el 30 de agosto de ese año, en el que se responsabilizó al Presidente Fox y su gabinete de la supuesta imposición de un gobierno espurio y también al gobernador Ulises Ruíz de emprender una “guerra sucia” contra el pueblo oaxaqueño. Apenas un par de días antes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaba la ventaja de Felipe Calderón por encima de Andrés Manuel López Obrador, candidato opositor de la Coalición por el Bien de Todos, al resolver 357 juicios de inconformidad, anulando más de 237 mil votos que no modificaron el primero lugar ocupado por Calderón. 


“… Se despejan las dudas e insidias que se les quieren sembrar a los ciudadanos… fueron los mismos ciudadanos los que contaron los votos… ganamos en buena lid y limpiamente”, declaró Calderón Hinojosa por aquel lunes. Para el miércoles, un texto llamado “Segundo Manifiesto a la Nación” suscrito por seis organizaciones armadas (Tendencia Democrática Revolucionaria, Movimiento Revolucionario “Lucio Cabañas Barrientos”, Colectivo Revolucionario “Francisco Javier Mina”, Organización Insurgente 1° de Mayo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de diciembre y Brigadas Populares de Liberación), fue difundido en un bloqueo realizado en la carretera federal Oaxaca-Guelatao por una célula de TDR.

No obstante, las acciones de estos grupos armados clandestinos no se remiten sólo a la propaganda en volantes, pintas y comunicados digitales. En esta guerra silenciosa también se reportan víctimas y daños colaterales en los documentos del CISEN. En julio de 2007, el EPR realizó una serie de atentados en ductos de PEMEX ubicados en Guanajuato que derivaron en incendios y que tardaron un día en sofocar, por los cuales fueron evacuadas 3 mil 846 personas de los municipios de Valle de Santo Domingo, Celaya y Salamanca a diversos albergues. En esas mismas localidades fue cerrado el Sistema Nacional de Gaseoductos y resultó afectado el suministro de gas natural en Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes y Jalisco; normalizado una semana después.
Miembro del EPR, en un retén en Guerrero. Foto: Red

En agosto de 1996 fueron ultimados tres policías y un civil en Tlaxiaco, Oaxaca, cuando un comando del EPR irrumpió con rifles de asalto las instalaciones de la Policía Preventiva para intentar apoderarse de su armamento. Fueron pintadas consignas en las paredes del centro:

         “Con la lucha popular, el EPR triunfará”.

Entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de ese mismo agosto del 96, el EPR realizó una de sus primeras apariciones en la entidad oaxaqueña. En la capital, dos guerrilleros dispararon contra un cuartel militar e intentaron asaltar un cajero de Banjército. Durante la acción, un civil que pasaba por ahí fue herido en una pierna.

La tarde del 5 de junio de 1998, rendía su informe la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el salón Venustiano Carranza de Los Pinos. El presidente Zedillo aseguraba desde el atril que “La defensa de los derechos humanos es, también, la defensa del crecimiento y de nuestra calidad de vida… es defender los valores que sostienen a nuestra sociedad… es defender la democracia, las responsabilidades y las libertades que los mexicanos compartimos. Esta es la importancia de esta tarea, que todos los mexicanos debemos compartir, que todos los mexicanos debemos apoyar sin reserva.”

Un año atrás la CNDH había emitido una recomendación a raíz de la investigación de 36 homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos de “manera brutal”. En junio de ese año fue alcanzado por el fuego cruzado el comandante Daniel en un enfrentamiento con el ejército, su verdadero nombre: Ricardo Zavala Tapia, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También fueron asesinadas 10 personas más, 5 resultaron heridas y hubo 22 detenidos en la comunidad de El Charco en Ayutla de los Libres, Guerrero.

En una conferencia de prensa, los comandantes Antonio y Santiago señalaron que pertenecían a la organización responsable de aquellos hechos, otra escisión del EPR, separada por motivos parecidos a otras organizaciones como TDR. Divergencias de carácter ideológico y en las líneas de acción, así como disputas por el mando de diversas direcciones, son palabras que se repiten en los registros del CISEN que siguieron los pasos de varias células escindidas. En esta ocasión: el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). El documento “Grupos armados PDPR-EPR y escisiones” con fecha de febrero de 2005, señala que en octubre de 1999 es detenido el comandante Antonio (cuyo nombre real es Jacobo Silva Nogales), en una casa de seguridad del ERPI en Chilpancingo, Guerrero, en la que fueron encontrados –según un boletín de la PGR-, siete armas de fuego, cartuchos útiles, bastidores de serigrafía, lámparas, una copiadora, máquina de escribir, una computadora y diversos artículos de indumentaria militar. El comandante Antonio se incorporó desde joven a la clandestinidad, estudiaba en la Vocacional número 10 y se integra a la guerrilla en 1978.

Entre los documentos desclasificados del CISEN se puede leer muy poco acerca de las demandas y el pensamiento de estas organizaciones. Se remiten de manera casi exclusiva a los fenómenos violentos en los que se han visto inmersos. Por ello, llama la atención un documento emitido por la Unidad de Enlace en el que se estudian tres comunicados de otro grupo armado de nombre Comando Revolucionario del Trabajo-México Bárbaro (CRT-MB), es éste uno de los pocos documentos que abunda en las razones detrás de la violencia, reproduciendo de manera total tres comunicados.
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En noviembre de 2005, el Comando Revolucionario del Trabajo-México Bárbaro se adjudicó la responsabilidad por un artefacto explosivo colocado con éxito en sucursales de BBVA-Bancomer en los municipios de Atizapán y Tlalnepantla en el marco del aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. En éste y en dos comunicados más emitidos, se refiere una profunda animadversión por lo que llaman “un proceso neoliberal de reorganización y expansión capitalista” al cual culpan de un desmantelamiento de los derechos laborales y empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo; se critica de manera muy severa también al FOBAPROA y se exponen argumentos que abonan a la premisa de que se beneficia a los magnates nacionales y extranjeros; desde su perspectiva, el gobierno foxista mediante Carlos Abascal intentaba anular los derechos laborales y sindicales de los mexicanos con la modificación del artículo 123 constitucional, eliminando –aseguran-, el pago por despido, la negociación colectiva y contratos obligatorios para la industria, el ingreso obligatorio a sindicatos, el reporte de utilidades, las promociones basadas en la antigüedad, la contratación colectiva, entre otros. 

        “Esto le segirá (sic) a AFI Policía del estado, judiciales y preventivos. Estos porque an (sic) llegado a entregar a mucha gente inocente al cartel de los Beltran leiva (sic), para ser torturados y masacrados cobardemente y desaparecidos. El pueblo por primera ves (sic) en la historia se ha levantado en armas y la lucha apenas comienza. ATTE: ELP Ejercito (sic) de Liberación del Pueblo. No somos la verga como ustedes dicen pero hay la llevamos”.

Se tiene registro también de organizaciones que pugnan por el levantamiento armado contra los cárteles de la droga. En un documento de diciembre de 2008, foliado con lápiz con el número 413/08, se refiere a la emisión de este mensaje en una manta a finales de septiembre de ese año. Se presume en dichos documentos que  los autores podrían estar involucrados con el crimen organizado. Por otra parte, en Sinaloa se reporta la existencia de otro grupo guerrillero que incluye dentro de sus planteamientos de lucha, el combate al narcotráfico; el CISEN documenta los primeros registros de esta organización en 2003, a través de medios como La Jornada, Impacto y La Crisis. Su nombre es Ejército de Reconstrucción Regional (ERR) y desde la principal organización nacional de inteligencia se le caracteriza como separatista puesto que impulsa la promulgación de una constitución para los estados de la Sierra Madre Occidental. En 2005, el grupo señaló tener presencia en nueve estados y estar dirigido por 40 comandantes.

En la primera década de este siglo, el EPR ganó a pulso la atención del CISEN por las reiteradas acciones violentas de lo que aquellos llaman “Campaña de hostigamiento”. Para septiembre de 2013, en un documento llamado “Guerrillas en el estado Veracruz” se reportan 17 comunicados del EPR en la entidad, así como la instalación de explosivos en ductos de Pemex en la región y otros en Tlaxcala. Es su forma de protesta por la desaparición de dos de sus compañeros en Oaxaca: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. No obstante, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien goza de mayor reconocimiento y solidaridad internacional, el que ha acaparado la atención del CISEN hacia áreas menos exploradas con los otros grupos.

El CISEN reconoce en algunos documentos que no se cuenta con la evidencia necesaria para soportar ciertas afirmaciones sobre la guerrilla, como aquella que sostiene que sacerdotes extranjeros estuvieron vinculados con la aparición del EZLN. Y sin embargo espía. Acusa a los religiosos Rodolfo Izal Elorz de origen español, Loren Laroye Riebe Star de origen norteamericano y Jorge Barón Gultein de nacionalidad argentina, de incitar a la invasión de tierras y el robo de ganado para financiar al zapatismo en el año de 1995 y de invitar a los indígenas a unirse a la lucha armada. En una versión pública del documento “EZLN” fechado en 2005 (relacionada con una solicitud de transparencia), el CISEN reporta un supuesto debilitamiento del movimiento y pérdida de perspectivas de éxito que atribuyen a la “actitud protagonista de sus principales líderes (Rafael Sebastián Guillén Vicente (Subcomandante Marcos) y Javier Elorriaga Berdegué (Vicente)”. En medio de segmentos enteros de texto que aparecen ocultos con recuadros negros (característica que no se observa en otros de los documentos anteriores), el CISEN afirma de nuevo el debilitamiento en el apartado “Militancia y capacidad armamentista del EZLN”: sostiene la existencia de comunidades enteras que se han separado de la dinámica zapatista y el incremento de escisiones, así como la disminución y el desconocimiento del paradero de armas que la organización tenía al principio. 

“Las vías de la participación libre, crítica, plural e intensa, están abiertas y permanecerán abiertas. La única condición que nos obliga a todos por igual es la observancia de la ley”, sostuvo en un discurso con motivo de la identificación de los líderes guerrilleros del EZLN en 1995, el presidente Zedillo. “A nadie que quiera participar en la construcción de un México más justo, se le han cerrado, ni se le cerrarán caminos…”. Cuatro años después cuando un buen número de inconformes decidieron estallar la huelga en la UNAM, el CISEN haría lo propio, observando desde sus oficinas el día a día del movimiento. El día a día de la inconformidad. Una inconformidad que ha proclamado una guerra al no sentirse representada por las autoridades y que quizás no encontró cauce en la alternancia democrática. Inconformidades que se radicalizan, se agrupan y se escinden. Luego renacen. Una guerra abierta, pero en silencio.

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