9/9/14

El caso Atenco: ¿laboratorio para un Estado contrainsurgente?

por Carlos Fazio / Somoselmedio.org
Septiembre 8, 2014

Foto: Mario Marlo/Somoselmedio.org
Primera de cuatro partes

Los días 3 y 4 de mayo de 2006 se produjeron violentos enfrentamientos entre diversos cuerpos de las fuerzas de seguridad y ejidatarios de San Salvador Atenco, un poblado del Estado de México cercano a la capital del país. La refriega dejó como saldo inicial un muerto, decenas de heridos de ambos lados, una veintena de mujeres violadas por elementos de la fuerza pública y 217 detenidos, entre ellos nueve menores de edad.

Los hechos de violencia se desencadenaron cuando ocho floricultores temporaleros, que habitualmente comerciaban sus productos en la vía pública, a un costado del mercado Belisario Domínguez de Texcoco, cabecera municipal del Estado de México, se negaron a ser reubicados y fueron desalojados con excesivo uso de la fuerza pública por elementos de las policías municipales y estatales. Los floristas y unos 40 campesinos de Atenco que les daban apoyo solidario, entre ellos el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle, se atrincheraron en una casa y fueron sitiados por la policía.

Como consecuencia de la acción represiva se inició una escalada de violencia. Ante el sitio policial a sus compañeros en Texcoco, ejidatarios de Atenco bloquearon la carretera federal Lechería-Texcoco y en cinco ocasiones lograron rechazar a la Fuerza de Acción y Reacción del Estado de México y a elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que intentaron romper el retén. La muerte del menor Francisco Javier Cortés desató la ira de los atenquenses, que obligaron la retirada desordenada de las fuerzas de seguridad. Dos agentes rezagados fueron brutalmente golpeados por ejidatarios enfurecidos. Mientras tanto, en Texcoco, tras nueve horas de asedio, la policía estatal tomó por asalto la casa donde se habían parapetado los floricultores y sus aliados. Con gases lacrimógenos, golpes de macana y patadas, las fuerzas del orden redujeron a 28 personas, entre ellas a Ignacio del Valle.

Ubicada 16 kilómetros del centro de la Ciudad de México, Atenco es una localidad de 33 435 habitantes, en su mayoría campesinos ejidatarios que se dedican a la agricultura de subsistencia y al comercio formal e informal. El pueblo, que tiene una gran tradición organizativa y de lucha, cobró gran visibilidad pública en 2001, luego de que el gobierno de Vicente Fox decretara la expropiación de alrededor de 5000 hectáreas de tierra agrícola para construir una terminal aérea en la zona de Texcoco, alternativa al Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. La acción gubernamental se llevó a cabo  sin consulta previa a los ejidatarios, a quienes las autoridades ofrecieron por sus tierras la cantidad de… ¡siete pesos por metro cuadrado! Luego se supo que lo que fue considerado “el megaproyecto” del sexenio foxista fue negociado con grandes empresas constructoras e inmobiliarias entre ellas ICA, Gutsa y el Grupo Martínez Hermanos.

Ante el decreto expropiatorio, en diciembre del 2001 un grupo de 500 campesinos formaron el FPDT e iniciaron un movimiento de resistencia y en defensa de sus tierras. Su herramienta de trabajo, el machete pasó hacer el símbolo del movimiento. Los gobiernos estatal y federal respondieron criminalizando y estigmatizando la lucha de los atenquenses. Para ellos contaron con la colaboración de las principales cadenas privadas de radio y televisión y de algunos medios impresos. Sin embargo, después de nueve meses de conflicto el gobierno federal se sentó en una mesa de diálogo  y negociación con los ejidatarios, el 1 de agosto del 2002 las autoridades anunciaron la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco y la abrogación del decreto expropiatorio, que se oficializó con una publicación en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto siguiente.

El 10 de setiembre de 2002 el frente intentó transformar  San salvador Atenco en un municipio autónomo y se instaló un consejo popular en sustitución del ayuntamiento local priísta. Pero el intento no prosperó. Con posterioridad, en el marco de una serie de negociaciones con representantes de los gobiernos federal y estatal, los campesinos de Atenco renunciaron a constituirse en un municipio autónomo a cambio de que las instancias de procuración de justicia, estatal y federal, enviaran a reserva 51 denuncias penales que se habían levantado en contra de integrantes del FPDT.

A partir de ese momento el FPDT adquirió carácter de actor político regional y se solidarizó con distintos movimientos sociales en México y en el exterior. También se adhirió a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los días 24 y 25 de abril de 2006 recibió al subcomandante Marcos en San Salvador Atenco, en el marco de  La Otra Campaña.

Ocho días después se desencadenaron los hechos de violencia en Texcoco y Atenco. Con una particularidad: por la parte oficial intervinieron la autoridad municipal, en manos del Partido de la Revolucionario Democrática (PRD), el gobierno del Estado de México, cuyo titular Enrique Peña Nieto pertenecía  al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el gobierno federal, encabezado por el presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN).

Según consignó en un informe de observación el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., en la toma de Atenco el 4 de mayo, participaron 4 000 elementos de las policías federal, estatal y municipal –entre ellos 1500 elementos de la PFP, incluido el Grupo de Operaciones Especiales de esa corporación, y 1500 uniformados pertenecientes a la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) mexiquense- para reducir a 300 civiles; una relación de 10 a 1. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, escopetas de sal, macanas, escudos, armas de fuego y un helicóptero. Los civiles usaron machetes, petardos, palos, piedras, bombas molotov y cañones de pólvora.

De acuerdo con el Centro Pro, la acción policial exhibió un uso excesivo de la fuerza pública, “no ceñido a los principios de proporcionalidad, absoluta necesidad y razonabilidad”, lo que se tradujo en la violación masiva de derechos humanos como consecuencia de allanamiento de morada; detenciones arbitrarias (no hubo orden de aprehensión ni flagrancia); la privación arbitraria de la vida de Francisco Javier Cortés, un joven de 14 años que murió de un impacto de arma de fuego calibre 38 especial, disparada por un agente de la policía estatal; un saldo de varios heridos de gravedad, entre ellos el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alexis Benhumea, quien fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno, disparado por un policía,  que se le incrustó en la cabeza y le causó doble fractura de cráneo, por lo cual falleció el 7 de junio siguiente, y Arnulfo Pacheco, un parapléjico de 55 años, quien, pese a su discapacidad, fue golpeado “brutalmente” por elementos de la policía; agresiones y violaciones sexuales a 23 de las 44 mujeres detenidas, así como violaciones a los derechos procesales de los prisioneros. Además, las autoridades procedieron a la expulsión arbitraria de cinco personas de nacionalidad extranjera. Inicialmente fueron consignadas 189 personas por delincuencia organizada y algunos detenidos enfrentaron cargos de secuestro equiparado y ataque a las vías comunicación por el bloqueo de la carretera federal Lechería-Texcoco, delitos considerados graves, por lo que fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de La Palma.

ATENCO Y EL TERROR BENIGNO

La violencia en México es fascinante. Todos la condenan y, sin embargo, aparece en todas partes. Nos atrae y, a la vez, nos horroriza. La violencia gira en redondo: un día explota en Ciudad Juárez, al día siguiente en Acapulco, Nuevo Laredo o Santa Fe. Ha pasado por Ciudad Lázaro Cárdenas y San salvador Atenco. Pasó por aquí, pasará por allá. Es el juego de las prendas. Un círculo perverso de violencia y contraviolencia, de terror y contraterror, envuelve a todo el país. Violencia oficial. Violencia del crimen organizado. Violencia de los de abajo en respuesta y/o en venganza de la violencia estatal. Con un agregado: dado que en julio de 2006 habría elecciones en México, el círculo de violencia deshumanizada se alimentó y retroalimentó con campañas de odio y guerras sucias mediáticas, dirigidas a preparar el voto del miedo, como en 1994 y 2000.

Durante los sucesos de Atenco y los días subsiguientes, como antes en el caso de los mineros de Sicartsa, la mayoría de los medios informativos, y no pocos conductores, columnistas y editorialistas “estrellas”, se unió en una campaña de linchamiento orientada a forjar ante la opinión pública una imagen de los atenquenses como intrínsecamente violentos y levantiscos. Desde las siete de la mañana del 3 de mayo, los noticieros del duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca), medrando con el escándalo, se dedicaron a tergiversar los datos y a calumniar a las víctimas de la violencia oficial, tratando de hacer pasar por información objetiva lo que en realidad era propaganda interesada. Incluso, los “comunicadores” de la televisión y la radio llegaron a sugerir que el conflicto podía estar vinculando a la presencia del subcomandante Marcos en la capital del país, lo que alimentaba la hipótesis de la “subversión” deslizada en los medios por los altos mandos de los organismos del Estado.

Imbuidos de un “deber patriótico” de claro sesgo reaccionario, los medios y sus empleados utilizaron como tantas veces antes un doble estándar o rasero que confunde a la audiencia, al ciudadano común, que no puede distinguir esas duplicidades y que a fuerza de escuchar la “verdad oficial” la hace parte de su “opinión personal”.

Nunca está de más repetir que la propaganda es el principal procedimiento de acción psicológica  e incluye la manipulación y el engaño intencional (la mentira deliberada) en el discurso público. La acción propagandística consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva y de técnicas psicológicas afines, con el objetivo de alterar y controlar opiniones, ideas y valores.

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Información relacionada:

09/09/2014 Rechazan amparo contra uso de suelo en Atenco. Fabiola Gutiérrez Quiroz / Somoselmedio.org
 
La Jornada  

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