25/11/14

Oaxaca: Padres de Jyri Jaakkola visitan México por 5º vez para exigir justicia

Foto @Cencos

Fuente: Sipaz

Desde el 5 de noviembre, Eve y Raimo Jaakkola, padres del activista finlandés Jyri Jaakkola, realizaron su quinta visita a México para reunirse con autoridades mexicanas y exigir que se castigue a los culpables del asesinato de su hijo y de Bety Cariño cuando fueron emboscados en abril de 2010 por un grupo paramilitar en San Juan Copala, Oaxaca. Tras cumplirse 4 años y medio, y pese al acuerdo el pasado mes de mayo entre gobierno federal con familiares y abogados, persiste la impunidad por los asesinatos de Bety y Jyri, y siguen sin cumplirse las órdenes de aprehensión contra los responsables del crimen. Dichos acuerdos se dieron ya que el pasado 14 de mayo, Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño, emprendió una huelga de hambre de 16 días frente a la Procuraduría General de la República (PGR), para que esta instancia firmara una lista de acuerdos para garantizar justicia.

Además, los padres de Jyri informaron que solicitarán nuevamente al Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que cite al gobierno mexicano para que rinda un informe sobre el caso. “Para mí es imposible comprender que en las primeras semanas ya sabíamos quienes eran los probables culpables y no los han detenido […] Hay autoridades municipales que son posibles culpables, van a las oficinas de Oaxaca y trabajan y hay órdenes de detención en su contra pero no pasa nada”, comentó la madre de Jyri. También señaló: “Las y los eurodiputadas ven conexión entre nuestro caso y el de Ayotzinapa, saben que hay impunidad detrás de estos hechos y hace posible que sucedan una y otra vez”.

Sobre la dilación en las detenciones, Karla Michel Salas, abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) argumentó que las autoridades justificaron que los responsables viven en San Juan Copala y en poblaciones aledañas, donde el grupo Unidad y Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) mantiene el control, “tiene armas y es peligroso”, apuntó. “Con esto las autoridades federales aceptan que hay una región donde el Estado no puede intervenir y donde grupos fuera de la ley aterrorizan a la población”, observó Salas.

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