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Filtran documento con declaración ministerial de policías federales de la masacre de Apatzingán

Un documento de la CEAV expone por vez primera el testimonio colectivo de cinco policías que participaron en los hechos del 6 de enero de 2015. 

 (Foto: Laura Castellanos)

Laura Castellanos
Aristegui Noticias 06/01/2017

A dos años de la matanza de Apatzingán ocurrida el 6 de enero de 2015, en la que según civiles, la Policía Federal (PF) ejecutó a por lo menos 16 personas desarmadas, trasciende por vez primera la declaración ministerial de los elementos de la institución sobre los hechos ocurridos en avenida Constitución la mañana del día citado: los civiles los atacaron a mansalva y produjero la muerte de siete de ellos.

En la tarjeta informativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) delegación Michoacán, CEAV/CGD/MICH/001/2017 dirigida al licenciado Ricardo Díaz Ferreyra, Delegado de la CEAV en Michoacán, de parte de los licenciados Guillermo Tapia Contreras y José Antonio Jacinto Loeza, con fecha del 4 de enero de 2017, se transcribe un pedazo de la declaración ministerial de cinco elementos de la PF consignada en la Averiguación Previa AP/PGR/MICH/M-IV/012/2015 por los delitos de “homicidio, daño en propiedad ajena, violación a la Ley federal de armas de fuego y explosivos y lo que resulte”.

Tal declaración ministerial se refiere al segundo episodio acontecido el día citado. El primero, según testimonios de civiles, sucedió a las 2:30 am cuando un plantón de un centenar de integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural apostados con palos en los portales del Palacio Municipal de Apatzingán, fue atacado por policías federales que detuvieron a 43 personas y decomisaron una veintena de vehículos.

El segundo episodio, de acuerdo a la tarjeta informativa mencionada, en el escrito de Denuncia suscrito por el oficial José Moreno Zertuche, el suboficial Israel Salazar Leyva, el suboficial Cristian Mendoza Castolo, el Policía Tercero Alvarado Hernández Oscar Enrique y el  Policía Tercero Adán Sánchez Ramírez,  manifiesta:


El único sobreviviente que cuenta con medidas cautelares por parte del Estado Mexicano a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), identificado como “Alejandro” por la institución  en la Resolución 23/2015, Medida Cautelar no. 251-15, viajaba en la camioneta Ram blanca citada y rechaza la versión policiaca.

“Cuando pasamos el convoy (de la PF) comenzó a disparar, y yo quedé en un charco de sangre, escuchaba gritos, llantos,  gritábamos que no nos dispararan, que estábamos desarmados y la Policía Federal más nos disparaba “, narra el joven de  20 años. “Entonces cuando dejaron de disparar se acercaron a rematarnos, a muchos si los alcanzaron a rematar, y a unos no, porque empezaron a salir unos vecinos de ahí”.

En la camioneta  Arcadia negra referida por los policías viajaban los hermanos  Miguel Ángel e Hilda Madrigal  Marmolejo, Berenice Martínez Cortés, esposa del primero, y su vecino Guillermo Gallegos Madrigal, los cuales, según la Recomendación 3VG/2015 de la  Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), murieron por “uso excesivo de fuerza” de la PF.

Hilda Marmolejo, la madre de los hermanos Madrigal, externa en entrevista telefónica: “¿Quién dio la orden de hacer esa masacre? ¿Por qué no han consignado a ningún policía? Todo ha quedado en la impunidad”.

La tarjeta informativa además reporta el número de diligencias que ha realizado la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo proceso de investigación se desconoce al día de hoy.

Especifica: “168 dictámenes periciales; 28 exhortos; 220 solicitudes de información; 16 solicitudes de investigación; 16 órdenes de localización y presentación; 16 inspecciones ministeriales; 8 videos recabados en relación a lo hechos; 21 acuerdos de aseguramientos ministeriales; diversas fe ministeriales (…) 255 declaraciones ministeriales de las cuales se han recabado 43 (sic) policías federales que participaron en el evento, los lesionados y los testimonios de vecinos del lugar de los hechos”.

Agrega: “Con fecha  del 15 de noviembre del año 2016, se notificó al defensor público federal, su designación para la defensa de los indiciados, por posibles intereses con sus defensores pertenecientes a la Dirección Jurídica”.

Expone a su vez: “por información recabada del Fiscal de la Federación se hizo del conocimiento de que  habían recibido una recomendación de derechos humanos la cual de momento no se encontraba agregada al expediente en virtud de que se estaban recabando las copias para agregarlos a los tomos”.

Según la Recomendación 3VG/2015 de la  CNDH en los hechos murieron 10 personas, cinco de ellas por “uso excesivo de la fuerza”, uno por ejecución extrajudicial, otro cuando era trasladado en la ambulancia, y otro más que apareció afuera de un hospital.  Hubo 21 lesionados.

La Recomendación afirma que por la carencia de “elementos técnicos” no pudo determinar si las otras dos muertes acaecidas en avenida Constitución se trataron de ejecuciones, pero puntualizó que tenían que investigarse.

Documento


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EXIGEN ATENCIÓN DE LA CEAV

Alejandro asegura que la CEAV no ha atendido sus requerimientos de información sobre el curso de las investigaciones de la PGR.

El especialista Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia, considera que en la Ley General de Víctimas se creó la figura de “abogado victimal” como parte de la CEAV para empoderar a éstas y tengan una “actuación proactiva y revisen lo que el Ministerio Público (MP) hace para ver cómo investiga”.

La CEAV, enfatizó, está obligada a proveerles de dicha figura jurídica para que actúen en coadyuvancia, porque “en la medida que las víctimas no tengan la posibilidad de revisar el trabajo del MP, entonces debemos declarar el fracaso de la investigación”.

“Alejandro” y un grupo de sobrevivientes y familiares hicieron llegar un documento al licenciado Ferreyra, fechado el 27 de diciembre de 2016, en el que le expresan:

“Lo hemos perdido todo, algunos estamos desplazados de Michoacán y el gobierno no nos ha hecho justicia, se cumplirán dos años y no hay ni una sola persona señalada como responsable en la cárcel, la CEAV no nos ha buscado, no nos ha reparado nuestro daño, no nos brindan las atenciones mínimas en materia de salud y psicología y mucho menos hacen algo por nuestra seguridad”.

En entrevista, el joven afirma que sufrió el desplazamiento forzado por la persecución de policías federales y criminales en el rancho donde vivía, y que si bien las medidas cautelares contemplan su resguardo, “estoy en una casa de seguridad que no tiene cámaras, supongo una casa de seguridad debe tener cámaras”, dice. “Tampoco pagan  el agua, el gas, la renta. Ya me han cortado el gas, la luz”.

Se solicitó una entrevista con el licenciado Ferreyra pero en las oficianas centrales de la CEAV informaron que hasta el ingreso del nuevo titular en la institución no están posibilitados en dar entrevistas.

Los inconformes atacados ese 6 de enero en el primer episodio formaban parte del grupo G-250, creado por Alfredo Castillo Cervantes, entonces Comisionado Federal de Seguridad por Michoacán, actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), para buscar en la sierra al líder del cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, La Tuta. 

El líder del  G-250 era Nicolás Sierra Santana, cabeza de Los Viagra, grupo acusado  de producir y traficar con metanfetaminas., lo que éste ha rechazado.

El plantón de manifestantes se instaló en los portales del Palacio para impedir su desintegración anunciada por Castillo porque no habían capturado a La Tuta  y exigían seguridad en sus comunidades, pues tenían noticias de que los Templarios  estaban secuestrando  a vecinos suyos.

Tras los sucesos, Castillo negó que hubiera habido ejecuciones extrajudiciales por parte de los policías federales y aseguró que se trató de “fuego cruzado” entre civiles.

La narración de los dos episodios puede leerse completa en el reportaje Fueron los federales y También fueron los militares.

La señora Marmolejo señala: “Yo culpo a Alfredo Castillo, lo acuso, él fue el responsable de todo”.

Alfredo Castillo Cervantes, según la revista Proceso, es primo del nuevo titular de la PGR, Raúl Cervantes Castillo, y del director jurídico de presidencia Humberto Castillejo Cervantes.

Por Laura Castellanos
@lcastellanosmx


Más información:

Fueron Los Federales
Aristegui Noticias

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