22/2/13

Urbanización salvaje: violación a derechos humanos fundamentales. Caso Lomas de Tepojaco

¿Van a esperar, las autoridades, a que existan pérdidas de vidas o ya van a actuar?: defensor perseguido

Jorge Arzave y el fraccionamiento Lomas de Tepojaco.
Foto: México impune


En México se vive una paradoja en la situación de la vivienda. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lo abordó en su informe Transición forzada. Los derechos humanos en México durante el sexenio 2006- 2012[1]. La deshabitación de casas es en promedio nacional de un 14 por ciento y en la franja fronteriza sube al 23 por ciento. Algunas de esas viviendas abandonadas se explican por desplazamiento forzado debido al clima de terror que han causado el crimen y la violencia. Pero una gran cantidad de ellas son abandonadas porque desde su construcción, por empresas privadas (paradigmáticamente Casas Geo), violan el derecho a la vivienda adecuada. Constituyen el fenómeno y grave problema socioambiental que los analistas llaman “urbanización salvaje”. 

Un ejemplo ilustrativo de la situación: “Desde 2003, habitantes del conjunto urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, luchan por su derecho a la salud, a una vivienda digna, segura y de calidad. Pese a tratarse de un desarrollo de vivienda social progresiva, las autoridades federales, estatales y municipales han impedido el acceso a la justicia de más de 45 mil personas afectadas por la mala calidad de los materiales, vicios ocultos y deficiencias en la cimentación de las 11 mil casas habitación adquiridas con créditos del Infonavit, Fovissste e Issfam.”[2] (Centro Prodh, informe Transición traicionada, pág. 125)

Jorge Arzave Orihuela (defensor del derecho humano a la vivienda perseguido por realizar esa actividad) explicó la situación en el fraccionamiento mexiquense: “con el agua y con el temblor de marzo (de 2012), las casas se han resentido bastante. Las viviendas presentaron incremento de fracturas. En mi casa, se inclinó más porque ya tiene hundimiento. Hay invitaciones de Protección Civil municipal para que algunos vecinos desalojen su vivienda ante los daños que presentan.” 

Padecen carencia de servicios urbanos, delincuencia y contaminación que ha dañado la salud de los habitantes: “Hace dos o tres años abrieron un segundo basurero cercano, donde están tirando basura del Distrito Federal, entre 2 mil y 2 mil 500 toneladas al día, que nos ha causado muchas enfermedades. Precisamente porque las denuncias han llegado a ciertos niveles, donde ya somos una piedra en el zapato, las autoridades nos han metido delincuencia para que la gente se vaya retirando del lugar. El suministro de agua nada más se nos da dos días a la semana, pese a las condiciones de contaminación ambiental que tenemos. Por lo tanto no podemos tener la higiene que se debería. Tenemos casos de algunas pérdidas de niños por leucemia. De alguna comunidad cercana, tenemos el caso de un niño que nació con malformaciones de pulmones, corazón y cerebro, ya falleció el bebé. Pero siguen construyendo viviendas. Recientemente incluso nos pusieron una gasolinera cerca de una primaria; una de esas primarias que todavía no está en funcionamiento se localiza cerca del nuevo tiradero de basura. De las últimas escuelas que entregaron se han caído los muros, se han desplomado, incluso de esa nueva que no está aún funcionando se desplomó la losa, el techo. Tuvieron que volverlo a abrir. Aparte de la problemática de alto riesgo, de enfermedades, de delincuencia, etcétera, también tenemos que los ejidos aledaños se están poblando rápidamente, pero no los está dotando de servicio. Los pocos servicios que tenemos, se los están llevando. Escuelas, están muy saturadas. Por ello han habido roces con los vecinos.” 

En la defensa de sus derechos han ganado sentencias, pero las autoridades municipales y del Estado de México las han desacatado: “En cuestión de sentencias, tenemos ya dos multas: una en contra del presidente municipal y una en contra del regidor. La primera es porque se le indicó que tiene que contestar, pero con los lineamientos de que sí tiene facultades para sancionar a la constructora (aunque la menciona en singular, las empresas son: Profusa Cuautitlán, Desarrolladora Metropolitana y Came SA de CV) y que tiene facultades de Protección Civil para salvaguardar y ayudar a la gente. No ha querido contestar como le marcaron en las sentencias. Y en el caso del regidor, en su carácter de presidente de la comisión de salud, se han negado a atender a la problemática de salud que tenemos y de contaminación ambiental. También se le pidió dar, pero con esos lineamientos, una respuesta en cuanto al derecho a la salud, y se ha negado. Estamos a casi a un año de que salieron las sentencias y siguen sin cumplir.” 

Un desacato más: “También tenemos el caso de Protección Civil del estado, que se ha negado a sancionar a la constructora, pese a que sí reconoce que hay un alto riesgo, pero no quiere aplicar la ley de seguridad en salvaguarda de los vecinos, mucho menos medidas de sanciones a la constructora.” 

La CNDH evade el caso: Cuando llevaron una queja ante la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ésta les contestó que Infonavit, Fovissste y el Issfam, que es del ejército, son instituciones credicticias y no institutos de seguridad social, pese a que las leyes respectivas dicen: “instituto de seguridad social”.

Ante el agotamiento de instancias legales e institucionales que se han negado a resolver de acuerdo a los derechos de los afectados o cuyas sentencias han sido desacatadas por los gobiernos municipal y estatal, “nos queda la movilización”, dijo Arzave Orihuela. 

Amenazas para intimidar y acallar a inconformes: El pretexto que tienen las autoridades para no cumplir las sentencias es que “solamente hay una persona que se queja. Es mentira, otras personas se han quejado públicamente, pero las han acallado, las han amenazado de muerte. A todo aquel que denuncia, lo callan. Dicen, e incluso así le informaron a la relatora de vivienda, que soy la única persona que se queja, la que habla, y que las demás están viviendo muy a gusto como están, en esas condiciones, pero no es así”, aclaró Jorge Arzave.

Los afectados presentaron el caso ante la relatora especial de vivienda de la ONU Raquel Rolnik, con asesoría del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh) y Alianza Internacional para el Hábitat América Latina (HIC AL). Personal de la oficina del representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU visitó el lugar, el cual “en aquellos años estaba menos deteriorado, ahora ya ni pavimento tenemos en las calles. Por la velocidad con que se ha hundido el terreno, el pavimento es casi inexistente.”

La autorización de construcción se dio en 1999 y el lugar empezó a habitarse a finales de 2012. Ahora “hay casas deshabitadas porque está lejos, no hay forma de salir del complejo urbano, no hay transporte. La ambulancia ha tardado en llegar hasta una hora, hora y media. Hay gente que ha fallecido porque no hay servicios médicos, a pesar de que en la autorización de mencionaban 5 unidades médicas, a la fecha éstas no existen.”

La gente pierde su trabajo “por la distancia que existe entre el conjunto urbano y su trabajo. La gente ha tenido que emigrar porque no hay servicios, no hay agua, la contaminación ambiental nos ha provocado muchos problemas de salud. En mi caso, dijo Jorge Arzave, me diagnosticaron pulmones de fumador cuando nunca he fumado. Mi esposa tiene daño permanente en los ojos.” 

La contaminación: Hay un basurero “que estuvo hace como 20 o 25 años y aparentemente se clausuró, pero solamente se le ha cubierto con tierra y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente encontró material infecto- contagioso, o sea deshechos de hospitales en ese tiradero. Y no lo han querido sanear.” Un tiradero más reciente “se autorizó aproximadamente en 2009 y en 2010 comenzó a funcionar, se llama Bicentenario, y es operado por la empresa Tersa del Golfo, donde se están tirando cerca de 2 mil, 2 mil quinientas toneladas de basura al día, procedente del DF.” 

Los vecinos se siguen organizando, promoviendo actividades como juntas informativas para que la gente conozca sus derechos, con apoyo de organizaciones defensoras como el Centro Prodh y el colectivo Salud y Libertad, los centros de derecho humanos Zeferino Ladrillero y Fray Francisco de Vitoria y la Alianza Única del Valle. Han presentado informes sobre los recursos legales que han interpuesto y han realizado encuestas socioeconómicas y de salud y presentado los resultados.

También han comprobado, a las autoridades, que están violando derechos constitucionales y la legislación internacional en materia de derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, el derecho al agua y el derecho a la salud. Autoridades competentes “determinaron que efectivamente existe un riesgo y el Instituto Politécnico Nacional hizo estudio que comprobó científicamente que el suelo está por caerse y que existe una gran acumulación de gas metano en el conjunto habitacional.

Así también hay tres fallas geológicas que nos pueden causar pérdidas de vidas: ¿van a esperar, las autoridades, a que existan pérdidas de vidas o ya van a actuar?”, cuestionó el defensor. 

[1] Transición forzada. Los derechos humanos en México durante el sexenio 2006- 2012, disponible en pdf: 
[2] Las siglas significan Instituto de Fondo de Vivienda para los Trabajadores, Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México, respectivamente.

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