11/3/13

Aprueban en Chiapas cárcel a quien “vigile” a policías.

Tuxtla Gutiérrez

En sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Chiapas, a la que asistieron 34 de los 40 integrantes de la legislatura, se aprobó una reforma que adiciona un artículo al Código Penal local en el que se castiga con hasta 15 años de cárcel a quien “vigile” a los cuerpos de seguridad.

La iniciativa, propuesta por el gobernador Manuel Velasco Coello, añade el “artículo 398 Bis” al Código Penal local y propone sanciones de 2 a 15 años de prisión y de 200 a 400 días de multa, penas que se aumentarán en 50% si los inculpados son servidores públicos.
La reforma en cuestión fue dictaminara y aprobada por la Comisión de Justicia y pasó al pleno donde fue aprobada en sesión extraordinaria prácticamente sin discusión. Con 32 votos a favor, uno en contra y una abstención, la modificación al catálogo delictivo estatal quedó consumada.

Esta iniciativa es similar a las que se han realizado ya en estados como Nuevo León y Veracruz en 2010, entidades asoladas por la delincuencia organizada. En dichos estados, las reformas relativas tenían un componente relacionado con el crimen organizado y se establecían las penalidades para quienes “espíen para la delincuencia”.

En la reforma local, el nuevo artículo nada dice al respecto y se realiza en la legislatura de uno de los estados que, según el discurso oficial, es de los más seguros del país.

Con la modificación propuesta por el Ejecutivo, se añade el artículo 398 bis que señala: “Se impondrá una pena de dos a quince años y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo, a quien aceche, vigile o espíe a los cuerpos de seguridad pública, de persecución o de sanción del delito o de la ejecución de penas, para obtener información sobre su ubicación, actividades, operativos o sus labores, en general.

“Las penas señaladas en este artículo se aumentarán desde un tercio hasta una mitad más de la pena que le corresponda, y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación de tres a diez años para ocupar otro, cuando el delito sea cometido por servidores públicos o ex servidores públicos de las fuerzas armadas, instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia”.

Cuestionado previo a la sesión extraordinaria, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Noé Castañón Ramírez negó que la reforma atente contra los derechos fundamentales de la ciudadanía. “Es un delito más que se incluye en el catálogo del Código Penal, está incluido en el Código Federal y nada más se le da regulación local”, aseguró el legislador priista.

En estados como Durango, el delito al que se le da también el nombre de “halconeo” también ha sido tipificado aunque la medida está enfocada en castigar a uniformados que incurran en esta actividad, e incluso se añaden sanciones por el sólo uso de telefonía celular durante los turnos de trabajo de miembros de las fuerzas de seguridad, cosa que en Chiapas no se ha regulado.

Coahuila es otro estado que ha reformado sus leyes para definir el delito de “halconeo“, aunque de igual forma, las normativas están enfocadas a prevenir que funcionarios incurran en este, además de que se castiga a quienes usen el transporte público o imiten esta actividad para acechar a cuerpos de seguridad. /AFM

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