3/3/13

La supremacía del derecho de los pueblos contra una legalidad injusta y violenta


Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña 

La pesadilla de la inseguridad y la violencia que nos sigue arrastrando hacia la piedra de los sacrificios humanos, es la manifestación tangible del engendro creado por el sistema capitalista. Es el monstruo sanguinario que para vivir tiene que arrancar el corazón de los pobres. Los expolia, los explota y los mata. Hoy las crisis financieras mundiales, la pobreza extrema, las redes internacionales del narcotráfico y la delincuencia organizada, así como la destrucción del medio ambiente y el oleaje migratorio que denigra la dignidad de los excluidos, son las grandes amenazas globales que han puesto en jaque a los Estados que se ven disminuidos y débiles ante poderes fácticos que están erosionando su autonomía y al mismo tiempo, están perdiendo legitimidad frente a la sociedad a la que se deben. 

En este desorden mundial la política pierde consistencia frente al neoliberalismo económico y sus mercados. La misma liberación económica ha traído aparejada una desestabilización política y económica que se ha vuelto explosiva al interior de los Estados. En México más de 80 mil muertes violentas fue el saldo de un sexenio que le apostó a la guerra para combatir a los narcotraficantes. Para el 2012, 52 millones de personas fueron reubicadas dentro del mapa oficial de la ignominia catalogándolas en situación de pobreza; 81 millones de mexicanos y mexicanas padecen al menos una carencia social (salud, educación, vivienda o seguridad social) y 800 municipios se encuentran dentro de los enclaves prioritarios del país.

En Guerrero 46 de sus 81 municipios son catalogados como de muy alta marginación y son los que la Sedesol federal ha incluido dentro de la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre. Lo paradójico es que la ciudad de Acapulco, que es el centro turístico más próspero del estado se encuentra en bancarrota. La peor noticia dada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal es que la Perla del Pacífico se ha transformado en uno de los lugares más violentos del mundo. De acuerdo con cifras oficiales, seis ciudades mexicanas se encuentran entre las primeras veinte más violentas e inseguras del orbe. Acapulco registró un índice de 142.88 homicidios por cada 100 mil habitantes, equivalente a mil 170 homicidios dolosos. El puerto se ubica solo por debajo de San Pedro Sula, Honduras, mientras que en el plano nacional y en orden ascendente le siguen Torreón, Coahuila que ocupa el lugar quinto; Nuevo Laredo, Tamaulipas octavo lugar; Culiacán, Sinaloa quinceavo lugar; Cuernavaca Morelos el dieciochoavo y Ciudad Juárez, Chihuahua el lugar 19. 

Este desastre económico aparejado con la corrupción de las autoridades; su complicidad con las bandas del crimen organizado; la impunidad con la que actúan los cuerpos policiacos, el Ejército y la Marina y la ineficacia del sistema de procuración y administración de justicia ha causado una grave fractura entre los gobernantes y la ciudadanía. Las instituciones de seguridad y de justicia están colapsadas, corroídas por las mafias del crimen y hay visos de una crisis terminal. El pulso de los ciudadanos y ciudadanas es muy preciso; ya nadie confía en los funcionarios ni en los policías. Nadie quiere perder el tiempo ni ser nuevamente víctima de abusos y extorsiones para interponer alguna denuncia ante el Ministerio Público. La frontera de la confianza los ubica del otro lado, en el lugar de quienes delinquen y atentan contra la vida y la seguridad de las víctimas. Con estas grietas donde se guarecen los grupos económicos y políticos que viven del crimen es imposible restablecer el orden y hablar de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Los rudos del poder han propiciado este ambiente delincuencial; la fuerza ha sido el recurso recurrente para imponer el orden; la mordida sigue siendo el método más efectivo para aplicar justicia; el uso de la tortura es la prueba reina de las investigaciones ministeriales; la justicia al mejor postor es el camino más fácil para congraciarse con los grupos delincuenciales, y los compadrazgos políticos entre mafiosos conforman las redes subterráneas de la economía criminal que ha engendrado en el estado una clase política impúdica, alevosa y pedestre, que sin ningún rubor deja hacer y pasar todo lo que genere dinero fácil, porque los asuntos públicos son manejados como negocios privados. 

Lo que hoy es Acapulco es por obra y gracia de los grupos políticos que abrieron de par en par las puertas para el florecimiento de todos los negocios lícitos e ilícitos, al fin y al cabo estaban en el paraíso de los caciques, protegidos con sus rústicos matones bautizados en lenguaje oficial como agentes policiacos, transmutados como policías preventivos y judiciales. Estos agentes sin licencia, con el paso de los años y con varias matanzas a cuestas pasaron a conformar (sin ningún proceso de selección y de certificación policial)  los cuerpos de seguridad del Estado. Este engendro delincuencial se volvió una pesadilla para la población, que con paciencia samaritana aguantó abusos, amenazas, extorsiones, maltratos, torturas, desapariciones, ejecuciones, haciendo de nuestro estado un reservorio caciquil donde impera la violencia y la impunidad.

El fracaso nacional del paradigma autoritario de la seguridad nos ha llevado al desgobierno, sumiéndonos en el laberinto de la muerte. Esta tragedia se debe a la cesión del poder a las instituciones armadas que tomaron las decisiones fundamentales para hacer frente al crimen sin que tuvieran contrapesos políticos ni controles por parte de las autoridades civiles. Las consecuencias han sido fatales: se han evidenciado fallas estructurales por parte de las autoridades para contener la violencia con la sola intervención de los cuerpos de seguridad y en lugar de que la población se sintiera segura, se exacerbó el miedo por la violencia imparable de las bandas delincuenciales. El vacío de autoridad y la inoperancia de las instituciones se transformó en una grave amenaza para la población marginal. Esta crítica coyuntura se transformó en una gran oportunidad para que los pueblos echaran mano de sus mecanismos comunitarios de protección, que desde décadas, por no decir, siglos, practican. Como pueblos indígenas que provienen de culturas milenarias cuenta con un derecho propio, un derecho que ha resistido al embate colonialista y a la imposición de un orden legal que les negó personalidad jurídica y desconoció sus sistemas normativos. 

Solo los pueblos indígenas han tomado muy en serio sus derechos porque son parte de su patrimonio y  a ellos se debe su presencia vigorosa como entidades diferenciadas que luchan contra el coloniaje y construyen una sociedad plural y verdaderamente democrática. Los pueblos por la vía de los hechos han ejercido sus derechos y de una manera ejemplar, construyendo un nuevo paradigma de seguridad democrática teniendo como plataforma política y jurídica sus sistemas normativos, que son la expresión más nítida de un proyecto alternativo de justicia y seguridad, sustentado en las estructuras comunitarias que han demostrado a lo largo de los siglos su gran visión para garantizar la estabilidad, el orden, el respeto y la protección de la vida de toda la población.

Hoy desde diferentes espacios académicos, políticos, televisivos y empresariales hay un embate contra los derechos de los pueblos indígenas. Se hacen juicios sumarios contra los grandes esfuerzos que realizan los pueblos para contribuir como  actores proactivos y propositivos que buscan revertir la violencia delincuencial. No les dan ningún margen para reconocer y respetar los sistemas normativos de los pueblos. Los encostalan en los casilleros del paramilitarismo y en el arquetipo del salvaje que se hace justicia por propia mano. En sus análisis dejan caer a rajatabla sus interpretaciones afianzadas con marcos conceptuales y experiencias comparadas, que no dan lugar a equivocaciones y no le conceden el beneficio de la duda a una lucha legítima, histórica de los pueblos, que busca acabar con la barbarie proveniente de las esferas gubernamentales. Los críticos no tienen tiempo para conocer en terreno lo que realmente sucede con la organización comunitaria, ni tampoco hay disposición para escuchar a hombres y mujeres del campo  que sufren los estragos de la violencia. No hay espacio para que sus voces trasciendan y lleguen sus verdades a los centros del poder. Como siempre son silenciados, invisibilizados y criminalizados. No caben en este país marcado por la injusticia y el racismo. Son otra vez una amenaza y un peligro para un Estado de derecho manchado de sangre, que no tolera ni acepta que los pueblos indígenas se erijan como sujetos de derecho y que estén proponiendo un paradigma democrático de seguridad contra el fallido paradigma autoritario de una legalidad injusta y violenta. 

La demostración pública de la capacidad de diálogo; de la confrontación libre y respetuosa de las ideas y de la tolerancia ante las diferentes posiciones políticas de las y los actores que convergieron en la asamblea del 23 de febrero, donde se eligieron a las nuevas autoridades de la CRAC, es la enseñanza más nítida para los críticos de este sistema, porque fuimos testigos de lo que es la democracia directa entre los pueblos indígenas. Lograron llegar a acuerdos entre iguales sin la intromisión de políticos, funcionarios o gobernantes que nada tienen que hacer en espacios donde se respira un ambiente limpio y libre de intereses facciosos y mezquinos. Arribaron a buen puerto y como siempre se impuso la voluntad del pueblo que es sabia y sagrada.

-:-


-:-

2 comentarios:

José M. López Sierra dijo...

No es verdad que hay 3 opciones de estatus político para Puerto Rico

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) le ha hecho creer a muchos puertorriqueños que existen 3 opciones de estatus político para Puerto Rico. ¡Eso, no es cierto! EEUU quiere con eso poner a los puertorriqueños a pelear entre nosotros mismos. ¡Su estrategia ha sido genial! Tenemos 116 años como colonia de EEUU y la evidencia de que el 80% de los puertorriqueños salen a votar en las elecciones coloniales demuestra que la gran mayoría de nosotros todavía no nos hemos dado cuenta de ese embuste.

En realidad, solo hay una opción. ¡Eso lo dice la ley internacional a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU)! La ONU determinó en el 1960 que el coloniaje es un crimen en contra de la humanidad. Desde entonces, la ONU le ha pedido al gobierno de Estados Unidos que inmediatamente descolonice a Puerto Rico. Eso quiere decir que el gobierno de EEUU está obligado a entregarle a Puerto Rico a soberanía que ilegalmente le quitó como resultado de su invasión militar del 25 de julio de 1898.

EEUU, hasta hoy, ha ignorado las 33 resoluciones de la ONU para descolonizar a Puerto Rico. Para esconder eso, y para aparentar ser democrático, EEUU ha querido empujarnos plebiscitos para que los puertorriqueños decidan si queremos continuar siendo su colonia, convertirnos en un estado de EEUU, o descolonizarse (independencia) como lo ha determinado la ONU.

El problema con los plebiscitos que empuja EEUU es que:

1. No cumple con la ley internacional de que una nación no puede tener una colonia.
2. No cumple que la solución de la ley internacional es que la nación que tiene la colonia tiene que entregarle su soberanía.
3. No cumple con la ley internacional en cuanto a que para decidir libremente lo que quiere un pueble, primero tiene que ser libre (descolonizado).
4. Tiene 2 opciones que va en contra de lo que un pueblo colonizado puede escoger- continuar siendo una colonia e integrarse al imperio. Solo la opción de integrase al imperio sería posible cuando la colonia primero tenga su soberanía y luego lo decida así.

Por eso, tenemos que hacer 3 protestas anualmente hasta lograr que EEUU cumpla con la descolonización inmediata de Puerto Rico.

José M López Sierra
www.TodosUnidosDescolonizarPR.blogspot.com

José M. López Sierra dijo...

No es verdad que hay 3 opciones de estatus político para Puerto Rico

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) le ha hecho creer a muchos puertorriqueños que existen 3 opciones de estatus político para Puerto Rico. ¡Eso, no es cierto! EEUU quiere con eso poner a los puertorriqueños a pelear entre nosotros mismos. ¡Su estrategia ha sido genial! Tenemos 116 años como colonia de EEUU y la evidencia de que el 80% de los puertorriqueños salen a votar en las elecciones coloniales demuestra que la gran mayoría de nosotros todavía no nos hemos dado cuenta de ese embuste.

En realidad, solo hay una opción. ¡Eso lo dice la ley internacional a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU)! La ONU determinó en el 1960 que el coloniaje es un crimen en contra de la humanidad. Desde entonces, la ONU le ha pedido al gobierno de Estados Unidos que inmediatamente descolonice a Puerto Rico. Eso quiere decir que el gobierno de EEUU está obligado a entregarle a Puerto Rico a soberanía que ilegalmente le quitó como resultado de su invasión militar del 25 de julio de 1898.

EEUU, hasta hoy, ha ignorado las 33 resoluciones de la ONU para descolonizar a Puerto Rico. Para esconder eso, y para aparentar ser democrático, EEUU ha querido empujarnos plebiscitos para que los puertorriqueños decidan si queremos continuar siendo su colonia, convertirnos en un estado de EEUU, o descolonizarse (independencia) como lo ha determinado la ONU.

El problema con los plebiscitos que empuja EEUU es que:

1. No cumple con la ley internacional de que una nación no puede tener una colonia.
2. No cumple que la solución de la ley internacional es que la nación que tiene la colonia tiene que entregarle su soberanía.
3. No cumple con la ley internacional en cuanto a que para decidir libremente lo que quiere un pueble, primero tiene que ser libre (descolonizado).
4. Tiene 2 opciones que va en contra de lo que un pueblo colonizado puede escoger- continuar siendo una colonia e integrarse al imperio. Solo la opción de integrase al imperio sería posible cuando la colonia primero tenga su soberanía y luego lo decida así.

Por eso, tenemos que hacer 3 protestas anualmente hasta lograr que EEUU cumpla con la descolonización inmediata de Puerto Rico.

José M López Sierra
www.TodosUnidosDescolonizarPR.blogspot.com